La Fiscalía acusa a patronal y sindicatos de inflar los costes de profesores y alquileres

Juzgados de Badajoz, donde se instruye parte de la investigación por los cursos de formación:: HOY/
Juzgados de Badajoz, donde se instruye parte de la investigación por los cursos de formación:: HOY

Anticorrupción centra sus pesquisas en averiguar dónde ha ido a parar la diferencia entre lo pagado y lo que los cobradores han declarado a Hacienda

JUAN SORIANO

El exceso de horas imputadas como coste de docencia al comparar los datos con lo declarado a la Agencia Tributaria es una de las cuestiones que investiga la Fiscalía en el presunto fraude por la gestión de ayudas autonómicas para cursos de formación para ocupados. Dos juzgados de la región tramitan tres procedimientos que afectan a ocho entidades y 25 personas vinculadas a la patronal extremeña Creex y a los sindicatos UGT y CC OO.

La investigación se inició tras una denuncia del Gobierno popular de la Junta de Extremadura en 2015. La Administración autonómica presentó un escrito en el que ponía de manifiesto varias irregularidades detectadas en la justificación de gastos de la convocatoria de formación para ocupados del año 2011. Esto dio pie a un atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), así como a solicitar un informe a la Intervención regional. Las primeras conclusiones se recogieron en un escrito de la Fiscalía de Badajoz que dio pie a la apertura de diligencias judiciales en el año 2016.

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Este informe de 83 páginas, al que ha tenido acceso HOY, analiza algunas de las cuestiones que fueron alertadas por la Junta. En algunos casos profundiza hasta el detalle la prestación de los cursos y los costes repercutidos a la Administración. Pero en otros deja en manos de la investigación judicial posterior y de un informe ampliado de la UCO la labor de concretar las actividades defraudatorias.

Según recoge, una de las partidas bajo sospecha afecta a los gastos de docencia. Especialmente en el caso de la Creex, que gestionó 3,18 millones de euros a través de sus asociadas Coeba, la Federación Empresarial Cacereña y la Federación Empresarial Placentina.

La Fiscalía de Badajoz expuso que se apreciaron divergencias al cruzar los datos justificados por las asociaciones empresariales ante la Junta con los pagos a los docentes que fueron declarados por las academias ante la Agencia Tributaria. En el informe se habla de casi 1,5 millones de euros, aunque de forma pormenorizada se detallan algo más de 800.000 euros de más de 60 cursos de Coeba y la federación cacereña.

En el caso más extremo hay una diferencia de más de 26.000 euros entre la factura del beneficiario y los pagos declarados por la academia a los cinco docentes que participaron en el curso.

El informe evidencia que cuatro academias estaban de acuerdo para ofrecer los mismos precios

En segundo lugar, la Fiscalía estima que las organizaciones pudieron incurrir en fraude a la hora de justificar la forma en que se eligió a las academias para determinados cursos de formación. El informe señala que la Junta exigía acreditar que se habían solicitado tres presupuestos para adjudicar el servicio.

En este caso concreto no hay incidencias respecto a Coeba. En cuanto a la Federación Empresarial Cacereña, la Fiscalía apunta que el sistema formativo se encomendó a la mercantil Fomento de la empresa de calidad, que estaba directamente relacionada con la asociación. Por ese motivo, se estima que se incumplen las normas recogidas en la Ley General de Subvenciones sobre subcontratación con entidades vinculadas.

En el caso de la Federación Empresarial Placentina, el escrito enviado al juzgado expuso que cuatro empresas, alternativamente y de modo sistemático, presentaban presupuestos absolutamente idénticos. De hecho, añade que se desconoce cuál fue el criterio de selección.

Además, reseña que se trata de academias que estaban vinculadas entre ellas por parejas, hasta el punto de que, en el fondo, sólo figuran dos grupos empresariales, uno formado por dos firmas de Plasencia y otro por dos de Cáceres. El supuesto reparto llega hasta tal punto que cada grupo justificó una cantidad muy similar, algo más de 335.000 euros cada uno. Para la Fiscalía, esto implica incumplir el requisito de presentar tres ofertas, con lo que se trataría de un gasto no subvencionable por más de 671.000 euros.

Pero no sólo se han apreciado conexiones entre las academias, sino también entre ellas y los responsables de las federaciones empresariales. Todos ellos forman parte de las diligencias que se instruyen como piezas separadas en Badajoz.

El informe de la Fiscalía aprecia una posible tercera vía de fraude en la patronal, consistente en el pago de alquileres por encima del valor de mercado. En este caso, los datos se obtienen al cruzar el importe de las facturas aportadas a la Junta con lo declarado ante la Agencia Tributaria por los arrendadores. La cuantía no subvencionable de la federación cacereña por este concepto asciende a cerca de 78.000 euros.

También los sindicatos

Para la Fiscalía, también hay indicios de actividad defraudatoria en los sindicatos, pero por un importe mucho menor. En su momento anunció que estaban bajo sospecha 1,7 millones de la patronal, aunque en el informe se pasa de 2 millones. En UGT asciende a 400.000 euros y en CC OO a 311.000.

En ambos casos las acciones bajo sospecha son similares. UGT gestionó casi el 70% de los fondos a través de la fundación Ifes. La Fiscalía señala que de 359.000 euros justificados como gastos de personal más de 153.000 obedece a un concepto irreal, denominado 'actividad'. Además, recoge que 76.000 euros en tutorías no tienen soporte documental.

Junto a esto, apunta que en las veinte personas acogidas a costes asociados por cuestiones de gestión aparecen seis organizadores sindicales, cuya labor no guarda relación con formación. Sus nóminas sumaban 88.000 euros, aunque parte podría estar justificada.

Asimismo, la Fiscalía menciona sobrecostes en alquileres de equipos (más de 64.000 euros por gastos generales no justificados y por pagos a una empresa de UGT) y por material didáctico (36.000 por gastos generales y 5.600 sin soporte).

En cuanto a CC OO y su fundación Forem, la Fiscalía también advierte de un exceso de 15.700 euros en el pago de formación a personal que no figuraba como docente. También 33.000 euros abonados por encima del coste real de salarios y 29.500 sin facturas; así como 10.000 euros en costes asociados que en realidad correspondieron a la nómina de dos sindicalistas.

En cuanto a los docentes externos, se apreció, como en el caso de las organizaciones empresariales, que los costes justificados no cuadraban con lo declarado ante Hacienda. La diferencia es de 162.000 euros. Asimismo, se detectan 17.900 euros en alquileres por encima del coste real y 6.000 euros de exceso en material didáctico.

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