Extremeños en el Valle de los Caídos

La mayoría de los restos que se trasladaron al monumento desde la región corresponden a personas imposibles de individualizar o no identificadas, tratándose unas veces de soldados no extremeños muertos en acción de guerra, sin conocerse su identidad, y en más casos de individuos «fusilados por las fuerzas nacionales»

JUAN GARCÍA PÉREZDirector Técnico del PREMHEX

Las opiniones expresadas por la arqueóloga Laura Muñoz Encinar sobre los extremeños llevados en su día al Valle de los Caídos (HOY, 15/09/18)) pueden calificarse de erróneas, insuficientes e, incluso, falsas en relación con la ausencia de investigaciones sobre el tema y los motivos de la acumulación de casos en unos u otros núcleos de población.

Gracias a la documentación guardada en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres (ninguna se conserva en el archivo homólogo de Badajoz) conocemos la Carta-Circular remitida el 23 de mayo de 1958 por el Ministerio de la Gobernación a los gobernadores civiles que marcaba el inicio del proceso. Y que don Licinio de la Fuente y de la Fuente remitió, de inmediato, esta circular a todos los alcaldes de la provincia altoextremeña, enfatizando la necesidad de documentar con precisión las fosas, individuales o colectivas, existentes en cada término municipal con cadáveres que podían trasladarse a la Basílica, elaborar una relación de todos los enterramientos colectivos «con restos de caídos en el frente o sacrificados por la Patria» y recabar la ayuda de la Guardia Civil, los párrocos y las fuerzas vivas de sus localidades para conocer a las familias interesadas en llevar los restos de sus seres queridos al monumento recién terminado del Valle de Cuelgamuros.

Una nueva Circular (23, octubre, 1958) ordenaba clasificar los restos objeto del posible envío en varios grupos (identificados, individualizados sin identificar, colectivos sin identificar, no identificados) y fijar el sitio de nacimiento o residencia de aquellos individuos que pudieran identificarse. Y el día 25 de marzo de 1959 se entregaron en los cementerios de Cáceres, Trujillo y Navalmoral de la Mata para su traslado 17 urnas individuales (con 17 cadáveres) y 19 urnas colectivas que portaban los restos de 127 personas. Es decir, un total de 36 urnas con 144 cadáveres que estaban ya en la Basílica el día de su inauguración oficial (1 de abril, 1959) y muestran bien que, con posterioridad, sólo llegaron al sitio otros tres cuerpos. Además, la mayoría de aquellos restos (125 cadáveres) correspondían a personas imposibles de individualizar o no identificadas, tratándose unas veces de soldados no extremeños muertos en acción de guerra sin conocerse su identidad y en más casos de individuos «fusilados por las fuerzas nacionales».

Atendiendo a su lugar de nacimiento o residencia, entre los cadáveres que terminaron llevándose a la Basílica desde la provincia cacereña se hallaba un mínimo de 23 cuerpos «pertenecientes a soldados del ejército nacional que habían muerto en acción de guerra», siendo originarios de Salamanca (6), Las Palmas de Gran Canaria (2), uno de cada provincia en Badajoz, Valladolid, Segovia, Cádiz, Asturias, Madrid, Zaragoza y Toledo, otro de Larache (Marruecos español) y un grupo perteneciente en su momento a una «bandera de Marruecos» (6).

Finalmente, teniendo en cuenta la localización geográfica de las poblaciones que aportaron más cadáveres, en el territorio pacense Badajoz la capital (63), Quintana de la Serena (18) y Herrera del Duque (10) y en tierras cacereñas Logrosán (63), Trujillo (47), Plasencia (17) y Villar del Pedroso (7), pueden establecerse como motivos fundamentales de este reparto la proximidad de cada núcleo a un frente de guerra durante un tiempo más largo (Quintana de la Serena, Herrera del Duque, Logrosán, Miajadas), haberse producido en el lugar o cerca del mismo algún choque bélico causante de una cifra elevada de muertos (Badajoz capital, Campillo de Llerena, Villar del Pedroso, Valdelacasa del Tajo), existir en la localidad algún centro de detención, campo de concentración u hospital con una reconocida entidad (Trujillo, Plasencia), tener en el cementerio municipal o algunas propiedades rústicas fosas comunes generadoras de malos recuerdos, al encontrarse en ellas soldados republicanos o civiles izquierdistas sin identificar asesinados por el ejército franquista (Logrosán), o el grado de cumplimiento por los alcaldes, fuerzas de orden público y élites locales de las órdenes remitidas por el Gobierno Civil.

Y ello, sin olvidar el papel de las familias potencialmente interesadas en el traslado de los restos de sus seres queridos al Valle de los Caídos. Porque sabemos bien que no mostraron interés alguno o éste resultó muy escaso en aquellas familias que tenían ya a sus deudos enterrados en nichos individuales del cementerio correspondiente a su lugar de residencia, mientras abundaron las solicitudes de aquéllas otras que informaban genéricamente sobre el enterramiento sin identificar de sus allegados en algún núcleo de otras provincias o de su muerte en un lugar impreciso (Guadalajara, Teruel, cercanías del Ebro, Tarragona...). Y que ninguna autorización se pidió a las familias de los soldados republicanos muertos en combate o los civiles a quienes se fusiló a causa de represalias políticas.

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