Educación plantea que los colegios puedan firmar contratos menores

Alumnos en el primer día de clase en un colegio público de Mérida/BRÍGIDO
Alumnos en el primer día de clase en un colegio público de Mérida / BRÍGIDO

La Junta de Extremadura elabora un proyecto de borrador para regular la gestión autónoma de los centros públicos no universitarios

Juan Soriano
JUAN SORIANO

La Consejería de Educación y Empleo plantea delegar en los colegios de la región la suscripción de contratos menores de obras, servicios o suministros. Es una de las novedades contenidas en el proyecto de decreto que regula la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios.

Este texto aún se encuentra en una fase inicial y puede pasar por varios cambios, pero representa la propuesta de la Administración regional para regular en la comunidad una cuestión que aún tiene como base la legislación nacional.

Como recoge la exposición de motivos del proyecto de decreto, la autonomía de los centros educativos cuenta con una tradición consolidada en la legislación española. La Constitución ya contempla la participación de la comunidad educativa en el funcionamiento de los servicios, un principio que fue regulado en una ley de 1987.

La Ley de Educación de Extremadura también recoge la gestión autónoma de los centros y prevé una regulación específica. Sin embargo, y a pesar de que la Junta asumió las competencias educativas en el año 2000, hasta ahora la comunidad ha seguido la legislación básica estatal.

En la actualidad los institutos cuentan con una gran autonomía de gestión, pero no tanto los colegios, que necesitan el visto bueno de la Administración para realizar actuaciones como la reparación de una avería eléctrica. Con la propuesta normativa se plantea por un lado establecer un régimen específico en la comunidad y por otro incidir en la autonomía de estos centros.

El proyecto de decreto señala que, teniendo en cuenta la experiencia acumulada desde la transferencia de las competencias educativas, así como los problemas derivados de la ausencia de desarrollo normativo propio en esta materia, se plantea una regulación específica para «potenciar los aspectos singulares de la autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios».

El objetivo es impulsar y dotar de contenido efectivo a la autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Extremadura y poder prestar el servicio público de la educación con el máximo de eficacia, modernización y desconcentración de su gestión.

Para todos los centros

La nueva norma será de aplicación para todos los centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería deEducación y Empleo, desde Infantil a Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación profesional, escuelas de idiomas, enseñanzas artísticas, deportivas y educación de personas adultas. También afectará a colegios rurales agrupados, escuelas-hogar, residencias de educación Secundaria, Escuela Superior de Arte Dramático, centros de profesores, centros de educación permanente de adultos y los equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales, de atención temprana y específicos.

La autonomía de gestión económica se plantea como un medio para la mejora de la calidad en la educación. Se define como la administración y utilización responsable por el propio centro de su presupuesto y de los recursos económicos necesarios para su funcionamiento. Pero el proyecto de decreto añade que comporta una atribución añadida de responsabilidad a los centros docentes, especialmente a quien ocupa su dirección.

Como muestra, se establece en una disposición adicional que los directores podrán realizar contratos menores de obras (hasta 40.000 euros), servicios y suministros (15.000 euros en ambos casos), con la regulación que establezca la Junta.

El proyecto de decreto contempla incluso la delegación de contratos que no sean menores

Además, los órganos de la Administración educativa competentes en materia de contratación podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros docentes públicos la contratación de obras, servicios y suministros, que no tengan la consideración de contratos menores, hasta el límite cuantitativo máximo que resulte de los fondos transferidos a cada centro.

Junto a esto, otra de las novedades será que el presupuesto de los centros docentes deberá coincidir con el año natural, en correspondencia con las leyes presupuestarias de las Administraciones Públicas. Actualmente los centros funcionan con previsiones adaptadas al curso escolar, aunque deben elaborar una cuenta de gestión que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero de aprobarse el nuevo decreto deberán adaptar su funcionamiento.

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