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Jueves, 1 de enero 1970
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Las reclamaciones comenzaron a llegar a la Consejería de Educación en el primer trimestre del año y, tras el silencio administrativo como respuesta, algunas están ya en vía judicial. De hecho, a finales de próximo noviembre se celebrará la primera vista en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres.
«En este caso se trata de un interino que ha trabajado de forma concatenada, a jornada completa, durante una década», explica Luis López Domínguez, el abogado que representa a la mayoría de los más de cien docentes que, según él, han iniciado los trámites para ser considerados indefinidos no fijos.
«El reconocimiento de esta figura conllevaría que los interinos no perderían su puesto de trabajo, sin necesidad de pasar por una oposición, porque tendrían derecho a una plaza, aunque no sea en propiedad, al ser considerados indefinidos no fijos», señala el letrado.
Según su explicación, es desde el año 2000, cuando Extremadura asumió las competencias educativas, desde cuando se ha venido dando esta situación que, dice López, es fraude de ley». «Estamos hablando -señala- de interinos que llevan desde entonces trabajando, curso tras curso, de tal modo que se les rescinde el contrato el 31 de agosto y se les vuelve a contratar unos cuantos días después, a partir del 8 de septiembre en cualquier caso, pero sin que cada año tenga lugar su incorporación el mismo día porque no hay un criterio para la Administración más allá que el de ahorrar costes».
Esta situación supone que los docentes acumulan contratos concatenados que les permitirían ser considerados indefinidos no fijos, «lo que obligaría a la Administración a tener que llamarles cada curso para que ocuparan una plaza», insiste el letrado, que también ha solicitado que «cuando se produzca un cese, el interino sea indemnizado por el tiempo trabajado, algo que tampoco está ocurriendo en la actualidad».
Del centenar de interinos que han iniciado los trámites para lograr ser reconocidos como indefinidos no fijos, más de una veintena ya están en la vía judicial. «El primer juicio es en Cáceres y los siguientes se llevarán a cabo en juzgados de Badajoz», añade Luis López Domínguez.
Ha sido Europa la que ha abierto la opción de estas reclamaciones, con una sentencia a favor del reconocimiento en 2016. Desde entonces las peticiones de indefinidos no fijos se han comenzado a producir en diferentes lugares del país.
En el caso de Extremadura, estas reclamaciones judiciales a las que se enfrenta la Consejería de Educación por la situación de los docentes interinos se suman a la nueva demanda planteada por el sindicato CSIF contra la Administración por incumplir la sentencia que dice que los interinos tienen que empezar a trabajar cada curso, como los funcionarios de carrera, los que tienen una plaza en propiedad, el 1 de septiembre.
La Consejería de Educación no ha cumplido con esta sentencia, ganada por la citada central en los tribunales, porque la misma no es firme y ha optado por recurrirla a instancias judiciales superiores. Cabe recordar que el número de interinos que en la región trabajan el curso completo, y que por tanto deberían incorporarse el 1 de septiembre, ronda los 3.000. La demora en su incorporación a las aulas durante unos días cada septiembre, como en este curso cuando han comenzado a trabajar el día 10 en lugar del 1, supone un ahorro para las arcas públicas superior al millón de euros.
CSIF ha instado a Educación a que habilite las partidas precisas para que los interinos puedan incorporarse en los próximos cursos el 1 de septiembre. «A los interinos les interesa tener los máximos días posibles de cotización y también de contratos para los procesos selectivos, en los que les influye el tiempo trabajado», ha argumentado esta central sindical.
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