El Gobierno plantea discrepancias sobre la nueva ley de renta garantizada

El Constitucional también estudiará dos recursos sobre la modificación que se hizo de la Ley del suelo que dio amparo al complejo de Valdecañas

J. S.

MÉRIDA. La Ley de renta extremeña garantizada también genera dudas en el Gobierno. Por ese motivo, ha constituido un grupo de trabajo con la Junta de Extremadura para tratar de resolver las discrepancias planteadas sobre esta norma. Se trata del procedimiento a seguir cuando la Administración central aprecia normas autonómicas que, a su juicio, vulneran la legislación vigente. En caso de acuerdo, el proceso suele concluir con una modificación de la ley en cuestión. De lo contrario, termina en un recurso ante el Tribunal Constitucional.

En este caso, el Gobierno muestra su disconformidad con un apartado que establece la introducción de cláusulas sociales en las contrataciones públicas para dar prioridad a las entidades que contratan a beneficiarias de la renta garantizada, que ha sustituido a la renta básica. De esa forma, se pretende favorecer a las empresas que cumplan con este requisito, tal como se hace con las que adoptan buenas prácticas medioambientales o de respeto a los convenios colectivos.

Ley del Suelo

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) sobre la Ley del Suelo y Ordenación Territorial (LSOTEx).

Afectan a un artículo introducido en 2011 que señala que la inclusión de unos terrenos en la Red Natura 2000 no determina, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable. Esto dio amparo al complejo Isla de Valdecañas. También abarca a una disposición adicional que regula el proceso a seguir en esos nuevos casos permitidos. Para el TSJEx, se vulneró la protección concedida por la ley estatal del suelo.

La LSOTEx quedará derogada este mes con la entrada en vigor de la nueva Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible. Pero la decisión del Constitucional afecta a otro pleito abierto sobre Valdecañas.