Una empresaria se enfrenta a 23 años de cárcel por defraudar 7 millones en IVA

La Audiencia Provincial de Badajoz juzgará a partir del martes a una empresaria portuguesa, a su madre, también empresaria, y al director de una gestoría tributaria especializada en la recuperación de impuestos por su presunta relación con un fraude tributario de casi 7 millones de euros.

La Fiscalía de Badajoz cree que esa fue la cantidad de dinero entregada por la Hacienda pública española en concepto de devolución de IVA a varias empresas lusas que simulaban compras millonarias realizadas en territorio español, unos hechos por los que se solicitan penas de entre 23 y 6 años de prisión.

Detrás de esos hechos está la ciudadana portuguesa A. M. F., que usó tres empresas radicadas al otro lado de la Raya de las que ella era administradora única (A.M. Higiene e Limpieza, Interalba y Estructuralba) para generar facturas en las que figuraban compras de productos o servicios realizadas a 13 firmas radicadas en territorio español del sector de la alimentación y los productos cárnicos

En esas facturas inventadas aparecía el correspondiente IVA –en esa época se movía en una horquilla que iba del 16% (tipo normal) al 4% (superreducido)–, por lo que la acusada podía solicitar a la Hacienda española la devolución de ese impuesto dado que las empresas no radicadas en territorio español no están obligadas a pagar ese impuesto.

Ninguna de las sociedades a las que se realizaron esas supuestas compras ha reconocido la autenticidad de los documentos y tampoco los conceptos que aparecen en ellas. Esa circunstancia llevó a la Fiscalía a valorar el fraude en 6.8 millones de euros: 147.706 euros en 2005, 760.029 en 2006, 1.441.620 en 2007, 1.635.980 en 2008, 1.627.501 en 2009, 1.041.143 en 2010 y 151.894 euros en 2011.

Además, en el ejercicio 2011 fueron presentadas nuevas solicitudes por otros 663.523 euros, cantidad que no fue abonada a las empresas portuguesas porque ya estaba en marcha una investigación pionera en la lucha contra este tipo de fraude que fue impulsada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), la Fiscalía de Badajoz y el juzgado con el apoyo del Servicio de Vigilancia Aduanera.

La acusación pública comprobó que la devolución del IVAfue realizada a través de Negóbiter S.L., una empresa radicada en Vitoria especializada en este tipo de gestiones tributarias. El director de esa empresa era A. P. U. A., que está acusado de aportar«sus conocimientos y experiencia en la materia, logrando para su empresa comisiones por un total de 533.735 euros entre 2005 y 2011».

La Fiscalía analizó 58 expedientes de devolución de IVA, pero el dinero recibido de Hacienda no lo ingresó en las cuentas de las tres empresas portuguesas sino en dos cuentas de las que era titular la principal acusada. En total, la empresaria recibió 6.114.529 euros de los que dispuso en beneficio propio.

Buena parte fue empleada en la adquisición de obras de arte y mobiliario en Portugal, así como en la construcción de un lujoso chalet en Torres Vedras (Portugal) que puso a nombre de su madre, A. M. F., que está acusada de colaborar en la ocultación del dinero. Otra parte la utilizó en adquirir un piso en Badajoz y un vehículo de alta gama, además de productos financieros.

La Fiscalía detecta siete delitos contra la Hacienda Pública por defraudación tributaria, un delito continuado de falsedad documental y un delito continuado de blanqueo de capitales. De los tres hechos es acusada A. M. F., para quien la Fiscalía pide 23 años de prisión (2 por cada delito contra la Hacienda, 3 por el de falsedad y 6 por el de blanqueo). Para su madre solicita seis años de cárcel por delito continuado de blanqueo de capitales, y para A. P. U. A. 14 años por los siete delitos contra la Hacienda pública. Además, los tres acusados deberían indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública estatal con las cantidades defraudadas.

No es la primera vez que esta causa llega a la Audiencia. El juicio iba a celebrarse en enero de 2019 pero fue suspendido porque la madre de la principal acusada no asistió a la vista.