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La Junta plantea que la justicia europea se pronuncie sobre Isla Valdecañas

La Junta plantea que la justicia europea se pronuncie sobre Isla Valdecañas

El Gobierno autonómico cree que el Constitucional contradice la normativa comunitaria cuando prohíbe edificar sobre terrenos de la Red Natura

A. Armero

Jueves, 16 de enero 2020, 16:39

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La Junta quiere abrir un nuevo escenario judicial en el caso Marina Isla Valdecañas, el complejo vacacional y de ocio que lleva 12 años en los tribunales y sobre el que aún se mantiene la incógnita de si el TSJEx (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura) ordenará o no su derribo. Esta última cuestión es el asunto central, la interrogante social y jurídica todavía sin respuesta, pero paralelos a este asunto nuclear hay otros que pueden acabar afectándole. El principal de estos procedimientos colaterales son las cuestiones de inconstitucionalidad, que ahora dan pie al Gobierno regional a plantear que entre en escena un nuevo actor: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La tesis que la Junta acaba de poner encima de la mesa es que España contradice a Europa cuando sentencia que no es posible modificar terrenos ubicados en la Red Natura 2000.

Entender por qué los servicios jurídicos del Gobierno regional plantean ahora esta posibilidad obliga a echar la vista atrás hasta marzo del año 2011. A los 20 días de la primera sentencia que declaraba ilegal el proyecto que permitió levantar el resort, PSOE y PP aprobaron en la Asamblea introducir en la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura, ya derogada, una modificación que aún colea, y que en su párrafo clave decía así: «La mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable».

Este texto movió al TSJEx a plantear una cuestión de inconstitucionalidad en la que preguntaba si ese artículo y una disposición adicional relacionada con él contradecían normativa estatal y por tanto eran contrarios a la Constitución. Y el TC admitió parcialmente esa cuestión. Falló que el artículo era inconstitucional pero no la disposición que lo desarrollaba. De los once magistrados que analizaron el asunto, uno emitió un voto contrario al mayoritario.

Usó unos argumentos que la Junta hace suyos ahora, en las alegaciones que hace unos días presentó ante el TSJEx, relacionadas no con esta cuestión de inconstitucionalidad sino con otra que afecta a la homologación del Proyecto de Interés Regional que permitió edificar el resort y al plan urbanístico de El Gordo, una de las localidades sobre cuyo suelo se levantó el complejo.

«El TC restringe demasiado»

«Nuestros servicios jurídicos –explica la Junta– sostienen que las directivas europeas (la Hábitat, entre ellas) no son tan restrictivas como lo ha entendido el TC». Además, el Gobierno regional aclara que no ha pedido al TSJEx que eleve al TJUE la cuestión prejudicial. En rigor, lo que hace es plantear una tesis que de ser aceptada, llevaría al TSJEx a plantear la cuestión prejudicial (solo los juzgados pueden hacerlo). El Ejecutivo autonómico concluye su comunicado afirmando que «trabaja en la defensa del interés general».

Para José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, «no es el momento procesal de plantear lo que plantea la Junta, que debería haberlo hecho mucho antes». «La Junta –añade– sigue en su huida hacia adelante, en vez de asumir sus responsabilidades», añade Trillo, que cree que el TSJEx no atenderá los argumentos del Gobierno regional.

En opinión de Ángel García Calle, responsable de Ecologistas en Acción en la comunidad, estamos ante «una maniobra para dilatar el proceso, dentro de la estrategia de la Junta de dar una patada al balón hacia adelante pese a ir perdiendo el partido por goleada».

Y para María Ángeles López Lax, abogada de Adenex, el planteamiento del Ejecutivo extremeño «es un absurdo jurídico que no tiene ni pies ni cabeza, un último intento por dilatar el procedimiento». La letrada destaca que «si el TSJEx dudara sobre lo que expone ahora la Junta, ya le habría preguntado al TJUE al inicio del proceso». Yañade que «lo que se ha hecho con Isla Valdecañas, y esto es obvio, no es construir, sino urbanizar, que es una cosa distinta».

Los ecologistas creen que los políticos deben pedir perdón a los extremeños

Representantes de seis colectivos conservacionistas (Ecologistas en Acción, Adenex, Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife y Amigos de la Tierra) comparecieron este jueves en Mérida para exigir que Marina Isla Valdecañas sea demolido y también responsabilidades políticas. «La decepción que supone Isla Valdecañas debería provocar dimisiones y la petición de disculpas de los responsables políticos a toda la sociedad extremeña», afirman en un comunicado Ecologistas en Acción Extremadura y Adenex, las dos asociaciones que iniciaron la causa judicial hace más de doce años.

«Pocas veces –añaden– se encuentra un caso tan claro de vulneración flagrante de la legislación ambiental y urbanística». «Exigimos a las administraciones responsables de este despropósito que asuman sus responsabilidades y se coloquen en el lado correcto, el del cumplimiento de la ley», mantienen los dos colectivos en su nota de prensa. En ella aseguran también que el complejo ubicado en El Gordo y Berrocalejo «era la primera de una serie de actuaciones similares, que intentaban reproducir el desarrollismo de nuestro litoral mediterráneo en espacios protegidos del interior de Extremadura».

Esa comparecencia en la capital autonómica motivó horas después la emisión de un comunicado público conjunto por parte de las tres comunidades de propietarios del complejo. En él afirman que compraron sus viviendas sin tener noticias de que estuvieran afectadas por un proceso judicial, y anticipan que la demolición del resort, además de implicar «enormes costes económicos y perjuicios sociales para la zona», «solo conseguiría devolver el terreno a un estado peor al que tenía antes del complejo, cuando era un vertedero». Por último, muestran su disposición a hablar con todas las partes para buscar una solución que no sea derribar.

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