Las familias con renta básica e ingreso mínimo vital tendrán que devolver dinero
Los técnicos que asesoran a beneficiarios de estos subsidios advierten de que el cruce de datos entre Gobierno y Junta hará aflorar intentos de fraude
J. López-Lago
Lunes, 7 de diciembre 2020, 07:30
El ingreso mínimo vital fue un mecanismo activado el 15 junio por el actual Gobierno para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Permite ... acceder a un ingreso fijo al mes (un adulto 461 euros, una unidad familiar de dos adultos con seis o más miembros, 1.015 euros, por citar dos supuestos) siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Entre ellos destaca buscar trabajo y estar en disposición de incorporarse al mercado laboral. Otro, que es por donde algunos colectivos están detectando irregularidades, es acreditar unos ingresos muy bajos. Está ocurriendo, según alertan desde Cáritas o la asociación de vecinos del Gurugú, en Badajoz, que muchos peticionarios no hacen constar la percepción del ingreso mínimo vital a la Junta de Extremadura, que ya les paga la Renta Extremeña Garantizada (anteriormente conocida como renta básica), que es como está establecido para no sumar las dos pagas íntegras.
Según explica el presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz, Antonio Nisa, la Junta ha decidido seguir abonando la renta extremeña garantizada pese a la existencia de la nueva prestación del Gobierno con el fin de no dejar a nadie sin ingresos. Sin embargo, hay tramos, según la configuración familiar, en los que sale más a cuenta pedir el ingreso mínimo vital. «Un pago es subsidiario de otro, así que la primera parte del dinero te lo da el Gobierno y el resto la Junta de Extremadura. Nosotros (los trabajadores sociales) informamos de que cuando se empieza a cobrar el ingreso mínimo vital hay que notificarlo a la Junta, que gestiona la renta extremeña garantizada», explica Nisa, que alerta de que quien use la picaresca para obtener las dos prestaciones se puede encontrar con problemas dentro de poco.
Ricardo Cabezas, presidente de la Asociación de vecinos del Gurugú en Badajoz, donde tienen una red de voluntarios para orientar a muchas familias con este tipo de trámites, cree que por intentar acaparar dos pagas muchas familias se van a ver en aprietos. «Va a haber problemas con el Gobierno en cuanto cruce los datos con las comunidades. Nuestros voluntarios lo advierten cuando asesoran para hacer los trámites, pero alguna gente sigue sin notificar la renta básica y si cuando te exijan esa devolución no se paga a muchos le van a paralizar el ingreso mínimo vital. Además, muchas familias cuando tengan que devolver este dinero y más de una no va a ser capaz», explica Cabezas.
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«El problema es que no se sabía cómo debían coexistir el ingreso mínimo vital y la renta extremeña garantizada, y si se detecta alguna irregularidad va a haber un problema y es que van a estar un tiempo sin ninguna de las dos, sin cobrar nada», añade Ana Correa, de Cáritas Badajoz.
Antonio Nisa, que además es profesor de Trabajo Social en el centro universitario Santa Ana, hace una reflexión más profunda al respecto. «Hay un tipo de población que tiene carencias que no se curan con dinero. Hay gente que cuando se queda sin empleo prioriza sus gastos, pero hay otras familias sin capacidad de adaptarse a una situación de precariedad. La pobreza se soluciona con dinero, pero la exclusión social que lleva a esta incapacidad no, por eso hay que trabajar con ellos».
Número de perceptores
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) informó ayer que en Extremadura ha resuelto 10.862 solicitudes de ingreso mínimo vital hasta finales de septiembre (el 41,8 % del total de peticiones válidas), de las que 5.017 han sido aprobadas y 5.845 rechazadas.
En cuanto a la renta garantizada, a mediados de septiembre había 5.260 personas cobrándola, el 24% más que un año antes. Esta paga supone entre 537 euros (un adulto y un menor) y 860 euros (un adulto y cinco menores) que abona la Consejería de Servicios Sociales y se diferencia del ingreso mínimo vital, del que se hace cargo el Ministerio de Inclusión, en que se considera un derecho, por lo que se exigen menos requisitos.
El dirigente vecinal Ricardo Cabezas está convencido de que será imposible que a la Administración se le pase por alto la revisión de toda la documentación de los peticionarios, por eso advierte de que quienes están cobrando de más deben hacerlo constar.
Efectivamente, esta es una de las advertencias que consta en las instrucciones del Gobierno: «El Instituto Nacional de Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, las actuaciones relativas al beneficio de renta mínima vital, siempre que esta revisión se realice dentro del plazo máximo de cuatro años siguientes a la decisión administrativa incontestada. En este caso, también podrá declarar y exigir de oficio la devolución de beneficios indebidamente cobrados».
Antonio Nisa supone que cuando llegue el momento de devolver estos cobros indebidos se hará un prorrateo de la deuda en los cobros siguientes, pero esto no es algo firme, solo una intuición, por lo que recomienda que cada beneficiario siga las instrucciones de su trabajador social.
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