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J. S.
MÉRIDA.
Sábado, 2 de junio 2018, 08:35
Una duda legal que debe resolver la Comisión Europea mantiene en el aire las ayudas autonómicas a plantas de fabricación de biomasa. La Consejería de Economía contaba con más de 2 millones de euros el pasado año para este fin, pero aún no ha podido aprobar una línea de subvenciones que no ha pasado de proyecto de decreto.
La directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, Olga García, explicó el pasado martes en la Asamblea las dificultades por las que han pasado las medidas para el fomento de la oferta de biomasa, que en los Presupuestos de 2017 contaban con una dotación de 2.718.093 euros.
Como recordó Olga García, esta línea se financia con cargo al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, que no fue aprobado hasta noviembre de 2015. Pero cuando se inició la redacción de las bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar la fabricación de biomasa se apreció una posible limitación sobre qué actividades podrían considerarse objeto de subvención, en concreto la posibilidad de financiar actuaciones relacionadas tanto con un primer tratamiento de la madera como con uno secundario.
Por este motivo, en agosto de 2016 la Dirección General de Industria decidió plantear a la Comisión Europea una consulta para clarificar estas dudas y determinar de forma inequívoca las posibles actuaciones a desarrollar. Eso hizo que hasta bien entrado 2017 no se pudiera iniciar la tramitación de estas ayudas.
En la actualidad el proyecto de decreto que regulará estas subvenciones se encuentra en fase de tramitación, pero Economía señala que está pendiente de decisión por parte de la Comisión Europea desde el mes de octubre del pasado año. Esto explica por qué no se gastó nada del dinero disponible para 2017.
Según recoge el proyecto de decreto, las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa plantean ayudas de hasta 2 millones de euros para la construcción, adaptación o ampliación de establecimientos dedicados a la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, incluidos los pellets y el carbón vegetal.
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