Ciento setenta entidades locales extremeñas no presentaron las cuentas de 2016 en el plazo fijado

La normativa obliga a remitir la documentación al Tribunal de Cuentas antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente. De las 472 entidades extremeñas que estaban obligadas a hacerlo, 302 sí lo hicieron en plazo, el 64 %, lo que representa tres puntos más que en 2015 y que la media nacional en 2016. El número creció hasta 356 a 31 de diciembre de 2017, fecha hasta la que llega el informe, lo que supone el 75 % de las entidades extremeñas obligadas a hacerlo. Este dato es dos puntos más bajo que en el ejercicio anterior y uno inferior a la media española de 2016. Una vez superado el plazo, el retraso medio en la rendición de cuentas se situó en la región en los 30 días, dos más que en 2015 y uno menos que la media nacional.

Al cierre de 2017, dentro y fuera del plazo establecido, habían presentado la cuenta general el 78 % de los ayuntamientos extremeños, las dos diputaciones, el 57 % de las mancomunidades y el 86 % de las denominadas entidades locales menores.

Badajoz figura entre la decena de ayuntamientos españoles de poblaciones de más de 100.000 habitantes que no había rendido cuentas a 31 de diciembre de 2017 y que lo hicieron posteriormente, entre esta fecha y el 21 junio de 2018. El Ayuntamiento de Mérida es el séptimo que más tardó ese año en pagar a sus proveedores, 190,94 días, en una lista que encabeza el madrileño de Algete al demorarse 313,49 días. El informe también aborda el remanente de tesorería, ya que refleja la solvencia a corto plazo de la entidad.

En la relación de municipios destacados por su remanente negativo figura el pacense de Montijo. Su remanente disponible para la financiación de gastos generales (1,03 millones) se ve superado por el importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación (1,41 millones) y por el exceso de financiación afectada (5,02 millones). En el grupo de municipios de menos de mil habitantes con mayor deuda por habitante aparece en cuarto lugar el cacereño de Plasenzuela con 6.398 euros de media por persona.

Además, Extremadura contaba el ejercicio fiscalizado con 89 entes dependientes y consorcios obligados a rendir cuentas, aunque aquí no se detalla el grado de cumplimiento. El informe recoge también que las administraciones locales de Extremadura formalizaron 813 contratos por importe superior a los 60,7 millones. De ellos, 275 fueron de suministro (13,8 millones), 212 de obras (25,4 millones) y 200 de servicios (13,6 millones), seguidos de lejos por los privados, 61 (2,9 millones), entre otros.

En cumplimiento de la normativa vigente, las administraciones extremeñas enviaron extractos de 17 contratos de obras, servicios y suministros por un valor superior a los 6,8 millones. Extremadura fue con un 18 % la tercera región con una menor grado de implantación del modelo de fiscalización previa. Informó, además, de 439 acuerdos adoptados en contra de los reparos formulados por los interventores, de 69 expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa y de 39 anomalías en los ingresos, un requisito que las entidades locales extremeñas cumplieron en un 69 %.