El Estado y la región han chocado sobre presupuestos o renovables
A lo largo de los años ambas administraciones han mostrado en varias ocasiones diferencias por discrepancias en cuestiones de competencia
Las comisiones bilaterales son el instrumento que establece la ley antes de que las diferencias entre Gobierno y comunidades autónomas se diriman en el Tribunal ... Constitucional. Y suelen reunirse con más asiduidad de la que parece. La última vez que ocurrió fue en enero de 2024, cuando la Junta y el Gobierno alcanzaron un acuerdo sobre la Ley estatal 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. En esa ocasión, el Estado se comprometió a modificar la redacción de una treintena de artículos porque invadían competencias que eran autonómicas.
Antes, en 2023, las diferencias llegaron a cuenta del decreto-ley extremeño que obligaba a que el litio que se extrajera en la región tuviera que ser procesado aquí. El asunto llegó al Tribunal Constitucional, que dio la razón al Gobierno y tumbó la norma extremeña.
En 2021, el Gobierno mostró su rechazo que las empresas de la región que tuvieran deudas con el Estado pudieran recibir ayudas autonómicas para paliar los efectos de la covid-19. Asimismo, mostró su oposición a las modificaciones aprobadas por la Junta en materia administrativa y de contratación para tramitar los fondos europeos de recuperación. Ambas medidas estaban contenidas en un decreto-ley de modernización de la administración y para gestionar los fondos europeos de recuperación tras la pandemia.
Un motivo que suele ser fuente de discrepancias son los presupuestos autonómicos. En 2022 y 2023, por ejemplo, el Gobierno dudó de la legalidad de dos aspectos de esas leyes. Primero sobre las disposiciones adicionales del articulado y luego sobre la subida salarial para los funcionarios que recogía.
Otro motivo de disputa han sido las ayudas a la renovables. Durante la década pasada, la Junta acudió al menos cinco veces al Tribunal Constitucional para presentar recursos contra los cambios normativos aprobados por el Gobierno que afectan a la producción de energía mediante estas fuentes renovables.
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