El coste de los materiales paraliza la obra pública y lastra la construcción

Dos son las principales preocupaciones que las empresas detectan al mirar al horizonte y ninguna es nueva: la falta de mano de obra y el aumento de los costes. El resultado: licitaciones desiertas y obras, tanto públicas como privadas, que se paralizan.

Con esta perspectiva, el importante descenso que se comprueba en la obra pública en lo que va de año se ve casi como un alivio por parte de las empresas. «En el momento actual nos faltan 10.000 trabajadores para que el sector funcione con normalidad, pero ese volumen sería mucho mayor si se resuelven los problemas de los precios», reconoce Joaquín Sánchez, secretario general en Extremadura de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción).

Según los datos de Seopan, la patronal de las grandes constructoras, la licitación ha caído un 23,5% en la región durante los primeros nueve meses del año. Entre enero y septiembre de 2022 se han licitado 484,7 millones de euros y en el mismo periodo de 2021 fueron 633,6 millones.

Ese descenso en las licitaciones se nota, principalmente, en las que dependen de la Junta de Extremadura. Seopan los cifra en un 38%. Los contratos, todo ellos para la conservación y explotación de carreteras, han pasado de 224,5 millones a 138,6 en los tres primeros trimestres del año.

Aunque no todas las obras que se licitan terminan siendo adjudicadas. Un repaso a la plataforma de contratación del sector público sirve para comprobar que siguen quedando licitaciones desiertas en Extremadura. En concreto, hay 80 obras licitadas que no se han adjudicado. Algunas con presupuestos que superan los dos millones de euros, como el centro operativo regional de incendios forestales que proyecta la Consejería de Agricultura. Pero también es una situación que afecta a obras que dependen de otros organismos, como un centro deportivo en San Vicente de Alcántara o la reforma de un centro asistencial de Badajoz.

Además, otras seis adjudicaciones han sido anuladas. En total, desde la CNC calculan que el importe de estas licitaciones desiertas supera los 21 millones de euros en Extremadura.

La inflación está detrás de las dudas que tienen las empresas a la hora de optar a las obras públicas. «Desde que se licita hasta que se adjudica pasa una media de siete meses», aporta Sánchez, que entiende que es demasiado tiempo y la realidad de los costes cuando las empresas presentan las ofertas no tiene nada que ver con la que se encuentran a la hora de empezar la obra.

Por ejemplo, ANCI (Asociación Nacional de Constructores Independientes), calcula que la energía está un 118% más cara que en septiembre del año pasado.

Los datos del Ministerio de Transporte, actualizados hasta agosto de este año, confirman que los materiales de construcción se han encarecido un 34,2% desde 2020 y que el incremento de costes ponderando también la mano de obra alcanza el 26,7%. «Y hay que tener en cuenta de que el precio de los materiales se ha moderado ligeramente en los últimos meses», expone José Luis Iglesias, gerente de Pymecon, la federación regional de empresas de la construcción.

El acero se ha estabilizado, la madera ha bajado ligeramente de precio, pero la cerámica, el hormigón o el yeso siguen marcando máximos. «La tendencia es que sigan subiendo», confirman los empresarios del sector.

Ante esta coyuntura, la patronal lleva meses poniendo sobre la mesa que las obras no se pueden ejecutar con los presupuestos asignados. «No se están empezando las obras contratadas y las iniciadas se están paralizando», repite el secretario general de CNC en la región, que lamenta que desde la Consejería de Agricultura se esté solicitando la resolución de esos contratos. «En algunas obras ya están llegando notificaciones para ejecutar los avales y además piden que las empresas paguen en concepto de daños y perjuicios, aunque el verdadero problema es que las empresas perderían más dinero si deciden hacer la obra», critica Sánchez.

La incertidumbre sobre la aplicación del requilibrio económico en esos contratos es otra variable que preocupa a las empresas. La Junta de Extremadura aprobó una medida para posibilitar que se compensara a las adjudicatarias de las contratos por la diferencia de los costes entre el momento de la licitación y del inicio de los trabajos. Sin embargo, el Consejo de Estado ha realizado un informe en el que expone que esa medida invade una competencia estatal. «Se va a derogar, parece que el 1 de enero», detalla Sánchez, que define el escenario actual como de inseguridad jurídica. «Necesitamos saber cómo se va a aplicar esa derogación, porque cuando las empresas se acogían al requilibrio económico extremeño renunciaban al nacional; en qué situación quedan ahora», remarca.

Por otro lado, la limitación del 20% que plantea el requilibrio económico según la normativa estatal contribuye a que las licitaciones queden desiertas. «Es claramente insuficiente», aporta el gerente de Pymecon.

Por ello, los responsables del sector consideran que se debe cambiar la normativa y que esta sea lo suficientemente flexible para que pueda adaptarse a las circunstancias de cada obra.

A pesar de que el descenso en la obra pública es el más acusado, el sector de la construcción también está notando una caída en la edificación privada.

Hasta el principio del verano de 2021 el optimismo reinaba en el sector. La inflación se empezaba a notar, pero todavía era asumible, y la construcción de viviendas se movía a un ritmo que no se recordaba desde 2007.

Sin embargo, en lo que va de año –las estadísticas del Ministerio de Transporte están actualizadas hasta agosto– solo se han registrado 525 visados de dirección de obra nueva para uso residencial. Es la cifra más reducida de los últimos cuatro años y supone un descenso del 27,9% respecto a 2021.

Igualmente se comprueba un menor número de visados para el conjunto de la obra nueva: un 24,3%; para las reformas y restauraciones: 8,9%, y para las ampliaciones: 36,6%.

Un total de 1.135 viviendas han recibido el certificado de fin de obra en la región durante los ocho primeros meses de este año. Son 83 menos que en el mismo periodo de 2021, una caída del 6,8%.

El mercado de trabajo también es sensible al retroceso. Menos obra pública y menos obra privada conllevan menos empleo. Hasta el mes de agosto estaban dados de alta en el sector de la construcción 19.740 trabajadores por cuenta ajena (un 0,7% menos que en el mismo mes del año pasado) y 8.816 autónomos (un 0,3% menos). Así, la caída en el número de contratos firmados en Extremadura crece hasta el 5,9%. Un descenso mucho más acusado que a nivel nacional, donde se queda en el 1,3%.

El número total de empresas es la única nota positiva del sector. En agosto había 3.565 inscritas en la Seguridad Social, un 2,5% más que un año antes. Además, ese volumen total significa el 10,9% del total de empresas que hay en Extremadura.

Con esta realidad, la llegada de los fondos europeos pueden suponer un quebradero de cabeza para el sector. La necesidad de mano de obra, pese a las iniciativas formativas que se están llevando a cabo, y las reticencias de las empresas para concurrir a las licitaciones no van a facilitar el desarrollo de los Next Generation en la región. «Se aplican con gran dificultad», reconoce Sánchez.