El PSOE renuncia a dar preferencia a los grandes proyectos empresariales en la región

El presidente de la Junta, Fernández Vara, junto al presidente del PP regional, José Antonio Monago. /BRÍGIDO
El presidente de la Junta, Fernández Vara, junto al presidente del PP regional, José Antonio Monago. / BRÍGIDO

Los socialistas aceptan rechazar su propuesta para salvar el resto de la ley, que permite introducir el silencio positivo en 48 procedimientos

Juan Soriano
JUAN SORIANO

La Junta de Extremadura se ve obligada a renunciar a una legislación específica y preferente para los grandes proyectos empresariales. El PSOE aceptó este jueves una propuesta del PP para retirar ese capítulo de la ley para una administración más ágil para poder salvar el resto del texto, que introduce cuestiones como aprobar el silencio administrativo positivo en 48 procedimientos.

El pleno de la Asamblea aprobó esta propuesta de ley, una de las que fue anunciadas por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el pasado debate sobre el estado de la región.

La iniciativa ya superó al inicio de su tramitación una enmienda de totalidad presentada por Podemos. Pero su aprobación no estaba garantizada, sobre todo en los artículos dedicados a los denominados proyectos empresariales de interés autonómico, hasta el punto de que su inclusión podía implicar un rechazo completo a la norma.

El PSOE planteaba conceder esta calificación a los proyectos de inversión que tengan un volumen inicial de al menos 20 millones de euros y un nivel de creación de empleo directo de 50 trabajadores a jornada completa. También se incluían los proyectos adjudicatarios de las subastas estatales para la producción de electricidad a partir de energías renovables. Entre otras cuestiones, la designación sería vinculante para las administraciones regional y local y para los particulares y prevalecería sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente. De ese modo, su tramitación tendría preferencia sobre cualquier norma local, incluidos los planes generales de ordenación urbana. Este último punto era rechazado por PP y Podemos, con lo que no iba a salir adelante.

El diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón señaló que esta propuesta suponía un «pelotazo legislativo» que permitiría a la Junta imponer proyectos empresariales en contra de los municipios afectados, y puso como ejemplo la mina de litio de Cáceres. También criticó el trato preferente a los proyectos de renovables, lo que vinculó con el cierre de la central nuclear de Almaraz.

Más acuerdos de la Asamblea

Por su parte, el portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, señaló que esta legislación específica supondría eliminar la protección en el entorno rural, ya que daría a la Junta luz verde para aprobar proyectos como las minas de Cáceres, las Villuercas y Sierra Suroeste. El diputado no adscrito Juan Antonio Morales también se mostró en contra de este punto concreto, ya que daría pie a saltarse normas sectoriales y municipales.

Victoria Domínguez, de Ciudadanos, se mostró a favor de la norma, pero consideró que su contenido no cumple con el propósito de agilizar la administración.

Ante la posición de los dos principales grupos de la oposición, cuyo voto en contra hubiese tumbado la ley, la diputada socialista Ascensión Godoy propuso votar a favor de una enmienda del PP que planteaba eliminar el capítulo completo dedicado a los proyectos de interés autonómico. «No estamos legislando para ningún tipo de mina», afirmó, pero añadió que «si tanto problema hay, se quita». El propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, afirmó que esta norma no está pensada para ningún proyecto en concreto, sino que es una normativa que buscar convertir en «algo sencillo» el paso por la administración de cualquier proyecto empresarial. Sigue la línea de otras normas aprobadas en esta legislatura, como la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística sostenible, la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio y el decreto de incentivos a actividades industriales con gran impacto económico y social.

En la votación de las enmiendas el PSOE cumplió con lo anunciado y votó a favor de eliminar el capítulo en cuestión. En el trámite final, el PP se abstuvo sobre el texto completo con los cambios aprobados, como hizo Ciudadanos, con lo que la propuesta de ley salió adelante gracias a la mayoría simple de los 30 diputados socialistas.

Caza y promoción

En el pleno de este jueves también salieron adelante otros dos proyectos de ley, con lo que culmina en la presente legislatura la tramitación de iniciativas legislativas planteadas por el Gobierno regional. Para la sesión de la próxima semana, la última ordinaria incluida en el calendario (está previsto que la Asamblea se disuelva el 2 de abril con la convocatoria de elecciones autonómicas), quedarán las propuestas de ley de Promoción y acceso a la vivienda y de reforma de la Ley de caza.

Los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos permitieron sacar adelante la Ley de Espectáculos públicos. Esta norma completa la legislación provisional que se aprobó en el año 2016 tras el vacío legal que supuso la aprobación de la nueva legislación sobre seguridad ciudadana en el año 2015. Pero también introduce cuestiones como la prohibición de instalar circos que cuenten con animales salvajes en cautividad, así como las atracciones de feria giratorias con animales.

El PP propuso eliminar el punto del circo, pero no contó con el respaldo requerido. El diputado popular Saturnino López Marroyo también lamentó que la ley impone nuevas obligaciones a los municipios, pero sin la dotación necesaria.

El resto de grupos coincidió en señalar que se trata de una norma necesaria. El diputado socialista Juan Antonio González recalcó que incide en la conciliación del ocio y el descanso, así como en la seguridad jurídica y en la accesibilidad a los espectáculos públicos.

También salió adelante el proyecto de Ley deProtección civil y gestión de emergencias, en este caso con el voto a favor del PSOE (se sumó Ciudadanos), la abstención de Podemos y la posición en contra del PP, con lo que se impuso la mayoría simple del grupo socialista.

Como en el caso anterior, el diputado popular López Marroyo criticó que la ley carga de obligaciones a los ayuntamientos sin añadir la financiación necesaria. Para el PP, se trata de una norma mal planteada que sólo pretende engordar las estadísticas de actividad legislativa del Gobierno regional.

Por su parte, Álvaro Jaén, de Podemos, incidió especialmente en una enmienda que planteaba la regulación del servicio de bomberos forestales. Como expuso, el PSOE exigió en su día una medida que persigue reconocer cuestiones como las enfermedades laborales o la posibilidad de ejercer la segunda actividad.

El diputado socialista Manuel Vázquez Villanueva expuso que su grupo no está en contra de esta regulación, sino de incluirla en un texto con rango de ley. Pero el voto a favor de PP y Ciudadanos permitió que la enmienda saliera adelante.

En el pleno también se aprobó una propuesta de pronunciamiento del PP por la que se insta al Gobierno a reclamar a Renfe y a Adif que sus directivos asuman responsabilidades por los incidentes sufridos por el tren a comienzos de año. Votaron a favor Ciudadanos y Podemos, que añadió la exigencia de que se cumpla el Pacto por el Ferrocarril.