Comprar una vivienda en un pueblo tendrá deducción del 10% en el IRPF

PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han pactado un texto legal que pretende hacer frente a la despoblación de las zonas rurales. Eso garantiza su aprobación, sin necesidad además de superar los trámites de exposición al público que requiere un proyecto de ley presentado por el Gobierno regional. Pero aún caben enmiendas que mejoren la norma.

La propuesta de ley tiene por objeto establecer un marco de actuación en materia demográfica y territorial en Extremadura, prestando especial atención a la lucha contra la despoblación, así como garantizar los servicios básicos e igualdad de oportunidades para todos sus habitantes.

Para ello, recoge que la Junta de Extremadura establecerá medidas e incentivos fiscales destinados específicamente a los contribuyentes que residan en las zonas más afectadas por el fenómeno demográfico,

Hay medidas fiscales que ya se concretan en la norma. Entre ellas, destaca que los contribuyentes podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) el 10% de las cantidades que aporten en el año por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.

La deducción se aplicará en poblaciones de menos de 3.000 habitantes. En la actualidad, 329 de los 388 municipios de la región cumplen ese requisito, el 85% del total. Según los últimos datos oficiales, son 207 de 223 en la provincia de Cáceres (Torrejoncillo marca el límite) y 122 de 165 en Badajoz (a partir de Zahínos). Asimismo, será necesario que la adquisición o rehabilitación de la vivienda se haya producido a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley de medidas ante el reto demográfico.

La base máxima total de la deducción será de 180.000 euros, o bien el importe de adquisición o rehabilitación de la vivienda si es menor de esa cifra. Asimismo, la base máxima a aplicar en cada ejercicio será de 9.040 euros. Es decir, la deducción máxima, si se cumplen todos los requisitos, sería de 904 euros al año.

El resto de condiciones son similares a las establecidas en la antigua deducción por compra de vivienda en el IRPF que fue suprimida en 2013 y que aún se mantiene para compras realizadas antes de ese año.

La propuesta de ley presentada por los grupos parlamentarios recoge otras cuatro medidas destinadas a rebajar la carga fiscal en la aplicación de tributos por la adquisición de viviendas o inmuebles en pueblos de menos de 3.000 habitantes.

En el impuesto de transmisiones patrimoniales, que se abona por la compra de una propiedad de segunda mano, se propone un tipo reducido del 4% del valor de la vivienda siempre que no pase de 180.000 euros y se cumplan unos requisitos de renta. También se aplicará, sin límite en el valor del inmueble, para adquisiciones destinadas a constituir o continuar una actividad empresarial. El tipo actual es del 7 o el 8%.

En los dos casos anteriores, se contempla además un tipo reducido del 0,5% en el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que se aplica para la formalización de escrituras públicas. Actualmente el tipo general es del 1,5%, aunque en ciertos casos se puede rebajar al 0,75%.

En cualquier caso, la ley va mucho más allá y recoge numerosas medidas para combatir la despoblación. En algunos casos se trata de principios generales de actuación, pero también se incluyen novedades como la posibilidad de declarar de interés general proyectos con especial impacto en zonas vulnerables al reto demográfico.

Asimismo, hay cuestiones concretas en el área de la salud, como la obligación de organizar la atención sanitaria urgente para que cualquier ciudadano pueda ser atendido en un máximo de 30 minutos, así como un procedimiento diferenciado para la apertura de botiquines de farmacia en zonas poco pobladas.

En materia educativa, se recoge el compromiso de mantener los colegios rurales de infantil y primaria en localidades que cuenten con al menos cinco alumnos. También se recogen líneas de actuación en agricultura, urbanismo, cultura e industria. El objetivo es diseñar una política transversal que permita hacer frente al reto de la despoblación.