Los «despidos ideológicos» del PP costaron dos millones a GPEx, según su actual gerente

EFE

El gerente de Gpex, José María Sánchez, ha asegurado este viernes que los despidos «caprichosos» e «ideológicos» de unas cien trabajadores que se llevaron a cabo en este grupo de empresas públicas de la Junta de Extremadura en la etapa de gobierno del PP costaron unos dos millones de euros.

En una comparecencia ante la comisión de investigación de la contratación de personal en las empresas públicas extremeñas, Sánchez ha subrayado, a pregunta del PSOE, que la mayoría de las sentencias fueron por despidos improcedentes y en algunos casos, además, hubo que readmitir a los trabajadores.

Sánchez ha subrayado que al asumir la gerencia en agosto de 2015 se encontró con una situación de «crispación» y de «caos» en materia de personal, ya que había más de mil trabajadores procedentes de ocho empresas distintas y de la matriz y no había convenio colectivo.

La relación de puestos de trabajo (RPT) era «dispersa y desordenada» y por la misma función había una distinta clasificación profesional y se podía cobrar un sueldo de 18.000 o de 35.000 euros, ha puesto como ejemplo.

En junio de 2016, ha señalado, se firmó el convenio colectivo que encuadró a los trabajadores en cinco grupos, con perfiles y carreras profesionales, además de restaurar los programas de formación o establecer un plan igual de hombres y mujeres.

Como ha dicho previamente el director de Recursos Humanos de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (Gpex), Nicolás Palacios, ha insistido en que los procesos de selección, que mejoraron en 2016 y 2017, se hacen bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que prima la objetividad, la transparencia y la imparcialidad.

En respuesta al diputado de Podemos José Luis Murillo, que ha planteado que los procesos selectivos distan mucho de desarrollarse con las garantías debidas, Sánchez ha aseverado que aunque tienen que dar respuesta rápida a los encargos, se hace con garantías conforme a la normativa.

En este sentido, ha advertido de que si el procedimiento fuera como unas oposiciones, la empresa «no sería operativa» para dar respuesta en un mes o mes y medio.

Además, ha aclarado a Murillo, que ha preguntado por la cesión ilegal de trabajadores denunciada por los sindicatos, que son «casos muy puntuales».

La diputada del PP Eva Pérez se ha centrado en los nombramientos de los gerentes de Gebidexsa Salustiano Flores y Pedro Álvarez, y de José María Carrasco, todos ellos ediles del PSOE.

Sánchez ha contestado que a Álvarez no le conocía y que a los otros dos únicamente de vista.

Ha asegurado que no se dio ninguna instrucción a Adverto Consultores, que se ocupó del proceso de selección de Flores y de Carrasco, y ha confirmado que esta firma también se usó en la etapa del PP.

Sobre los méritos de Carrasco en el proceso de selección respecto al segundo clasificado, que tenía un «currículum enorme», según la diputada del PP, el gerente de Gpex ha respondido que no hay ninguna ley que impida a un alcalde o presidente de mancomunidad ser nombrado para el puesto.

Ha aclarado que Álvarez, que sustituyó a Flores dos meses después de que éste accediera a la gerencia, que fue elegido por la Ley del Gobierno Abierto y que el puesto dejó de ser de alta dirección para convertirse en alto cargo.

La diputada del PSOE María Victoria Macías ha recordado que Álvarez expuso su currículum en la Asamblea y se sometió a su fiscalización.

Sánchez ha contestado a Macías que los informes del Tribunal de Cuentas referidos a la gestión en esta legislatura son «prácticamente limpios» y ha destacado que el grupo ha cerrado el 2018 con 1.180 trabajadores y casi el 80 % son ya indefinidos.

Macías se ha quejado de que el PSOE esté «limitado» en esta investigación porque el gerente de Gpex en la etapa del PP, Oscar García, no comparecerá en la comisión.

El presidente de la comisión, el popular Saturnino Marroyo, ha aclarado que García no comparecerá por motivos personales, lo que fue aceptado por toda la comisión, pero se puso a disposición de los diputados para responder a cualquier cuestión.

 

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