Rafael Catalá: «El estado autonómico ha generado tensiones salariales que vamos a abordar»

Asegura que la región presenta un balance «razonablemente satisfactorio» en recursos y carga de trabajo

Pablo Calvo
PABLO CALVOCáceres

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, miembro del gabinete de Mariano Rajoy desde 2014, se expresa con tono mesurado si habla del caso Cifuentes, a la que concede el margen de la duda («lo razonable es esperar»), pero también si lo hace del procés catalán. «La Justicia no está sustituyendo a la política», sostiene. Ayer se reunió en Cáceres con miembros de la toda la comunidad jurídica.

–¿Se lleva muchas peticiones de Extremadura?

–La Justicia en Extremadura presenta un balance razonablemente satisfactorio en términos de plantillas, de sedes judiciales, de recursos. No hay una gravedad especial por ejemplo en carga de trabajo respecto a otras comunidades. Lo más singular ahora es terminar la Ciudad de la Justicia de Badajoz y ampliar la sede de Cáceres.

–¿Las obras de Badajoz estarán terminadas a finales de año?

–De hecho, el calendario ha sufrido algún adelanto porque tuvimos un incremento presupuestario en 2017 y espero mantenerlo en 2018, y eso nos va a permitir terminarlas con toda seguridad en plazo o antes.

–En el caso de Cáceres, ¿se licitarán pronto?

–La alcaldesa me ha informado de que la modificación urbanística y la cesión de terrenos ya está en marcha, y eso nos permitirá planificar proyecto y obra pronto. En el presupuesto de 2019 podríamos tener el proyecto. Justicia tiene en números redondos 50 millones de euros para obras, y lo que planteo es que cuando acabemos la sede judicial de Badajoz, Cáceres tomará el relevo.

–Ahora está candente la reivindicación de equiparación salarial de los trabajadores de Justicia.

–Así es. Después de la crisis económica todos los colectivos profesionales están planteando sus reivindicaciones salariales, es lógico y razonable. En Justicia tenemos la singularidad de que al estar transferidas a algunas comunidades los medios materiales y personales, han tomado decisiones de subida en el complemento específico y por tanto eso ha generado que hoy ciertamente un funcionario de los juzgados de Bilbao, Logroño, Cáceres o Madrid no ganen igual. Esto sin duda genera una tensión que estamos abordándola con Hacienda en la mesa de negociación sindical para ver la posibilidad de equiparar salarios como se ha hecho con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

–Eso es lo que ha abierto la puerta para que otros colectivos también reclamen subidas.

–Sí, es cierto. Hemos creado un estado autonómico que tiene muchas ventajas, pero que también ha generado alguna tensión. Hoy ni los médicos, ni los docentes, ni los funcionarios de Justicia ganan igual en todo el territorio. Esta tensión por la homologación salarial la vamos a abordar.

–¿Puede decirle entonces al funcionario de un juzgado extremeño que le va a subir el sueldo?

–Puedo decirle que estamos trabajando para conseguir la homologación salarial como en otros sectores del servicio público.

–También han salido a la calle jueces y fiscales, que reivindicaban más medios pero también más independencia. ¿No son independientes los jueces?

–Creo que lo son, cada uno de los 5.500 que componen la carrera judicial en España son independientes. El debate, que a veces no está bien explicado, se sitúa en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y es verdad que sobre eso hay distintas alternativas, si el Parlamento debe participar o no, si deben elegirlos ellos directamente, pero no hay que olvidar que el CGPJ no es poder judicial porque no dicta sentencias, las dicta cada juez y ellos sí son independientes. Quizás lo que nos ha faltado es explicación a la opinión pública de que lo estamos hablando es de objetivar el sistema de selección de quienes gobiernan a los jueces. En cualquier caso, hoy las mayorías en el Congreso están como están, el Grupo Popular no puede por sí solo aprobar esas reformas que piden, pero estamos negociando con Ciudadanos y PSOE.

–Con el procés catalán, ¿no se le echado toda la presión a los jueces de un problema que no han sido capaces de resolver los políticos?

–Son dos planos distintos que deben tener caminos diferentes. El plano de la Justicia está asociado con la presunta comisión de delitos, y ahí no hay política que valga; y desde el punto de vista de la política, sin duda hay que abordar la negociación con un gobierno autonómico que ha presentado unas reivindicaciones y con quienes hemos estado sentados. A veces se ha dicho que no ha habido diálogo y que por eso aparecía la Justicia, eso es una confusión maniquea. No es que la Justicia actúe en lugar de la política, actúa cuando se han cometido delitos. Ha habido negociación, pero cuando una parte quiere celebrar un referéndum de independencia, eso no es posible, no se puede negociar lo que no cabe en nuestra Constitución.

–¿La presión social y política excesiva no está llevando en ocasiones a los fiscales a pedir penas desproporcionadas, por ejemplo, de terrorismo?

–Nos puede sorprender porque asociamos terrorismo a las acciones de ETA, venimos de esa etapa, pero el terrorismo en el Código Penal es mucho más amplio que eso. El Tribunal Supremo y también el Constitucional han dicho que cuando se utiliza la violencia para generar temor e infundir terror en la sociedad, eso es terrorismo. Si los jueces luego consideran que es un tipo delictivo distinto, pues seguro que en un proceso judicial con todas las garantías se acaba juzgando.

–Ha habido casos en Extremadura recientes de juicios aplazados hasta que se diga si la Ley de Seguridad Ciudadana es constitucional o no. ¿Le consta que los jueces no quieran aplicar esta Ley?

–No conozco el caso, pero debe ser una excepción porque la Ley de Seguridad Ciudadana se está aplicando cada día, y es una ley orientada a garantizar derechos, no a limitarlos salvo para aquellos que quieren alterar la convivencia ciudadana. La gente de orden no debe preocuparse por esta ley. Un recurso ante el Constitucional no tiene efectos suspensivos, no es habitual.

Más información

–¿Ha revisado estos días qué se informa de su currículum por si debe hacer alguna precisión?

–No, no tengo ningún problema con mi currículum. Hice mi licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense y luego mis oposiciones muy joven con 24 años ingresé en la Administración Pública y me he dedicado a trabajar, no he continuado con vida académica.

–El caso Cifuentes ya está en los tribunales, ¿cuál es su visión?

–Mi deseo e que se aclare cuanto antes. En el plano universitario, las condiciones en que se expidió esa titulación y se celebró ese máster, y en segundo lugar que la Fiscalía lleve a cabo sus investigaciones. Pero lo razonable en este caso, y en otros que se exigen responsabilidades prematuras, es esperar a conocer todos los hechos y sacar luego conclusiones. A veces se cometen errores, como con doña Rita Barberá o Pilar Barreiro.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos