Rubén Pérez Correa

Secretario de Estado de Infancia y Juventud

«Debe haber consecuencias para los autores de los falsos desnudos de Almendralejo»

–¿Este nuevo ministerio responde a una necesidad social o ha sido preciso para cuadrar el reparto de carteras entre PSOE y Sumar?

–Responde a una necesidad social, nace en respuesta a los debates abiertos en el país como el de los entornos digitales y su relación con los menores, la pobreza infantil o la situación de los niños migrantes.

–La iniciativa más relevante en el arranque de la legislatura es la constitución de un comité de sabios para crear entornos digitales seguros. ¿Urgen?

–Sin duda y, además, son posibles. Por eso, este grupo que ya ha empezado a trabajar, en el que hay representación extremeña, está una madre afectada por el caso Almendralejo, va a tener un primer diagnóstico en seis meses que será la base de una posterior ley integral de protección de los menores en los entornos digitales.

–¿Es posible poner puertas al campo?

–Nosotros lo que queremos es un sistema de verificación de edad, que además la Agencia Española de Protección de Datos lleva dos años desarrollando, a través de una identidad digital, que impida a los menores acceder a determinados contenidos. Tenemos que verificar, con todas las garantías de privacidad, que la persona que en ese momento está con el dispositivo es mayor de edad.

–¿El objetivo es evitar el acceso a la pornografía?

–Los colegios de pediatras nos están alertando de que el primer acceso a contenidos pornográficos es entre 9 y 11 años, y los docentes nos dicen que se están multiplicando los casos de acoso y violencia y el teléfono del menor, que la salud mental está vinculada a usos abusivos de Internet, usos abusivos de juego online. Así que tenemos que proteger a los menores impidiendo que tengan acceso a contenidos que les dañan y los contenidos pornográficos no pueden llegar a ellos. Los delitos de carácter sexual protagonizados por menores han crecido un 116% en los últimos cinco años.

–Y el último informe de Save the Children señala que las agresiones sexuales grupales se han disparado un 64% en el mismo periodo.

–Creo que corresponde al mundo judicial, al Ministerio de Interior y a otros ministerios, no solo a nosotros, analizar lo que está significando el consumo masivo de pornografía por parte de menores, el tipo de porno que ven y que entienden como la sexualidad que realmente existe. No podemos no tomarnos en serio lo que conlleva la pornografía a los menores.

–Pero en muchos casos esos accesos no son buscados.

–No lo son en la mayor parte, no. Los menores entran en sus chats o juegos online y estas plataformas las utilizan los adultos. Estamos detectando que el acceso de acosadores sexuales es a través de plataformas donde los menores interactúan, así que tenemos que actuar, tenemos que evitar que esas plataformas se usen para cualquier tipo de violencia.

–¿Es imprescindible la educación afectivo-sexual desde las primeras etapas escolares?

–Es un derecho de los niños. Los niños tienen derecho a ser educados, a ser formados, a transitar a la vida adulta. Y España debe de ponerse muchísimo las pilas. Creo que muchas veces nos puede más la alarma social, nos puede más el mensaje de un padre en un grupo de WhatsApp del cole protestando por determinados contenidos. Y debemos pensar en lo que es llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas a un mundo sin la suficiente información en estas cosas. Es que resulta que enfermedades de transmisión sexual que estaban erradicadas, como la gonorrea, empiezan a ser algo muy general en los centros de salud. Y creemos que eso tiene mucho que ver con la educación sexual.

–Extremadura ha prohibido el móvil en colegios e institutos. ¿Qué opinión le merece?

–No hemos querido entrar en el debate porque corresponde a las comunidades, pero queremos acompañarlas. Lo que está claro es que hemos llegado cuando el problema estaba tan cronificado que al final la medida ha tenido que ser taxativa y habrá que ir viendo si funciona. Entendemos que forma parte de uno de los niveles de protección y precaución y que está ayudando a los menores a sentirse más seguros porque se reduce el nivel de acoso digital.

–¿También regularán el uso de la inteligencia artificial?

–Es un reto absoluto y novedoso. La inteligencia artificial nos da ahora mismo un elenco de oportunidades, pero tenemos que tener un marco regulatorio. Es un riesgo que hoy en día no exista ninguna legislación, que impida lo que ha pasado, por ejemplo, en Almendralejo, con el caso de las fotos de los falsos desnudos generadas por IA.

–¿Y cómo se actúa entonces sin legislación?

–Nuestra obligación es que haya, pero, en cualquier caso, un intento de uso de carácter sexual de un menor es un delito, así que entiendo que, sin duda, debe haber consecuencias para quienes hicieron ese uso, aunque no fuera real, en el caso de Almendralejo.

–¿Es posible el consenso en esta materia?

–Yo sé que las políticas de Estado en el estado de las cosas, que es la confrontación permanente, pues suena difícil. Pero creo que en menores hay bastante consenso en este país. Creo que todos somos padres, madres, tíos o tías, todos somos gente que interactúa con menores y que tenemos preocupación por dejarles el mejor legado. Y creo que en esto, en torno a lo digital, hablamos también de salud mental.

–Otra de las alarmas sociales del momento. En Extremadura los últimos datos indican que el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 19 y 30 años.

–Es así y es terrible. Y tiene que ver con muchas cosas, también con un entorno digital no seguro, con el hecho de que el acoso escolar, por ejemplo, ya no desaparece cuando sales del colegio porque continúa digitalmente. Pero también va ligada a la pobreza y tenemos un 28% de pobreza infantil y esto debería sacarnos los colores a todas las administraciones, y también con la dificultad de acceder a una vivienda y también con una reducción de la jornada laboral que permita una conciliación que redunde en salud mental de padres e hijos. Es un asunto con muchas aristas.

–Los menores migrantes también son de su competencia. ¿Tenemos capacidad para seguir acogiendo?

–Tenemos que hacer como país una lectura estructural de este asunto, la llegada de los menores va a seguir y, por eso, hay que reforzar las infraestructuras, ampliar las plazas, elaborar programas de transición a la vida adulta y garantizar sus derechos.