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Directo Directo | La Vera Cruz también cancela su salida, tercera suspensión del día en Cáceres

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No me quito de la cabeza las imágenes, ayer lunes, de los coches de la Guardia Civil entrando en el garaje del Congreso trasladando a los diputados electos independentistas que están siendo juzgados en el Supremo. Y, una vez en el interior del Congreso, de esa conducción por los pasillos -discreta, pero conducción a fin de cuentas- a cargo de policías de paisano hacia la sala donde debían firmar su registro y su acta. Policías vigilando a diputados dentro del Congreso: nadie podrá negar el carácter de extrema excepcionalidad a lo vivido ayer, que continuará hoy con el juramento o promesa de su condición de diputados y las votaciones para elegir la Mesa. Tampoco nadie, salvo quienes quieran hacer de todo esto una ocasión más para envenenar la convivencia, podrá mirar estos episodios sin sentir la amargura que de ellos se desprende.

Algunos dirán que el tamaño de la situación de excepción que se vivió ayer en el Congreso se corresponde con el tamaño de la injusticia que se está haciendo con unos representantes públicos inocentes de los cargos de que se les acusa; otros dirán, yo entre ellos, que lo que invoca esa situación de excepción es el tamaño de las responsabilidades de esos representantes públicos al romper el marco democrático sin respetar la Ley ni los derechos de los ciudadanos.

Pero lo que debiera diferenciarnos de quienes rompieron la legalidad es el respeto a la legalidad. Por eso ayer vi también con amargura aunque con cada vez menos estupor -ya se sabe que nos acostumbramos a todo- cómo hay representantes de partidos políticos (pienso ahora en PP y Ciudadanos; a Vox ni lo tengo en cuenta) que se les está yendo la mano en esa carrera desenfrenada por ser el que más lejos llega en la tarea de deslegitimar al independentismo. Tan lejos están llegando ya que se diría que la ley les está empezando a parecer un engorro. Ayer pidieron la inmediata suspensión de la condición de diputados de los juzgados, apelando a un artículo del Reglamento del Congreso que establece tres condiciones para ello, entre la que se encuentra el suplicatorio, que no ha sido ni siquiera solicitado y que por tanto y hasta que se apruebe con los votos de los diputados, impide la suspensión. Y ayer también, -más preocupante- el líder de Ciudadanos se aventuró a poner límites a las ideas para poseer la condición de representante electo. Dijo Albert Rivera: «Aquí se sientan quienes defienden al pueblo español». Yo creía que lo que nos ha hecho democráticamente ejemplares es que el Congreso acoge y en él han expresado sus ideas -y se las ha rebatido-, incluso quienes no defienden al pueblo español.

«Tan lejos están llegando PP y Cs en su tarea de deslegitimar el independentismo, que la ley les va pareciendo un engorro»

Si me pongo a pensar, en esa frase no veo más que el desvarío de una torpe declaración a favor del independentismo porque negar el derecho a ser representante en el Congreso a quien no defiende España es negar la condición de españoles a quienes lo eligen. La soberanía ya no residiría en el pueblo, sino en esa parte del pueblo que piensa sobre España como le gusta a Albert Rivera. «No se van, los echamos», le faltó decir. Ni en sus mejores sueños pudieran concebir los independentistas un camino más fácil hacia la independencia que el que les concede el líder de Ciudadanos.

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