«La ley falla porque la administración que incumple es la que sanciona»

Miguel Ángel Blanes.: HOY/
Miguel Ángel Blanes.: HOY

Este alicantino con familia extremeña cuenta con una tesis sobre leyes de transparencia y dice que ningún consistorio ha sido sancionado por esta razón

ÁLVARO RUBIOCáceres

La Ley de Transparencia se aprobó en el año 2013 y entró en vigor en 2015 para las administraciones locales. Desde entonces todos los ayuntamientos están obligados a publicar la declaración de bienes de los miembros de sus corporaciones. Era una respuesta legislativa ante los casos de corrupción y el descontento político. Sin embargo, según el doctor en Derecho y especialista en temas de transparencia y acceso a la información pública, Miguel Ángel Blanes, «todo se ha quedado en un intento de difícil aplicación».

Este funcionario de carrera desde 1990 publicó en 2014 su tesis sobre la transparencia informativa de las administraciones públicas y durante su labor de investigación y el tiempo que llevan en funcionamiento las diferentes leyes ha llegado a una conclusión. Se muestra contundente cuando alude a la Ley de Transparencia. «Son una burla, fallan porque la administración que incumple es la que sanciona, la que tiene que abrir los procesos sancionadores, es decir, en este caso los propios ayuntamientos», apunta.

Ante eso destaca que «desde que se aprobó esta ley no se ha abierto ningún procedimiento por infringir los artículos» y añade que «se deberían atribuir las competencia sancionadoras a un organismo distinto al infractor». Aclara que «si esto sigue así, tal y como evidencia la realidad, se continuará sin incoar ningún procedimiento». Va más allá y define esta ley como «una declaración de intenciones porque se puede incumplir de forma gratuita».

Blanes, que es alicantino pero conoce Extremadura porque su familia política es de Fregenal de la Sierra y ha dado conferencias por toda España, puntualiza los principales aspectos que no deja claros la Ley de Transparencia. Especifica que los ayuntamientos deben actualizar las declaraciones de bienes de sus ediles cada año, aunque no hay un plazo para ello. «El sentido común dice que cuanto antes se suba mejor. A lo que sí están obligados y hay un tiempo para ello es a presentar la declaración de bienes antes de tomar posesión», matiza.

Alude a que «en muchos casos si no existe presión sobre los consistorios, no suelen cumplir con la ley». Dice que aunque los ayuntamientos se constituyeron en junio, muchos aún no han colgado los documentos en sus páginas webs. «Suelen decir que están de vacaciones, que los papeles están en secretaría o a la espera de algún documento», concluye el especialista.