La Fiscalía pide cárcel por un accidente con un fallecido en las obras del AVE
La acusación pública reclama tres años y cuatro meses de prisión y apunta a Adif como responsable subsidiario para la indemnización
Abril de 2020. El país está paralizado por una pandemia que obliga a un confinamiento severo. Solo se mantienen las actividades esenciales, entre ellas la ... construcción de grandes obras, como la línea de alta velocidad de Extremadura. En uno de sus tramos se produjo un accidente mortal que entonces pasó desapercibido. La Fiscalía solicita penas de prisión para los responsables de la seguridad y pide la apertura de juicio oral.
El 22 de abril de 2020 un albañil oficial de segunda, que había sido designado recurso preventivo (destinado al cumplimiento de la normativa en materia de prevención), realizaba su labor en las obras del tramo del AVE Cuarto de la Jara-Arroyo de la Albuera, al norte de Mérida.
Los empleados de una de las empresas subcontratadas por las adjudicatarias de la obra habían retirado un voladizo de un muro de hormigón, así como parte de los soportes del encofrado. También habían quitado dos de los tres puntales que sustentaban el madero apoyado contra el muro sobre el que estaba el voladizo.
La Fiscalía reseña que, como no existía señalización alguna y el trabajador no había sido informado de que se estaban realizando trabajos de desencofrado, en el ejercicio de sus funciones y con la intención de recolocar una barandilla de seguridad accedió por unas escaleras al voladizo de la losa superior del muro. Sin soportes, la superficie era inestable e insegura, lo que hizo que cayera de una altura de tres metros y medio, clavándose en el costado una de las ferrallas que estaban colocadas para comenzar otro encofrado. Falleció cinco días después por las lesiones sufridas. Estaba casado y tenía dos hijas.
La acusación pública considera que incumplieron sus obligaciones en materia de seguridad el encargado de la empresa subcontratada y tres responsables de las constructoras. En concreto, considera que no contemplaron el riesgo de caída durante las tareas de desencofrado ni adoptaron medidas preventivas.
Adif como responsable subsidiario
Para la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por ese motivo, solicita una condena de tres años y cuatro meses de prisión para cada uno de los cuatro acusados, así como cinco años de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones.
En materia de responsabilidad civil, pide que los encausados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la viuda del fallecido con algo más de 104.000 euros, más 83.500 euros para una de las hijas y 52.200 para la otra. Estas cantidades se consideran perjuicio básico, a lo que habría que sumar otra compensación y los intereses legales.
La acusación pública señala que del pago de esas cantidades son responsables de forma directa las compañías aseguradoras de las empresas que intervenían en la obra, aunque de manera subsidiaria abarca a las constructoras y al propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) como contratista.
La huelga paraliza la sentencia del choque mortal de Carmonita de 2010
El accidente mortal ocurrido en Mérida en abril de 2020 en las obras del AVE, por el que la Fiscalía solicita una pena de prisión para los responsables de los trabajos, guarda muchas similitudes con otro caso que está pendiente de resolución judicial tras el juicio celebrado en enero.
En septiembre de 2010 un conductor que trabajaba con un camión en la construcción de la línea de alta velocidad en las inmediaciones de Carmonita cruzó la vía convencional de ferrocarril para dirigirse a una zona de vertidos cuando fue arrollado por un tren que cubría la ruta entre Cáceres y Mérida. Falleció el operario, así como una pasajera. El paso a nivel provisional de la obra estaba abierto cuando debía estar cerrado.
En el juicio celebrado en enero se llegó a un acuerdo sobre la culpabilidad de los acusados, encargados de la seguridad de la obra, pero falta por conocer la responsabilidad civil de las empresas y las aseguradoras. Según ha podido saber HOY, aún no hay sentencia de la Audiencia Provincial debido a la huelga de los letrados de administración de justicia, que tienen entre sus funciones el dictado de las resoluciones judiciales.
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