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Siempre he sido una persona optimista por naturaleza. Pensé dedicarme al periodismo pero al final me enganchó el campo. Y así me gano la vida desde hace veinte años. Tengo que confesarte que ese optimismo se me va acabando. Lo de este año me está hundiendo». A sus 40 años, casado y con dos hijos de ocho y cuatro años, el villanovense Francisco Plaza Casado se confiesa con el equipo de HOY que está en una de sus parcelas de frutales cerca de Rena, en las Vegas Altas del Guadiana. «Mirad, esos melocotones se van a quedar ahí, sin coger. Son cuatro hectáreas y miles de kilos que van a ir al suelo. Pero ni tengo mano de obra suficiente ni me salen las cuentas que me haga merecer la pena recogerlos», incide.
Plaza es un agricultor con 25 hectáreas de frutales y otras tantas hectáreas de tomate. Es socio de la cooperativa San Isidro de Villanueva de la Serena, una de las que más peso tiene dentro del movimiento cooperativo extremeño y pone voz a un eterno problema que surge año tras año, la escasez de mano de obra, pero que en esta campaña adquiere mucha mayor notoriedad. La buena producción de este año y el hecho de que en Extremadura estén construyéndose 12 plantas fotovoltaicas en este momento -y otras tres arrancarán las obras entre julio y agosto- agrandan la evidencia de necesidad de trabajadores para la fruta, tanto para recogerlas como para procesarlas en las centrales hortofrutícolas.
¿Cómo es posible que no haya trabajadores suficientes para la fruta si hay 22.963 demandantes de empleo en Extremadura apuntados en el sector agrario según el último dato de mayo? No hay una respuesta única a esta pregunta del millón. En lo que sí coinciden todos, pequeños agricultores, grandes empresarios y representantes de los trabajadores es en una afirmación muy genérica: «Hay cosas que cambiar».
«El campo nadie lo quiere», arranca Emilio Sánchez, presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte para intentar explicar por qué no se encuentra gente para recolectar fruta.
«No es fácil resumirlo en una sola explicación pero siempre pongo un ejemplo. Yo antes de ser agricultor fui camionero. Me hice millones de kilómetros por España y por el resto de Europa. Quería ganar dinero y, en cuanto pudiera, venirme para mi pueblo. Y así monté mi explotación agraria. Ahora veo a la gente más acomodada. Si dan una ayuda por el paro, bienvenida sea, no digo que no, pero pienso que cuando hay campañas agrícolas esa gente debe ayudar, trabajar. Luego también nos encontramos con personas que vienen, trabajan dos días o una semana y lo dejan. Algunos por los jornales necesarios para cobrar el desempleo agrario, otros... No sé por qué».
Transporte y protección
Las centrales de la agrupación de cooperativas del Jerte -señalan- dan trabajo ahora a unas 600 personas pero dentro de unas semanas se van a necesitar unas 1.000-1.200. «¿De dónde las sacamos? Si antes venían rumanos porque no encontrábamos mano aquí, ahora esa gente ha logrado reunir unos ingresos, se han marchado a su país y en buena medida han comenzado a desarrollar allí sus propias explotaciones agrícolas. Algo lógico», expresa.
«No hace falta mano de obra para el campo. Ahí está el dato de casi 23.000 desempleados agrarios. Lo que falta es mano de obra en las comarcas donde está la fruta pero en la mayoría de Extremadura eso no es así. Si por parte del empresariado se facilitaran las cosas seguro que no sería tan problemático encontrar a trabajadores», comenta Saturnino Lagar, secretario general de Industria de CC OO Extremadura.
Para Lagar es evidente que si un trabajador de la fruta se tiene que hacer 60 kilómetros desde su casa a la parcela de frutales «y por parte del empresariado no se le paga el plus de transporte, que está recogido en convenio, las cuentas no salen para muchos. Lo que no se puede pretender es obtener beneficios de la precarización laboral en este subsector. Fíjate lo que está costando aplicar el nuevo salario mínimo», enfatiza el sindicalista.
«Debemos analizar con perspectiva y rigor, sin prejuicios, por qué se da esta situación, que no tiene lógica alguna, y qué es lo que desincentiva a estas personas sin empleo para que renuncien a aceptar un trabajo, temporal, cierto es, pero un trabajo que les permitiría mejorar su situación», señala Javier Peinado, secretario general de la Creex, la patronal extremeña.
«Nadie cuestiona los sistemas de protección social para las personas sin empleo ya que la sociedad está obligada a prestar apoyo a quienes peor lo están pasando, pero estos sistemas no pueden actuar como inhibidores en el mercado laboral. Las ayudas deben tener vocación de temporalidad, para salvar una situación puntual, y no convertirse en un medio de vida», fija Peinado.
