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TRIBUNA

Deportaciones de inmigrantes en los años 50

MOISÉS CAYETANO | DOCTOR EN GEOGRAFÍA E HISTORIA ·

Las estaciones de tren y autobús de Barcelona y alrededores pasaron a estar vigiladas por la policía, guardia civil y agentes del Servicio de Evacuación, que detectaban a inmigrantes de otras regiones, devolviéndolos a su origen fulminantemente

Domingo, 19 de agosto 2018, 11:55

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Tras la Guerra Civil española se detuvo el flujo migratorio, sangría de la España contemporánea –dirigido principalmente a Ultramar–, que ante la saturación del mercado americano se intensificó en el interior del país. La periferia minera e industrial (principalmente la cornisa cantábrica y Cataluña) fue recibiendo trabajadores provenientes del sector agrario, en especial andaluces, castellanos y extremeños.

Y aunque los años cuarenta serían de 'paralización migratoria', la situación en los campos del sur era desesperada para los jornaleros, que en los años cincuenta comenzarían a salir de sus lugares de origen para buscar acomodo en esas zonas de prosperidad que eran Asturias, País Vasco y Cataluña. Las avalanchas de inmigrantes 'a la aventura' sería considerable, hasta el punto que enseguida se rebasaba la oferta, originándose otros problemas anexos, fundamentalmente el de la vivienda, que los nuevos obreros resolvían de manera primaria, construyendo ilegalmente barracones, chabolas, todo tipo de infraviviendas, dando lugar a barrios sin infraestructuras de ninguna clase.

La Comisión Católica Española de Migración divulgaba en 1956 una circular, haciéndose eco de una carta del capellán de los obreros de Llanes-Avilés, donde se daba cuenta «de encontrarse en esta localidad de Avilés muchos obreros de esa y otras regiones de España sin trabajo y sin recursos», ante lo cual el Capellán ruega que «los Curas de Parroquias avisen públicamente a sus feligreses sobre este estado de cosas, con objeto de que no sigan viniendo y agravando el problema», pues gran parte «están a merced de la caridad, debido a que dichos obreros vienen por su cuenta y riesgo, en contra de los avisos oficiales cursados a esas regiones».

El problema era aún más grave en Barcelona, localidad fundamental de destino en esos años cincuenta, por lo que el Gobernador Provincial, Felipe Acedo Colunga, tomó una tajante decisión. El 4 de octubre de 1952 dictó una Orden, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia dos días después, en la que –alegando «la necesidad de hacer frente al complejo problema de la vivienda»– ordenaba a los Ayuntamiento «el cierre o vallado de los predios urbanos que se encontraren enclavados dentro del casco habitable», así como realización de «estadística completa de las 'viviendas no autorizadas', con expresión de sus habitantes y de los cabezas de familia que aparecieren como titulares, con el dato obligado de su profesión y contrato de trabajo». Ordenaba a alcaldes, jefe superior de la Policía de la provincia, comandantes del puesto de la Guardia Civil y comisarías locales que impidan «la entrada y subsiguiente permanencia en los respectivos términos municipales, de aquellas personas que por no tener domicilio tuvieren que recurrir a la 'vivienda no autorizada', debiéndolos remitir a este Gobierno Civil para su evacuación por el Servicio que se encuentra a este efecto establecido».

Lo de la 'evacuación' es un eufemismo, que debemos sustituir por 'expulsión' o, si se quiere, por 'deportación', pues una vez localizados los inmigrantes sin vivienda autorizada (las avalanchas humanas en los cinturones industriales no podían contar más que con infraviviendas ilegales), eran confinados en el antiguo Palacio de las Misiones desde donde se les reenviaba compulsivamente a su lugar de origen.

Este Palacio de las Misiones fue una obra del arquitecto Antoni Darder, para la Exposición Internacional de Barcelona, de 1929-1930. Tenía una superficie de 5.000 m2, dedicados a dar a conocer la labor de las instituciones misioneras. Durante la Guerra Civil sirvió como prisión, y posteriormente fue un refugio de indigentes. Ahora iba a desempeñar esa función de reclusión temporal de inmigrantes, en tanto se tramitaba su retorno forzado.

«Ignorantes, inmorales, mendigos, delincuentes, etc., toda una serie de acusaciones se difundieron desde púlpitos y desde tribunas de prensa, sobre los inmigrantes venidos de otras partes de España. Un clima de animadversión social que facilitó la puesta en marcha de (estas) duras medias», recordaba Manuel Peña Díaz el 11 de marzo pasado en https://cronicaglobal.elespanol.com.

Las estaciones de tren y de autobuses de Barcelona y poblaciones cercanas pasaron a estar permanentemente vigiladas por la policía armada, la guardia civil y los agentes del Servicio de Evacuación, que detectaban a potenciales inmigrantes, devolviéndolos a su origen fulminantemente. Esto dio lugar a que los trabajadores se las ingeniaran de mil formas para burlar la vigilancia: bajarse con cierta anterioridad y proseguir el viaje a pie; saltos por ventanillas y entre vagones; camuflarse entre equipajes… Esta terrible 'aventura' finalizaría cuando –con los Planes de Desarrollo de los años 60– se necesitara gran número de trabajadores sin cualificar para el desarrollismo subsiguiente a los Planes, de gran explosión industrial, servicios y construcción civil, a resultas de la liberalización en la entrada de inversiones y capitales extranjeros, desenvolvimiento turístico proveniente del exterior y apertura a los mercados internacionales. Ahora ya no importaba el problema de la vivienda –excusa del Gobernador de Barcelona y sus imitadores por otros lugares del país–, que siguió siendo la gran asignatura pendiente de los movimientos poblacionales interiores de esa década; ni importaba la infraestructura de agua, luz, pavimentaciones, saneamientos, escuelas inexistentes… de esos barrios de aluvión. Ahora todo era productividad, desarrollo desigual, consolidación de guetos donde «la ciudad cambia su nombre», como tituló una de sus memorables novelas Francisco Candel (1957) emigrante también, que vivió en sus carnes el problema.

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