Más de cien extremeños piden una segunda oportunidad tras arruinarse

Desahucio. No poder hacer frente al pago de la vivienda es la causa más habitual de la bancarrota. :: /HOY
Desahucio. No poder hacer frente al pago de la vivienda es la causa más habitual de la bancarrota. :: / HOY

La ley que se aprobó en 2015 permite solicitar la exoneración de las deudas a las que no se puede hacer frente

José M. Martín
JOSÉ M. MARTÍN

El número de solicitantes crece año tras año. Algo que los expertos achacan a que la Ley de Segunda Oportunidad, que se aprobó en 2015, se está dando a conocer muy poco a poco. En estos cuatro años, hasta finales de 2018, fueron 118 los extremeños que se acogieron a una medida diseñada para que las personas que se han arruinado tengan la posibilidad de ver exonerada la deuda que no pueden pagar y, de esta forma, seguir con su vida e, incluso, poder emprender.

El proceso es básicamente un concurso de acreedores en el que el deudor tiene que liquidar todo su patrimonio. «En España no nos acabamos de creer esta ley; me he encontrado gente que me decía que no podía ser verdad», indica Manuel Rodríguez, responsable jurídico de Repara tu Deuda, el despacho de abogados que lleva más del 80% de los procedimientos de segunda oportunidad que se inician en la región. Sin embargo, las estadísticas dicen que solo el 8% de los expedientes terminan rechazados, de los que la mitad se deniega porque los demandantes solo tienen deuda con la Administración pública.

El año pasado fueron 43 los extremeños que trataron de lograr el BEPI, como se refieren los abogados al 'beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho'. «Lo que viene siendo el perdón de las deudas», explica Rodríguez.

La línea es ascendente porque el primer año de vigencia de la ley solo fueron 20 personas de la región las que trataron de hacer uso de la misma; 25 lo solicitaron en 2016, y otras 30 en 2017. Estas cifras están muy por debajo de las de otras comunidades –Extremadura es la segunda región con menos expedientes, solo por delante de Cantabria– y, a su vez, las del conjunto nacional se alejan de las que presentan otros países europeos.

EVOLUCIÓN

2018.
43 personas se acogieron a la Ley de Segunda Oportunidad.
2107.
30 extremeños iniciaron los trámites.
2016.
25 ciudadanos quisieron aprovechar la medida.
2015.
20 personas decidieron empezar el procedimiento en el primer año de vigencia de la ley.

En España hubo más de 7.500 casos en 2018, pero en Francia o Alemania, donde existe una legislación similar en este ámbito, se registran más de 100.000 al año. Los motivos principales que aducen los agentes del sector es que la ley en nuestro país es demasiado farragosa. «Tampoco ha habido interés para que se conociera», señala Rodríguez, que apunta hacia la falta de interés por parte de los abogados en esta materia concreta. «Los concursos de personas físicas se han considerado como el patito feo, porque suele afectar a gente que no tiene mucho dinero y los mediadores cobran muy poco», remarca este profesional.

El perfil mayoritario de quienes se acogen a la ley es el de una persona que se compró una vivienda y que no puede hacer frente al pago de la misma, bien porque la hipoteca era muy elevada o porque le subastaron la propiedad y le siguen reclamando un diferencial. En esta situación está el 70% de quienes solicitan el BEPI, mientras que el 30% restante suelen ser empresarios que cerraron su empresa y aun deben dinero a Hacienda y a la Seguridad Social, según los datos de Repara tu Deuda.

En este caso, «tenemos más complejidad a la hora de liberar la deuda pública, porque no está muy bien regulado», según Rodríguez, que añade que la interpretación de los tribunales está en la línea de exonerar la deuda pública «siempre que se pague al menos el 50% del principal».

En cualquier caso, es un criterio que no está marcado en la ley y eso lleva a muchos autónomos y empresarios arruinados a no atreverse a iniciar los trámites, pese a que sí ha habido sentencias que favorables a los deudores en este sentido. «Dudan de si van a conseguirlo porque tienen una gran parte de su deuda con la Administración».

Por otro lado, la exoneración no se extiende a los avalistas, por lo que hay empresarios que arrastran a toda su familia al proceso.

Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad no significa la dispensa absoluta de las deudas. El primer paso del proceso judicial es presentar el concurso de acreedores, para lo que se nombra a un mediador. Esto conlleva la liquidación de todos los bienes de la persona que tiene las deudas. Por ejemplo, el vehículo o la vivienda. Con lo que las personas que inician los trámites asumen que tendrán que empezar de cero.

Acreedores

El dinero obtenido se utiliza para pagar todo lo que se pueda a los acreedores. Solo una vez superada esta fase se inicia el BEPI, que si es aprobado por el juzgado supone que se exoneran el resto de las deudas que quedan pendientes. Por supuesto, hay que cumplir una serie de requisitos y el procedimiento empieza con una mediación concursal –un proceso extrajudicial– que marca el inicio del expediente y que el deudor deber solicitar en el notario o el registro mercantil.

A partir de ahí, un mediador realiza una propuesta de pago a los acreedores. El plazo máximo de aplazamiento es de diez años, por lo que se plantea una quita de la deuda para aquellas cantidades que no puedan pagar con los ingresos previstos en ese periodo. Lo más habitual es que los acreedores rechacen la propuesta, que en la mayoría de los casos se convierte en una mera formalidad, y el caso desemboque en el concurso de acreedores.

Cualquier persona física se puede acoger a la ley, siempre que no cuente con antecedentes penales por motivos económicos en los últimos diez años y no haber estado anteriormente en concurso de acreedores. «Tampoco puede tener más de cinco millones de euros de pasivo de deuda y debe actuar de buena fe, es decir que colabore con el administrador y que intente pagar», añade Rodríguez, que insiste en que si el procedimiento se hace bien, el BEPI se concede.

EN CIFRAS

70%
de las personas que se acogen a la ley lo hacen porque no pudieron hacer frente al pago de su vivienda.
8%
de los casos presentados a nivel nacional se rechazan,la mitad de ellos por tener solo deuda con la Administración pública.