El fraile espabilado

Nuestra Constitución necesita taller, aunque solo sea para despojarla de sesgos medievales

El fraile espabilado
Tomás Martín Tamayo
TOMÁS MARTÍN TAMAYO

Si al rey emérito no se le puede juzgar, porque es o fue inimputable, tampoco se le puede prejuzgar porque eso sí que sería temerario, aunque no entendamos que, a estas alturas y en un país supuestamente democrático, pueda haber alguien bajo la cobertura de semejante privilegio. Inimputable, como un bebé de pecho. ¿Esa inmunidad impide que dos personas encuentren a su padre? Dos juezas consideran que al rey no se le puede pedir una prueba de ADN, invocando el Art. 56 de la Constitución, porque «la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Un español y una belga, Albert Solà e Ingrid Sartiau, con testigos y documentos indiciarios, que son aceptados por todos los jueces en casos similares, han reclamado una prueba de paternidad para verificar científicamente si son hijos del rey, pero con hueso han dado porque lo que vale para los demás no sirve para ellos. Se quedan sin saber si son o no sus hijos, como lo leen. Los privilegios constitucionales que amparan al monarca prevalecen sobre los derechos de los demás. Lo llaman igualdad.

Ahora, sin entrar en el fondo de la cuestión, la Fiscalía Anticorrupción se niega a indagar en las declaraciones de Corinna, 'la amiga', sobre los presuntos trinques, comisiones y demás regalías porque el rey, en aquella fecha, era inimputable y contra él no cabe juicio alguno. Ahí tenemos dos muestras de lo iguales que somos todos ante la Justicia. Supongo que la prerrogativa del padre también la tiene el hijo, que puede hacer lo que quiera en cualquier terreno porque a ellos, si acaso, solo los puede juzgar Dios y la historia. Divertido. Como gritaría el cortesano Pablo Casado: «¡Viva el rey!»

¿Los constitucionalistas que metieron semejante aberración en la Constitución pensaron que esta abarcaba también a los asuntos de cama? Seguro que no, pero la lectura literal que se hace, al pie de la letra, interpretada de forma tan extrema y bonancible para el monarca, metió en la Constitución una cuña medieval. Muchos entienden que esa 'inimputabilidad' debe aplicarse a cuestiones de Estado, excluyendo las referidas a las relaciones entre las personas y/o su patrimonio, pero aquí damos una vuelta al torniquete y al interpretar que «la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», admitimos que puede, «ancha es Castilla», permitirse el lujo de cercenar el derecho de las personas para averiguar quién es su progenitor.

«Todas las personas con responsabilidades públicas tenemos el deber de observar un comportamiento ejemplar y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La Justicia es igual para todos». Son palabras del rey que, al parecer, ignoraba que en lo manifestado solemnemente, él era la excepción. Hubiera sido más ajustado decir que «La Justicia es igual para todos vosotros». Y aun mejor si hubiera concluido con la coletilla de «pringaos». Lo del fraile espabilado: «Hermanos, bajad al huerto a trabajar, que después tenemos que subir para almorzar».

¿Y esto sigue así? Así sigue y si Felipe VI quiere hacerse un llavero –es un supuesto estrafalario, ya lo sé– con un metacarpiano de su mayordomo, el buen hombre se queda sin el huesecito y ni siquiera puede reclamar a la Justicia. Nuestra Constitución necesita taller, aunque solo sea para despojarla de sesgos del medievo que repugnan y tanto daño hacen a la propia institución monárquica. Para los republicanos, mientras más privilegios tenga la monarquía, mejor para su causa.

 

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