Gas Extremadura paralizará sus inversiones si Competencia aprueba el recorte de los peajes

David Aguilera es el director general de Gas Extremadura. /J. V. Arnelas
David Aguilera es el director general de Gas Extremadura. / J. V. Arnelas

Los consumidores consideran que abaratar la distribución y el transporte supondría un descenso del 15% en las facturas

José M. Martín
JOSÉ M. MARTÍN

Hasta el viernes 9 de agosto tienen de plazo las empresas distribuidoras de gas para presentar las alegaciones. Muchas lo harán y entre ellas está Gas Extremadura, como confirma a este diario su director general, David Aguilera. El motivo son las circulares que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) hizo públicas en julio con la propuesta de recortar en un 17,8% la retribución por la distribución de gas y en un 21,8% por el transporte.

Estas propuestas también pueden tener el efecto de reducir la factura que pagan los consumidores, que podría llegar al 15% según algunos cálculos, aunque Gas Extremadura considera que no iría más allá del 5% en el mejor de los casos.

El razonamiento de Competencia para justificar los recortes es simple: si cada vez hay más usuarios de gas natural, el coste de llevar el gas hasta cada punto de suministro es menor para las empresas y cada consumidor deberá pagar menos por el gasto que supone el transporte y la distribución, cuyo coste global asciende a 2.606 millones de euros al año.

Sin embargo, las empresas consideran que la penetración del gas natural en España, que sitúan en el 33% (lejos del 60% que hay en otros países europeos), todavía no permite llevar a cabo ese recorte. En Extremadura ese porcentaje es bastante menor. «Según la CNMC hay 757.204 puntos de suministro eléctrico, en la región, mientras que de gas rondan los 85.000», detalla el director de Gas Extremadura, compañía con capital cien por cien extremeño y que representa el 90% del mercado en la región.

Las distribuidoras, que ven comprometidos sus ingresos a partir del año 2021 –fecha en la que está previsto que se inicie el nuevo periodo regulatorio– consideran además que el nuevo sistema es discriminatorio. «Penalizaría a quienes hemos desarrollado nuestras redes de forma eficiente», aporta Aguilera, quien añade que los recortes no afectarían a las redes e instalaciones existentes.

En el lado opuesto, los consumidores entienden que una rebaja en los peajes puede hacer que este tipo de energía resulte más atractiva para los clientes y aumenten los puntos de suministro. «La penetración podría ser mayor y les vendría bien a las empresas», señala Roberto Serrano, asesor jurídico de la Unión de Consumidores de Extremadura (Ucex). Para que los usuarios vean una repercusión directa en su factura, sin el recorte en los peajes se lleva finalmente a efecto en los términos anunciados, tendrá que pasar más de un año. Además, se efectuará de manera progresiva. «Va a suponer un descenso del 30% en lo que corresponde a los peajes, que representan el 50% del total de la factura, por lo que el ahorro previsto para las familias será del 15%», calcula Serrano.

«Estimamos una pérdida de 50% de nuestros ingresos regulados», dicen desde la compañía

En este sentido, las facturas de gas de un hogar medio varían mucho dependiendo de los meses del año, ya que el mayor consumo de gas viene dado por las instalaciones de calefacción. «En verano el ahorro podría estar próximo a los cuatro euros al mes y ascender a los 20 en invierno», según el asesor jurídico de Ucex.

Las cifras que presentan las distribuidoras están bastante alejadas de esa previsión. «El ahorro para un cliente doméstico podría estar en torno al 5%, es decir 1,40 euros al mes», en palabras de Aguilera, que añade que la propia CNMC reconoce en su memoria que ni tan siquiera es seguro que ese descuento llegue al consumidor.

De producirse el recorte en los peajes en los términos en los que se plantean en la circular del mes de julio, desde Gas Extremadura entienden que eso implicaría necesariamente una paralización de las inversiones que no están todavía comprometidas y una menor actividad comercial.

Menos empleo

«Tendría efectos negativos en el empleo, porque en Extremadura tenemos más de cien empresas instaladoras locales que trabajan en torno a nuestra actividad diaria», advierte Aguilera.

En la misma línea, la compañía ha realizado sus estimaciones, que en el peor de los escenarios arrojan resultados de hasta un 50% de reducción en sus ingresos regulados. «De forma incomprensible nos penalizaría en exceso haber crecido mucho en clientes a lo largo de los últimos 15 años y haber optimizado nuestras inversiones en la red», remarca el director general de Gas Extremadura.

«La CNMC debe vigilar que no haya pacto de precios»

Las circulares de Competencia relativas al sector del gas plantean un recorte a los peajes, pero todavía está por ver cómo repercutirá en los clientes. «No se garantiza una mejora en los precios para el cliente final, pues la CNMC reconoce que el precio final es libre y son las comercializadoras las que podrán decidir qué parte del recorte va a la factura», en palabras de David Aguilera, director general de Gas Extremadura, que añade que también existe la tarifa de último recurso, en la cual hay un término fijo para los consumos y a la que pueden acogerse los clientes domésticos.

Desde esta compañía consideran «desproporcionados y arbitrarios» los recortes previstos, porque destruyen «todo el valor que los clientes y la energía le dan a nuestras redes».

Existe la posibilidad de que las compañías traten de compensar la reducción de sus ingresos subiendo el precio de las tarifas que cobran a los clientes. Aunque en la Unión de Consumidores de Extremadura (Ucex) ven viable que exista un control al respecto. «Competencia debe velar por el respeto a las medidas y comprobar que no se traslade a los usuarios», según Roberto Serrano, asesor jurídico de la entidad.

Aun así, el responsable de Ucex entiende que deberán estar atentos. «La única manera sería haciendo un pacto de precios, porque la compañía que suba los suyos se quedaría fuera del mercado; en ese sentido, la CNMC debe vigilar que no se produzca un acuerdo entre las empresas», añade Serrano.

La capacidad que tiene Competencia para realizar esa tarea hace que los defensores de los consumidores sean optimistas. «Creemos que estamos más cerca de ver cómo se reducen las facturas del gas en la región», concluye el asesor de la asociación.