Condenado por asesinato el autor de una muerte violenta en Almendralejo

Lucas G. I. durante el juicio celebrado esta semana en Mérida. /BRÍGIDO
Lucas G. I. durante el juicio celebrado esta semana en Mérida. / BRÍGIDO

Lucas G. I. se expone a una pena de 28 años y medio de prisión

Juan Soriano
JUAN SORIANO

El jurado que se ha encargado de enjuiciar una muerte violenta ocurrida en Almendralejo en diciembre de 2016 considera culpable de asesinato al único acusado de estos hechos, Lucas G. I. Se expone a una pena que puede llegar a 28 años y medio de cárcel.

A mediodía de hoy ha terminado el juicio que se ha celebrado esta semana en Merida. El jurado estima probado que, tras estar juntos de copas, Lucas atacó a Alonso B. con un objeto contundente con la intención de acabar con su vida. Después cogió el móvil y el coche de la víctima y se fue a Badajoz a pesar de que no tenía carné de conducir. Los hechos tuvieron lugar en la noche del 6 al 7 de diciembre de 2016. El acusado llevaba dos meses en libertad provisional.

Una vez acordado el veredicto, corresponde a la Audiencia Provincial fijar en la sentencia la pena a imponer tras escuchar a las partes. La Fiscalía, que inicialmente pedía una condena por homicidio, ha solicitado 23 años de prisión por el delito de asesinato, cinco por el robo y seis meses por conducir sin carné. Las dos acusaciones particulares, que representan por un lado a las hijas que tuvo el fallecido con su primera mujer y por otro a la pareja que tenía en el momento de los hechos, con quien tenía un hijo menor de edad, solicitan la misma pena de cárcel.

Junto a esto, reclaman que el Estado se haga cargo del pago de las indemnizaciones solicitadas, que oscilan entre 100.000 y 152.000 euros. Lucas G. I. llevaba dos meses y medio en libertad condicional cuando se produjeron los hechos. Para los abogados de las acusaciones, se infringió el reglamento penitenciario al dejarle salir de prisión a pesar de que había sido sancionado por mal comportamiento. Y, una vez en la calle, no se actuó a pesar de que había incumplido con la obligación de comparecer en prisión, de acudir a un centro de desintoxicación y de abonar las indemnizaciones por los delitos que le llevaron a la cárcel.

El abogado del Estado rechaza la pretensión de los familiares de la víctima, ya que recalca que la responsabilidad solicitada solo encaja cuando los hechos se producen en establecimientos de titularidad estatal. Por su parte, la defensa ha pedido la condena más baja posible, de 15 a 20 años por asesinato, alegando que el jurado no ha reconocido ninguna circunstancia agravante y sí la atenuante de toxicomanía. También pide el mínimo por robo con violencia, dos años.