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Imagen de archivo de un policía local. HOY
El Gobierno también considera ilegal la ley extremeña de policías locales

El Gobierno también considera ilegal la ley extremeña de policías locales

Constituye con la Junta un grupo de trabajo para resolver las discrepancias sobre la norma

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Miércoles, 29 de noviembre 2017, 10:43

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El Gobierno central y la Junta de Extremadura han constituido un grupo de trabajo para resolver las discrepancias sobre la nueva ley autonómica de coordinación de policías locales, en vigor desde el pasado mes de agosto.

Se trata del procedimiento a seguir cuando el Gobierno considera que una ley autonómica invade sus competencias o vulnera el ordenamiento vigente, para lo que se abren negociaciones, tal como ha ocurrido en los últimos años con varias normas de la Junta. En caso de que no haya acuerdo, el Ejecutivo nacional suele plantear un recurso de inconstitucionalidad, como ha ocurrido con la Ley de medidas urgentes contra la exclusión social y la Ley de emergencia social de la vivienda.

En este caso, el Consejo de Estado ya alertó de que la nueva ley de policías locales invadía competencias estatales. La Junta modificó su proyecto original, pero mantuvo algunas cuestiones que ahora son objeto de discrepancia.

En concreto, el Gobierno rechaza la regulación sobre el pase a la segunda actividad (situación previa a la jubilacion) y la integración de los auxiliares de Policía Local en las plantillas.

Asimismo, el Ejecutivo nacional cuestiona las funciones de coordinación que asume la Junta, los principios básicos y las funciones que la ley regional concede a las policias locales, el procedimiento de sustitucion de las jefaturas y el modelo de asociación de municipios para prestar este servicio.

Al Constitucional

El Gobierno central también llevó al Tribunal Constitucional la ley extremeña de expropiación del uso de viviendas. En junio el Gobierno y la Junta crearon un grupo de trabajo para tratar de llegar a un acuerdo sobre las discrepancias surgidas.

En concreto, el Ejecutivo nacional ponía en duda siete apartados del primer artículo de la ley, dedicados al deber de utilizar las viviendas, la definición de viviendas deshabitadas y desocupadas y las sanciones por esta situación, la intermediación obligatoria entre entidades financieras y afectados por ejecuciones hipotecarias y el derecho de tanteo a favor de la Junta en desahucios de pisos de promoción pública. También cuestionó el artículo dedicado a la expropiación temporal del uso de viviendas en casos de desahucio por impago de hipoteca, la disposición que aplica esta medida y la creación del canon a vivienda deshabitada.

No hubo acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Extremadura y finalmente el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de emergencia social de la vivienda, que entró en vigor el pasado mes de marzo.

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