Cuatro consejeros no dimitirán como diputados en la Asamblea

En 2015 el PSOE recogió como compromiso electoral que solo podría haber un cargo público por persona, salvo en aquellos casos en que es imprescindible, como ser concejal para ser diputado provincial. En cambio, se recogía expresamente que no se podía ser consejero y diputado.

Tras la formación del Gobierno regional en 2015 los consejeros Santos Jorna (quien después fue sustituido por Begoña García Bernal), Esther Gutiérrez y José María Vergeles dimitieron de su puesto en la Asamblea. En principio no lo hizo Isabel Gil Rosiña, ya que se estimó que ser diputada era compatible con su labor como responsable de relaciones con el Parlamento regional. Sin embargo, finalmente también renunció al escaño.

Esta vez, los cuatro consejeros compaginarán por el momento su labor con su escaño. Como hace cuatro años, Fernández Vara estima que Gil Rosiña debe mantener ese puesto, ya que seguirá ejerciendo las competencias de enlace con la Asamblea. Para el resto, se ha decidido que sigan en el Parlamento regional, es decir, se ha cambiado de criterio.

La marcha de los cuatro consejeros obligaría a dar paso a los siguientes miembros en las candidaturas, dos en cada provincia. En Badajoz, donde el PSOE obtuvo veinte diputados, ya renunció Carlos Rodríguez, director del Gabinete de Fernández Vara. En su lugar entró Antonio Vélez. La siguiente en la lista es Montserrat Rincón, exconcejala en Badajoz. Después figuran Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz; Ana Belén Valls, alcaldesa de Cabeza del Buey; Ramón Díaz Farias, primer edil de Villanueva del Fresno, y Piedad Rodríguez, alcaldesa de Ribera del Fresno. Estos cargos se consideran incompatibles con el de diputado autonómico, por lo que deberían renunciar. La lista saltaría hasta el puesto 27.

En Cáceres, donde el PSOE logró catorce diputados, no hay tantos problemas. Pero hay que tener en cuenta que, tras los consejeros, llegarán los nombramientos de los directores generales y otros cargos, lo que podría obligar a recurrir a la candidatura socialista a las autonómicas.