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La globalización no paga a los agricultores

El SMI no puede ponerse como excusa de la subida del paro. Lo que sí ha estado creciendo ha sido la firma de tratados internacionales, la despreocupación de las administraciones por nuestros campos y la existencia de un puñado de empresas actuando como un embudo

Ángel Calle Collado

Sábado, 1 de febrero 2020, 00:24

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NO sabemos lo que hubiera hecho el Imperio Romano. Pero sí es seguro que el imperio de la 'globalización' no va a pagar el esfuerzo de las personas que trabajan en el campo. Bajo la 'globalización' hay tres grandes beneficiarios. En primer lugar las grandes superficies que pueden ofrecer 5.000 referencias en sus supermercados sin incorporar los costes ambientales derivados de alimentos que viajan, por media, 4.000 kilómetros hasta llegar a nuestras mesas. Compartiendo podio estarían los fondos de inversión que desde la crisis alimentaria del 2008 ha visto cómo pasar del 'ladrillo' a la 'alimentación' era algo más que rentable: cuando se puede, la gente come tres veces al día. Y en tercer lugar de la cadena estarían las grandes exportadoras de productos que, como ocurre con el sector hortofrutícola en Extremadura, están siendo atraídas por los mercados extranjeros. El resultado es la concentración de poder por arriba y los desahucios rurales por abajo. Las exportaciones agroalimentarias superaron los 50.000 millones en 2018. Pero los salarios no crecieron y la fruta se paga al precio que ya tenía hace tres décadas.

Por debajo de este tercer eslabón, entrando ya en la zona de descontento, se encuentran las pequeñas empresas que atienden directamente a mercados españoles, la pequeña producción que en algunos casos precisa de ayuda (familiar o contratada) para la recolección y, por último, los jornaleros y jornaleras muy visibles en la manifestación de Don Benito. Agricultores todos, unos con alguna propiedad, otros sin tierra. Este es el penúltimo peldaño en realidad, pues habría que situar detrás una sociedad consumista que, como nos explicaba Dolores Raigón, catedrática universitaria y experta en Análisis de Alimentos, en unas jornadas celebradas este enero en el Valle del Jerte, las cualidades de la fruta desarrollada a base de químicos tienen notablemente menos elementos minerales, menos antioxidantes y unos procesos más acelerados de maduración que les resta sabor y propiedades de cara a su saludable sostenimiento cuando llegan a nuestras casas.

El hecho de no tener un derecho real e instituido a una alimentación saludable en este país, por más que sea de sentido común y lo protejan derechos internacionales, es el reverso de la moneda con la que la globalización está 'malpagando' desde hace décadas a las personas productoras. Un derecho a tener una dieta saludable conllevaría que los 'mercados', es decir seis o siete distribuidoras en el sector hortofrutícola y otro tanto de grupos inversores, no especularían a su favor con la alimentación. Habría entonces una ley de precios mínimos, como la que se impulsa en Francia. Habría una apuesta por la compra pública por parte de la Administración extremeña para garantizar que en colegios, hospitales y centros públicos llegasen productos de calidad y de cercanía. Habría una agilidad sanitaria para apoyar una venta directa de productos que atendiese tiendas y restaurantes de nuestros pueblos y ciudades a precios muy razonables, como ocurre en el País Vasco. Y esta apuesta sería beneficiosa para la producción extremeña y justificaría aún más la subida de salarios como motor del consumo interior.

El paro en Extremadura aumenta desde 2014 más deprisa que en el resto del país: antes estábamos con un 5,35% por encima de la media y en el 2018 ya era del 8,39%. El Salario Mínimo Interprofesional no puede ponerse como excusa. Lo que sí ha estado creciendo en los últimos años ha sido la firma de tratados internacionales, la despreocupación de las administraciones por nuestros campos y, sobre todo, la existencia de un puñado de empresas actuando como un embudo que drena beneficios en favor de los tres grandes beneficiarios antes señalados. También ha aumentado la desafección con respecto a los sindicatos tradicionales, a los que se les ha visto más, por mi experiencia como agricultor en el Jerte, como corredores de seguros que como defensores de una situación cada vez más complicada para la pequeña producción. Aquí han acudido algún partido nuevo ligado a la extrema derecha dispuesto a pescar votos, como lo intenta hacer Le Pen con los chalecos amarillos en Francia. Sucede que la extrema derecha no pide atender a la pequeña producción, ni controlar a la gran empresa, ni legislar sobre los márgenes de intermediación. Por ejemplo, el programa de Vox es proteccionista con respecto a la gran distribución y neoliberal para que sean los precios de las mismas quienes marquen la rentabilidad de las explotaciones.

Insistir en una economía extractiva y beneficiosa para intermediarios de la 'globalización' no ha traído un reparto global de beneficios. Y eso se nota: los niños extremeños enfrentan más problemas de nutrición que los del resto del país, las personas jóvenes emigran a razón de doscientas al mes, se cierran pequeñas explotaciones y queda la fruta en los árboles por los bajos precios. Extremadura se merece un salario mínimo digno, un derecho a la alimentación saludable y una defensa de la pequeña producción y de quienes trabajan en el campo. La 'globalización' ha traicionado a Extremadura. Extremadura precisaría tejer alianzas políticas y un nuevo sindicalismo abiertos ambos a contradecir a la globalización y pugnar por derechos sociales elementales como es producir y alimentarse de forma saludable.

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