Condenados cuatro empleados por estafar 180.000 euros a la Mancomunidad Centro

Los acusados durante el juicio, que tuvo lugar en junio del pasado año en Mérida. :: brígido/
Los acusados durante el juicio, que tuvo lugar en junio del pasado año en Mérida. :: brígido

Los trabajadores del servicio de recogida de basura facturaron combustible de forma fraudulenta con ayudade las gasolineras

Juan Soriano
JUAN SORIANO

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas impuestas contra cuatro empleados de la Mancomunidad Integral de Municipios Centro, que agrupa a trece poblaciones del entorno de Mérida, y a dos responsables de estaciones de servicio por estafar a la entidad mediante la facturación ficticia de combustible.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz dictaminó el pasado año tras el juicio celebrado en Mérida que los cuatro empleados, con el acuerdo de las gasolineras, generaron durante los años 2010, 2011 y primer trimestre de 2012 un gasto no justificado de casi 180.000 euros.

Los cuatro trabajadores formaban parte del servicio de recogida de residuos, para lo que empleaban los camiones de la mancomunidad. Cada vehículo tenía asociada una tarjeta de crédito individualizada para el pago del combustible. Según declaró probado la sentencia del pasado año, los implicados repostaban a diario en gasolineras de La Zarza o de Arroyo de San Serván. De acuerdo con los gerentes de ambas estaciones de servicio, aprovechaban estas visitas para cargar a cuenta de la entidad gastos propios.

En concreto, se llevaban productos de las gasolineras, incluidas recargas de móviles y garrafas de combustible, así como dinero en efectivo que en teoría debía destinarse al lavado de los camiones. Para ocultarlo, las estaciones de servicio facturaban estos gastos como gasoil con cargo a la mancomunidad.

En el periodo citado los pagos en combustible llegaron a casi 306.000 euros. Sin embargo, el gasto real fue de 126.400 euros. La diferencia, más de 179.500 euros, fue para los cuatro empleados. El encargado se llevó más de 103.000 y el resto se repartió unos 25.500 cada uno.

El engaño se descubrió cuando la mancomunidad preparó un concurso para la compra de nuevos camiones, según dijo uno de los testigos del juicio. Explicó que en la mesa de contratación se informó del gasto en gasoil y que uno de los asistentes, entendido en la materia, dijo textualmente que «les estaban robando». También aseguró que los trabajadores asumieron su culpa.

El encargado reconoció los hechos y para compensar a la entidad accedió a prestar servicios no remunerados que alcanzaron un valor de 38.300 euros. En el juicio mantuvo su inculpación. Fue condenado por un delito de estafa agravada, pero con las atenuantes de confesión y reparación del daño la pena se quedó en diez meses de prisión.

Las defensas del resto de acusados pidieron la absolución, mientras que la Fiscalía pidió hasta tres años y medio de prisión. La Audiencia Provincial impuso un año y seis meses de cárcel para cada uno de los otros tres trabajadores por un delito continuado de estafa, mientras que los gerentes de las gasolineras fueron considerados cooperadores de estafa agravada, lo que conllevó una pena de dos años y medio de prisión. Junto a esto, entre todos debían indemnizar a la mancomunidad en más de 141.000 euros. Por último, absolvió a dos empleados de las gasolineras para los que también se pedía una condena.

Recurso al Supremo

Después de que se notificara la sentencia presentaron recursos ante el Tribunal Supremo uno de los trabajadores condenados y los dos gerentes de las estaciones de servicio. Han sido desestimados en una sentencia del pasado 30 de octubre.

Todos alegaron que se había vulnerado la presunción de inocencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que hay pruebas suficientes para sostener la condena y que incluso el trabajador reconoció los hechos inicialmente.

En cuanto a otro de los motivos de los recursos, la condición de cooperadores necesarios de los gerentes, afirma que aportaban la infraestructura necesaria para la facturación fraudulenta. También descarta la vulneración del principio de proporcionalidad, que en el caso de los responsables de las gasolineras se habría producido al recibir una condena superior a la de los trabajadores. En este caso, el Supremo explica que los empleados ejecutaron estafas parciales (cada uno su parte), mientras que los gerentes participaron en la estafa al completo.

 

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