«Es doloroso, pero la Iglesia debe afrontar los abusos a menores para ser creíble»

Carlos Torres, secretario general del Arzobispado de Mérida-Badajoz, en su despacho. :: /HOY
Carlos Torres, secretario general del Arzobispado de Mérida-Badajoz, en su despacho. :: / HOY

Las diócesis reafirman que serán inflexibles para evitar nuevos casos de pederastia en una región donde ha habido siete condenas en 30 años

Evaristo Fdez. de Vega
EVARISTO FDEZ. DE VEGABadajoz

«Nadie tiene excusas para no tomarse en serio el problema de los abusos». La frase es de Carlos Torres, secretario general de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, y resume el sentir de la Iglesia extremeña tras el Encuentro sobre la Protección de los Menores que se celebró a finales de febrero en Roma para abordar el problema de la pederastia en el clero.

Esa reunión puso el foco en un problema que amenaza la credibilidad de una institución religiosa que ha recibido esta semana un nuevo mazazo: la condena de seis años de cárcel para el cardenal australiano George Pell, exresponsable de las Finanzas vaticanas, por abusar sexualmente de dos menores en la década de 1990.

El empeño de Francisco por abordar esos abusos calificados por el propio Papa como «monstruosidades» no es un empeño exclusivo de El Vaticano. La Iglesia extremeña también se ha embarcado en la lucha contra la pederastia y el pasado mes de octubre aprobó un protocolo en el que se compromete a comunicar a la Fiscalía todas las denuncias de abusos de menores de las que tenga conocimiento.

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La última condena que ha sacudido a la Iglesia extremeña es la del sacerdote pacense José Donoso, destinado durante los últimos años como párroco en Mengabril (Badajoz). Fue condenado a 17 años de prisión por abusar sexualmente de dos menores y ya cumple condena, aunque la sentencia está recurrida.

Para las diócesis de Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Plasencia y Toledo, todas ellas con presencia en territorio extremeño, el principio de actuación es el mismo que predica desde Roma el Papa Francisco. «Si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso –que representa ya en sí mismo una monstruosidad–, ese caso será afrontado con la mayor seriedad».

Esas palabras se transformarán pronto en un reglamento de aplicación obligatorio en todas las diócesis del mundo. Pero mientras llega esa norma, la Iglesia extremeña avanza en la lucha. «No se trata de crear una psicosis, pero sí hay que tener claro que al menor indicio hay que abrir una investigación rigurosa», añade Carlos Torres.

En la misma línea se ha expresado el vicario general de la Diócesis de Coria-Cáceres, Diego Zambrano. «Que un miembro de la Iglesia católica cometa un delito, y más de esta índole, supone una profunda consternación, sobre todo cuando se espera de él una conducta ejemplar conforme al Evangelio que predica».

«Ante estas situaciones sentimos dolor y desconcierto, porque aunque ciertamente son pocos los casos, provocan mucho dolor cuando ocurren... Pero tampoco podemos extender un velo de sospecha sobre toda la Iglesia, porque esos casos no son la generalidad y la mayoría de los sacerdotes están haciendo una labor digna de admiración», argumenta Torres.

«Número limitado»

El fiscal jefe de Badajoz, Juan Calixto Galán, ha confirmado que desde que ocupó el cargo hace ahora cuatro años se han investigado dos casos en la provincia de Badajoz: el del sacerdote de Mengabril y el de otro presbítero que fue condenado a seis meses de prisión por ofrecer dinero a un menor de 17 años a cambio de sexo junto a un instituto de Badajoz. «Afortunadamente, el número de casos aquí es limitado, pero es un asunto que nos preocupa porque esos hechos tienen consecuencias muy serias para las víctimas».

La trayectoria de la Fiscalía de Badajoz en la lucha contra estos hechos viene de lejos. A principios de la década de 1990 el empeño de una fiscal que entonces estaba iniciando su carrera permitió condenar a un sacerdote que había abusado sexualmente de un menor desde que el chico tenía 15 años.

Los hechos se descubrieron después de que la víctima, con 21 años cumplidos, apuñalase en cuatro ocasiones al sacerdote para poner fin a la relación que tenían.

Existe un protocolo que obliga a comunicar cualquier hecho que conozcan a la Fiscalía

Ese caso, desconocido para los sacerdotes más jóvenes, debió suponer un antes y un después para el clero extremeño, que en una época en la que apenas se denunciaban este tipo de hechos se vio sacudido por aquel terrible suceso.

El secretario de la Diócesis de Mérida-Badajoz ha confirmado que cuando se tiene conocimiento de una denuncia de este tipo se aplica a rajatabla el protocolo aprobado el pasado año por las tres diócesis extremeñas.

En ese documento se indica que el sacerdote tiene la obligación de informar al vicario general de la diócesis (el número dos del obispado), quien a su vez debe comunicárselo al obispo, que es el encargado de notificar los hechos a los servicios especializados de menores y al Ministerio Fiscal. «En estos momentos es imposible que se escape un caso», asevera.

Esa medida pone en marcha la maquinaria judicial, puesto que estas denuncias son investigadas por las Fiscalías de Badajoz o Cáceres con el apoyo de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

De forma paralela, la Iglesia debe iniciar un procedimiento eclesiástico, que comienza con el nombramiento de un instructor y la apertura de una investigación previa en la que se toma declaración al denunciante, al acusado y a los posibles testigos.

Cuando el instructor termina el informe, debe entregárselo al obispo, que es el encargado de enviarlo a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Allí, un tribunal –la iglesia lo llama colegio– formado por varios cardenales analiza el caso y decide si el procedimiento eclesial debe culminarse en la diócesis donde se produjeron los hechos o en El Vaticano, opción que se aplica cuando la investigación es muy compleja.

Cuando el caso vuelve a la diócesis se celebra una especie de juicio y las actas finales son enviadas a la Congregación de la Doctrina de la Fe para que proponga la pena que se aplica, tal y como ocurrió con el sacerdote condenado por ofrecer dinero a cambio de sexo a un menor de Badajoz.

«El centro de gravedad gira ahora en torno a la protección de la infancia», afirma el secretario de Mérida-Badajoz

En ese caso, fue apartado de forma indefinida del ministerio sacerdotal, por lo que en la actualidad –el condenado está ingresado en una residencia de ancianos– no puede decir misa ni administrar ninguno de los sacramento.

«El centro de gravedad en este tipo de casos gira ahora en torno a la protección de la infancia», señala Torres, que ofrece a las posibles víctimas la posibilidad de denunciarlos. «Es algo doloroso, pero también es algo que la Iglesia debe afrontar para ser creíble en su anuncio del Evangelio. No sé si surgirán nuevos casos, pero de aquí en adelante será mucho más difícil que ocurran porque hay una sensibilidad clara», concluye Torres.