Excursión hasta el cajero

La portada de HOY del pasado jueves en la edición de Badajoz estaba ocupada por una gran foto de un grupo de vecinos del Cerro Gordo que enarbolaban tarjetas bancarias. Unas tarjetas inservibles en su barrio, donde no hay ni un solo cajero automático. El Cerro Gordo (al igual que otros barrios, como Residencial Universidad, de Cáceres) nació de un PIR promovido por la Junta de Extremadura para dar respuesta a la demanda de viviendas baratas. Fue el famoso plan de las viviendas a 60.000 euros, la promesa estrella del PSOE en 2003.

El plan se aplicó por toda Extremadura y permitió que muchas parejas jóvenes accedieran a una vivienda asequible, pero dio lugar también a aberraciones urbanísticas como el Cerro Gordo.

La reivindicación de un cajero automático es la última demanda de un barrio construido en medio de la nada, en el que viven más de 5.000 personas. Es decir, tan poblado como Arroyo de la Luz o Castuera. Los vecinos piden que la Diputación de Badajoz, que está subvencionando la instalación de cajeros en pueblos de 200 o 300 habitantes, les eche una mano. La Diputación justifica su negativa argumentando que ese programa está concebido para ayudar a las pequeñas poblaciones, no a la ciudad más grande de Extremadura.

¿A quién quejarse entonces de que haya que recorrer cuatro o cinco kilómetros en coche para encontrarse con el primer cajero? No a los bancos, que instalan sus oficinas en función de su rentabilidad. A ningún empresario privado se le puede poner una pistola en el pecho para obligarle a abrir una tienda donde no ve negocio. Es el libre mercado, amigos. De hecho, Caja Badajoz tenía una oficina ya amueblada en el barrio en 2011 y no la llegó a inaugurar. Vinieron las fusiones y el asunto se frustró.

La falta de oficinas bancarias y cajeros es solo una anécdota al lado de las carencias del barrio. A los vecinos les ha costado lo indecible conseguir autobuses urbanos, consultorio médico, farmacia, guardería… Más de una década después de que se empezaran a ocupar las viviendas están a la espera de que se abra el colegio. Se lo han prometido para 2020. «Prometían mucho y se quedó en nada. Para todo hay que ir en coche a Badajoz», afirmaba una vecina en un reportaje publicado en HOY.

Tampoco nadie les puso una pistola en el pecho a estos jóvenes para que compraran un piso en el Cerro de Gordo. Lo hicieron libremente, es cierto; acuciados por la locura del boom inmobiliario y una subida de precios exorbitante, y engañados por quienes les aseguraron que el barrio tendría de todo desde el primer día. Un paraíso a precios de ganga. Pero todos sabíamos desde el principio que construir un barrio a cinco kilómetros de Badajoz era un error. Todos menos los gobernantes que lo promovieron. El Cerro Gordo es hijo de la burbuja inmobiliaria y de la soberbia y la irresponsabilidad de los políticos que se empeñaron en levantarlo en contra de toda racionalidad.

En la hemeroteca de HOY están los enfrentamientos entre la Junta y el Ayuntamiento de Badajoz a cuenta del famoso PIR. Miguel Celdrán y Rodríguez Ibarra no se pusieron de acuerdo sobre dónde construir las viviendas del plan 60.000 y el resultado fue que el presidente tiró por la calle de enmedio y aprobó el Cerro Gordo. La entonces consejera de Fomento, Leonor Martínez Pereda, despreciaba el hecho de que estuviera tan lejos de Badajoz: «Ahora todo el mundo tiene coche».

Se perdió entonces la oportunidad de impulsar un crecimiento armónico y humano de la ciudad; se castigó a los vecinos a apañarse con menos servicios (y más caros de prestar) y se les ató al coche para toda la vida. Que yo recuerde, ningún político ha reconocido hasta hoy el error de haberse empecinado en construir un barrio aislado a varios kilómetros de Badajoz. Si la obligación de todo gobernante es hacer la vida más fácil a los ciudadanos en este caso han conseguido justo lo contrario. Que se lo pregunten si no a quienes tienen que coger el coche y hacer una excursión para sacar veinte euros de un cajero.