El decreto que regula la distancia entre casas de apuestas y colegios no tendrá carácter retroactivo

Casa de apuestas junto al colegio San Calixto de Plasencia / HOY

EFE

El Parlamento extremeño ha convalidado hoy por unanimidad el decreto ley de Medidas Urgentes para el Fomento del Juego Responsable en Extremadura, que regula por primer vez en España la distancia mínima que debe existir entre los distintos locales de juego y entre estos y los centros escolares.

El decreto ley, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 5 de febrero, cumple con un primer mandato del Parlamento extremeño que aprobó en octubre por unanimidad una propuesta de Podemos, enmendada por el PP, por la que se instaba a la Junta a promover cambios normativos que adecuaran a la realidad actual la Ley del Juego de la Comunidad Autónoma de 1998.

La nueva normativa recoge como principales novedades que no podrá abrirse ningún local de juego a una distancia mínima de 300 metros de cualquier centro educativo de la región y que deben de mantener entre ellos una distancia mínima de 250 metros, para evitar la concentración de establecimientos.

Sin embargo, en el último debate parlamentario de esta ley, tanto Podemos como PP, al igual que ya han señalado las asociaciones de jugadores en rehabilitación, el decreto ley llega tarde, pues no tendrá carácter retroactivo con respecto a estas distancias y por tanto no afectará a los 114 establecimientos que ya existen en 38 localidades extremeñas.

Previo a la convalidación de la normativa, la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, ha reconocido que esta es fruto de la alarma social generada por la proliferación de las casas de apuestas en los últimos años, lo que hacía necesario «reforzar la intervención de las administraciones para salvaguardar la defensa de los consumidores y la protección de los menores y de las personas más vulnerables».

Así, prohíbe el acceso al juego a los menores de edad y a las personas que voluntariamente se inscriben en el Registro de Limitaciones de Acceso para luchar contra su ludopatía, integrado por unas 1.400 personas en la región.

El decreto ley establece infracciones muy graves o graves por la falta de control en acceso a los locales, con multas que pueden ir de los 6.000 a los 600.000 euros y que se emplearán en trabajos de prevención y en la rehabilitación de personas afectadas por la ludopatía.

Como novedad y a petición de los alcaldes y de la Federación de Municipios y Provincias de Extremdura (FEMPEX), se incorpora a la policía local en las tareas de control e inspección del juego con reconocimiento expreso en esta ley, ha destacado Blanco-Morales.

El parlamentario del PSOE Jorge Amado ha considerado «necesaria y fundamental» la nueva normativa y ha destacado que «se ha buscado en todo momento el adecuado equilibrio entre la libertad de empresa y un ocio responsable».

Amado ha indicado que la ley conllevará la elaboración de un protocolo de juegos de azar, en el que «Extremadura también será pionera».

El diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón se ha mostrado a favor de convalidar el decreto pero ha pedido su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que ha sido rechazado por el resto de los grupos de la Cámara.

De esta forma, según ha dicho, se podrían subsanar algunas deficiencias jurídicas que contiene el texto, como la referida a la autorización autonómica de los equipos o terminales de juego, lo que, a su juicio, choca con la legislación estatal y puede generar perjuicios a organizaciones como la ONCE.

Para la presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos, Irene de Miguel, esta ley, aunque llega tarde, era más que necesaria pues en tres años se han triplicado los locales de apuestas y la ludopatía esta llegando a jóvenes y menores.

De Miguel ha criticado, sin embargo, la «esquizofrenia» de la Junta, ya que aunque muestra sensibilidad con este tema, luego promueve medidas para que se instalen en la región grandes casinos y convertir a Extremadura «en el paraíso del juego».

Victoria Domínguez, de Cs, ha defendido también el decreto ley, «ante la proliferación sin control de las casas de apuestas» en estos últimos años en unos locales que ha calificado de «penosos», porque en muchos casos «no tienen ni ventilación» y con una publicidad que ha definido como «deprimente».