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EFE
Miércoles, 10 de octubre 2018, 14:30
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El sector de Enseñanza de FESP-UGT Extremadura ha exigido a la Administración autonómica que aumente la plantilla de orientadores y los distribuya de forma adecuada en los centros educativos de la comunidad, debido al gran número de alumnos con necesidades educativas.
También ha solicitado que se refuercen los equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica con más personal para visualizar el compromiso de la Consejería de Educación por la atención a la diversidad.
En un comunicado, el sindicato ha manifestado su «malestar» ante la «inexplicable e incoherente falta de regulación» sobre la dotación de orientadores en los centros de Secundaria extremeños.
Ha afirmado que esta figura suele reducirse a «un solo profesional», sin tener en cuenta las características de dichos centros ni su número de alumnos.
De esta forma, el sindicato ha asegurado que en Extremadura hay «un solo orientador tanto en institutos de 1.300 alumnos como en institutos de 300» en una distribución, a su juicio, «totalmente ilógica y muy desafortunada».
En un estudio comparativo de esta figura a nivel nacional, ha mencionado que, por ejemplo, Valencia y Euskadi dotan con dos orientadores a aquellos IES que superan los 700 alumnos, en ambos casos un aspecto que está regulado, y en Madrid, que «no tiene nada regulado», se hace según las necesidades del centro.
Respecto a los centros de Primaria, que son atendidos por los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, ha recordado que hace unos meses registró una petición a la Consejería de Educación y Empleo en la que solicitaba, entre otras demandas, el incremento de las plantillas en todos los perfiles en dichos equipos.
UGT considera que la atención a la diversidad debe ser «un eje estratégico prioritario» en la comunidad y que son «fundamentales» actuaciones que apoyen a los alumnos extremeños para que todos alcancen «el máximo desarrollo de sus capacidades individuales, intelectuales, emocionales, y sociales«.
Ante estas circunstancias, ha solicitado a la administración una «urgente revisión y regulación» de la distribución de los orientadores de forma «adecuada y coherente» al número de alumnos que «evite desigualdades entre comunidades y democratice los recursos de atención a la diversidad amparados por la ley«.
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