El Gobierno central duda de la legalidad de las nuevas medidas fiscales de la Junta de Extremadura

Las dos administraciones, en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, han acordado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con esta norma.

El Gobierno central ha mostrado sus reparos con el primer apartado del artículo único del decreto-ley de medidas fiscales urgentes en materia tributaria, que fue aprobado a finales de enero por el Ejecutivo autonómico. Se trata de las nuevas disposiciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que consisten en las deducciones por el alquiler de viviendas vacías, por nuevos residentes y por la rehabilitación de viviendas en zonas rurales para destinarlas al alquiler. También afecta a la creación del censo de núcleos de población que no son municipios ni entidades locales menores y que pertenecen a un municipio de más de 3.000 habitantes para que puedan acogerse al citado beneficio en zonas rurales. Asimismo, incluye las rebajas por donaciones a entidades culturales y deportistas y para los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Según indica la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura, los reparos se centran en dos de las nuevas medidas fiscales que afectan al IRPF. Por un lado, la deducción del 50% en la cuota íntegra autonómica para nuevos residentes durante los tres primeros años, porcentaje que se eleva hasta del 75% para menores de 36 años, y la relativa al mecenazgo cultural y a deportistas del 20% de las cantidades donadas hasta un máximo de 500 euros por contribuyente. El Ministerio de Política Territorial, representante de la Administración central en la comisión bilateral, no ha explicado a HOY cuáles son los motivos de discrepancia.

"En ambos casos, se trata de cuestiones sobre las que la Junta de Extremadura considera que entran dentro de su ámbito competencial sin perjuicio de estar abiertos a las conversaciones y acuerdos que se adopten en el seno de la comisión bilateral", añade la Consejería de Hacienda.

También indica que el Gobierno regional está llevando a cabo una política fiscal "en beneficio de los intereses de los extremeños, con medidas justas e igualitarias que mejoren sus condiciones de vida y enfocadas a atraer y fijar población". Dos objetivos que se recogen en las dos deducciones que se han puesto en duda.

El decreto-ley fue convalidado por la Asamblea de Extremadura gracias a un acuerdo entre el Gobierno regional del PP y Vox, pero se transformó en un proyecto de ley con el objetivo de introducir las modificaciones pactadas por los dos partidos. De esa forma, en realidad se trata de una norma que ha sido derogada de forma implícita.

En cualquier caso, la ley que finalmente fue aprobada no recogió cambios en el apartado que ha generado discrepancias con el Gobierno, por lo que las dudas mostradas sobre su legalidad abarcan también al nuevo texto ya en vigor.

La celebración de negociaciones entre las dos administraciones es el procedimiento establecido para tratar de resolver discrepancias sobre una norma y evitar de esa forma la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, que en caso de que no haya acuerdo entre las partes será el que tendrá que dirimir quién tiene razón.

La Consejería de Hacienda añade que la comisión bilateral "es un mecanismo jurídico habitual entre administraciones, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de ellas, con la finalidad de que se solventen las posibles discrepancias existentes en cuanto a vulneración de competencias".

En las últimas legislaturas se han dado varios casos de discrepancias entre el Gobierno central y la Junta por la aprobación de normas autonómicas. En la mayor parte de los casos se llegó a un acuerdo, que llevó a la modificación de la ley en cuestión o a consensuar una interpretación. Pero en otras ocasiones el conflicto terminó en un recurso de inconstitucionalidad, como pasó con la Ley de emergencia social de la vivienda de Extremadura.

También se ha dado el caso opuesto, con la Junta en contra de normas aprobadas por el Gobierno central. Así ocurrió con la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, a la que se opuso la Junta en el tramo final de la pasada legislatura, un conflicto que finalmente se ha resuelto por acuerdo entre las partes.

En la presente legislatura es la primera vez que el Gobierno central muestra su disconformidad con una norma del Ejecutivo regional de María Guardiola.