Educación cambia de centro a los menores acusados de agresión sexual en Almendralejo

«La Consejería de Educación, a través de la Inspección Educativa, y en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Fiscalía de Menores, ha procedido a realizar las actuaciones educativas correspondientes», informa el departamento que dirige Mercedes Vaquera.

«De esta forma, los presuntos agresores no continuarán su formación en las mismas dependencias del centro, sin perjuicio de que su derecho a la educación se siga manteniendo garantizado», aclara la consejería, que no da más datos al respecto «porque el caso se encuentra en investigación judicial y todos los implicados son menores de edad».

En cualquier caso, garantizando su derecho a la educación, los presuntos agresores han vuelto a clase, pero han sido trasladados del aula en el que se encontraban para cumplir también con lo decretado por el Juzgado de Menores, que ha prohibido que se acerquen a menos de 100 metros de la víctima.

Tampoco pueden comunicarse con él por cualquier medio o a través de terceras personas hasta que recaiga una sentencia firme sobre un caso que fue denunciado ante la Policía Nacional por la familia del menor agredido el 28 de marzo.

Según esa denuncia, que hizo pública la Asociación contra el acoso escolar de Cáceres (Acoes), la agresión de los cuatro menores se habría producido entre el 17 y el 27 de marzo. Tras conocerse, los responsables fueron expulsados del Carolina Coronado como medida cautelar. La decisión la adoptó la Consejería de Educación y la presidenta de la Junta, María Guardiola, concretó después que se habían establecido 29 días de expulsión, lo máximo que permite el protocolo. Transcurrido este periodo, los cuatro presuntos agresores han regresado a clase pero no al instituto de Almendralejo en el que cursaban un ciclo formativo.

Los hechos denunciados se produjeron en el vestuario del instituto, donde no hay cámaras, según detalló la presidenta de Acoes, Maribel Mendoza. Ante los medios de comunicación contó que los supuestos agresores dieron «golpes en la cabeza y en la espalda» a la víctima, un menor de 16 años, «le ataron las manos y le obligaron a agacharse para realizar sexo oral».

«Durante los episodios fue golpeado en la cabeza con un palo, le amordazaron y le taparon la boca», añadió Mendoza. «El 20 de marzo el menor le dijo a la madre que se encontraba mal y no quería ir al instituto, pero el 21 fue agredido de nuevo por sus compañeros y el 24 y 25 siguen los tocamientos y las amenazas».

El día 26 es cuando el menor lo puso en conocimiento de un profesor y este llamó a la madre para contarle lo sucedido, según siempre el relato de la presidenta de la asociación. La madre, seguidamente, después de que su hijo fuera atendido en el Hospital Tierra de Barros para su examen médico, presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, que investigó los hechos y dio traslado de los mismos al Juzgado de Menores.

Los cuatro acusados se personaron en la sede del Juzgado de Menores en Badajoz para testificar el 3 de abril. Llegaron por separado y acompañados por sus familias. Ante el fiscal de menores, expresaron su versión de lo ocurrido, y negaron haber agredido física y sexualmente al menor que denunció los hechos.

No obstante, reconocieron que hubo algunos empujones y que le ataron las manos «de broma y con su consentimiento» en lo que, según declararon, era un «juego entre amigos».

Estos hechos, sin embargo, tuvieron consecuencias dolorosas para el menor agredido. Maribel Mendoza aseguró tras hacer pública de la denuncia que «el niño psicológicamente está roto y no puede salir de casa, aunque el instituto se ha ofrecido a que vuelva en cualquier momento». Según ella, lo ha hecho tras Semana Santa, cuando se ha incorporado de nuevo a clase en su aula del Carolina Coronado.

Mientras continúa el proceso judicial en el Juzgado de Menores, que tendrá que determinar si los hechos se produjeron como han sido denunciados y, en consecuencia, las medidas impuestas a los cuatro menores por la agresión sexual.

Este caso ha vuelto a generar alarma en Almendralejo, la localidad que hace un año se convirtió en foco mediático de primer nivel tras la denuncia pública que madres de menores realizaron al constatar que fotografías de sus hijas habían sido manipuladas a través de aplicaciones de Inteligencia Artificial, para que las menores aparecieran sin ropa, y posteriormente se difundieron en redes sociales y por grupos de mensajería instantánea.

El caso implicó a una quincena de menores, a los que el ministerio público les imputó la comisión de un delito de pornografía infantil y otro de vulneración de los derechos a la intimidad y al honor, y que se zanjó con un acuerdo entre las partes.

Las defensas de los acusados y las víctimas consideraron adecuada la propuesta de la fiscal, al coincidir en la necesidad de evitar un juicio y con él la exposición mediática de nuevo de los menores, y se les impuso a todos un año de libertad vigilada con la obligación de asistir a talleres de formación en la correcta gestión de las tecnologías, igualdad de género y educación afectivo-sexual.