Los extremeños sólo piden el 9% de las ayudas de la Junta para conciliación

La Secretaría General de Igualdad de la Junta creó el pasado año las ayudas autonómicas a la conciliación familiar y laboral, con las que se financia la contratación de personas desempleadas o en riesgo de vulnerabilidad para el cuidado de hijos menores de 14 años o familiares con discapacidad. En relación con líneas anteriores similares, el principal cambio fue que se eliminaba el requisito de renta, lo que ampliaba el número de posibles beneficiarios.

La dotación de la primera convocatoria, correspondiente al año 2024, fue de 1,17 millones de euros. Las ayudas están ligadas al gasto que se realice para la contratación de las personas cuidadoras, en función de la base de cotización y las horas del contrato. El importe oscila entre 200 y 1.100 euros al mes, con un máximo de doce mensualidades.

El plazo de presentación de solicitudes se cerró el 30 de octubre del pasado año. Según los datos publicados por la Secretaría General de Igualdad, se han concedido 36 ayudas por 106.102,30 euros, apenas el 9% del presupuesto disponible.

A pesar del limitado alcance de este programa, el Gobierno regional no ha introducido ningún cambio en la segunda convocatoria, que ya se ha abierto con las mismas condiciones que la anterior (sólo se ha actualizado la tabla salarial) y el mismo importe, algo más de 1,17 millones.

Para el Ejecutivo extremeño, la aceptación de este programa es positiva, pero espera más beneficiarios. El día que el Consejo de Gobierno aprobó la segunda convocatoria la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, animó a las familias extremeñas a solicitar esta ayuda, «que es una importante herramienta de conciliación familiar».

Aunque el seguimiento la cantidad gastada está lejos de la dotación disponible, se ha superado con creces la aceptación de programas similares. «Estamos satisfechos con la acogida, ya que fue el primer año en el que se ejecutaron estas ayudas, después de haberse perdido los fondos en anteriores convocatorias porque prácticamente no hubo solicitudes y las pocas que se recibieron fueron rechazadas por incumplir los requisitos», añadió Bazaga. «El principal escollo era el criterio de renta, que ya eliminamos».

Las convocatorias a las que se refirió Bazaga tuvieron lugar en la pasada legislatura. En 2020, en plena pandemia, la Junta aprobó unas ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto de la covid-19. Como en el nuevo programa, la subvención dependía de la base de cotización y las horas trabajadas. La cuantía máxima ascendía a 1.350 euros, por encima de la actual, pero los solicitantes no podían disponer de unas rentas superiores a seis veces el Iprem (tres en caso de familias monoparentales), lo que suponía un máximo de 38.725 euros al año. Pasar de esa cifra impedía acceder a esta línea, lo que suponía un impedimento para familias con los dos cónyuges trabajando.

Según recoge la base de datos nacional de subvenciones, la Junta no concedió ninguna ayuda con cargo a esta convocatoria, que contó con una dotación de 985.000 euros. El Gobierno regional señaló que sólo había recibido cinco solicitudes.

Ante el escaso éxito de este programa, en 2021 se modificaron las bases. Entre otras cuestiones, se elevó la ayuda y también el límite de renta, que quedó en ocho veces el IPREM, lo que situaba el tope en 54.230 euros anuales.

Con estos cambios se aprobó la segunda convocatoria con una dotación de 900.000 euros. Pero tampoco se produjo ninguna concesión. Y en 2022, también con 900.000 euros, tampoco se dio ninguna. En 2023 se modificaron las bases, aunque en aspectos formales, pero no se llegó a abrir de nuevo el proceso de concesión.

El Gobierno de PP y Vox suprimió el requisito de renta, lo que ha permitido cumplir con el objetivo de estas ayudas, contribuir a la contratación de desempleados para el cuidado de menores o personas dependientes por motivos de conciliación. Pero el alcance sigue siendo limitado. Hay que tener en cuenta que se trata de un sector vinculado a la economía sumergida y para cobrar la subvención es necesario un contrato. Y suelen ser por un número reducido de horas, lo que implica menos ayuda. Además, hay distintas opciones en el mercado, como las escuelas infantiles, que también están subvencionadas por la Junta.