Francisco Plaza tiene una cuadrilla de 17-19 jornaleros. «Me faltan entre seis y diez más para desarrollar bien la campaña. No sé cómo podré recoger toda la fruta a tiempo porque, que a nadie se le olvide, el fruto se recoge en su momento, no se puede dejar unos días más de lo que debe en el árbol».
Formación eficiente
Para el fruticultor de Villanueva la falta de mano de obra se explica tanto por motivos coyunturales como estructurales. Entre los primeros destaca que haya que hacer fuerte aclareos (quitar fruta del árbol), con más carga de trabajo, que las cosechas sean abundantes o se adelanten. Entre los motivos estructurales habla de falta de eficiencia de los servicios públicos de empleo y de los centros de formación. La falta de flexibilidad del total de horas que se pueden trabajar semanalmente también provoca que se necesite más personal, mantiene.
«El entorno público tiene que favorecer que podamos trabajar. Los centros de formación agraria deberían estar conectados con el Sexpe y este a su vez con las empresas. Estaría bien que desde los organismos de empleo nos llamaran a los agricultores para preguntarnos cómo andamos de personal, habiendo paro como hay. Las únicas visitas que tenemos son avalanchas de inspecciones criminalizando nuestro trabajo», sostiene indignado.
Miguel Ángel Capita es jornalero, de Villanueva de la Serena. Tiene 44 años y desde los 26, campaña tras campaña, trabaja en las parcelas de Francisco Plaza. «No sé por qué la gente no quiere venir a trabajar. Supongo que cada uno tendrá su motivo. Yo ahí no me meto. Lo único que digo es que me parece muy bien que nos suban el sueldo a los jornaleros pero considero que a los agricultores se les debe también pagar más por su fruta, ¿no? Si no esto no funciona», relata en la parcela situada en la zona de La Encomienda, en el entorno de Rena.
El jornal diario bruto para un trabajador de la fruta se sitúa en 46,3 euros brutos -«yo estoy pagando religiosamente la actualización del salario mínimo desde enero», recalca-, pero a mi los costes sociales hacen que ese jornal se dispare a 55 euros. Diez más que el año pasado. Deberían disminuir los costes que tenemos las empresas agrícolas como las nuestras, pequeñas y medianas, cuando el precio de la fruta que nos pagan no compensa», agrega Plaza.
Desde la comarca jerteña, Emilio Sánchez percibe este año algo «novedoso que no pasaba por aquí desde hacía cinco años o así y es la llegada de trabajadores marroquíes. No se veían desde hace años. Vienen de zonas próximas como Talayuela o de provincias cercanas, trabajan, se les paga y se van». Una realidad, recalca el presidente de la Agrupación de Cooperativas, que evidencia los grandes obstáculos para encontrar jornaleros autóctonos. «Lo que no puedes es ir a una oficina del Sexpe, reclamar mano de obra agraria y que me digan, 'ahora pondremos un cartel'. Oiga, que esto no funciona así», relata Sánchez.
«¿Por qué no buscan realmente a los trabajadores a través del Sexpe? Creo que se olvida esa fórmula. Lo mismo que se puede hacer mucho más en cuanto a la formación de trabajadores que puedan ir a la fruta. ¿Por qué como hacen en otros sectores como el de la construcción no forman ellos, los empresarios frutícolas, a sus futuros trabajadores», tercia el dirigente de CC OO.
Al mismo tiempo rechaza de plano la petición de jornaleros extranjeros a través de un contingente organizado desde la comisión de Flujos Migratorios de la Delegación del Gobierno, algo que sería imposible ya para este año. «Eso no tiene ningún sentido. Ni porque sea necesario esa mano de obra extranjera ni por los propios costes que tendrían para los agricultores o centrales, mucho más altos que cogiendo jornaleros de la región», clama Lagar.
El sindicalista centra sus críticas en el gran empresariado, en las centrales hortofrutícolas más fuertes, no en el pequeño o mediano empresario agrario. «Ellos (agricultores) están pagando el salario mínimo interprofesional sin problemas. Pero las grandes empresas son las que están poniendo todas las trabas del mundo. ¿Por qué todas sus energías, la del gran empresariado, no se centra en pelearse por que se les paguen mejores precios a los agricultores por sus productos en lugar de racanear con los jornaleros?».
Por último, Peinado asevera que es necesario respetar la libertad individual a la hora de aceptar o no un empleo. Sin embargo, sostiene que el sistema de protección social «consume recursos públicos, dinero de todos y, por tanto, hay que ser muy exigentes en su uso».
La patronal plantea que el uso de los recursos públicos sea más eficiente, «evitando que la fruta se pudra en los árboles, las centrales hortofrutícolas cierren y los trabajadores se queden sin empleo».
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