Unas 700 viviendas quedaron sin terminar en Extremadura por la crisis

Las molestias que causan entre los inquilinos de los inmuebles cercanos es uno de los principales problemas de esos edificios deshabitados que pueden verse en las grandes ciudades de la región. El aviso del desconocido vecino pacense se dirigía a las personas que durante meses hicieron vida en el bloque vacío, hasta que su entrada fue clausurada por la Policía Local. A sus ocupantes temporales se les podía ver haciendo fuego en pequeños bidones para cocinar en las viviendas de los pisos altos, pero también arrancando el cableado y las persianas.

Las asociaciones de la construcción calculan que en las grandes ciudades de la región puede haber unas 700 viviendas que nunca se llegaron a habitar, pese a que se iniciaron las obras.

El número es aproximado, porque no existe un censo. Los ayuntamientos, que son los encargados de vigilar la urbanización el suelo y conceder las licencias de obra, no tienen un control sobre estos inmuebles. «Son de propiedad privada», explica Antolín Trigo, concejal de Urbanismo de Almendralejo. En esta localidad se contabilizan, al menos, tres promociones inacabadas. Dos de ellas son edificios de pisos y otra, viviendas unifamiliares. «Había alguna más, pero se han ido retomando; en una se está trabajando ahora y está prácticamente terminada», añade el edil.

Desde el Colegio de Arquitectos de Extremadura se incide en que es muy difícil conocer el número exacto de edificios o viviendas que se quedaron estancadas durante la crisis. «Las casuísticas actuales son infinitas; los motivos de que se interrumpiesen los trabajos sí suelen ser la falta de financiación, pero el momento en el que se detuvieron son diferentes en cada caso», admiten desde esta entidad, a la vez que detallan que fue algo que, sobre todo, sucedió en los grandes núcleos de población, aunque en los pueblos también se pudo quedar colgada alguna vivienda suelta.

Antonio Moleón es promotor y constructor. En la actualidad sigue trabajando, pero la crisis económica le afectó mucho. «Yo soy uno de esos que tuvieron que dejar obras a la mitad», reconoce. Algunas de las promociones las pudo concluir, pero otras no. «El banco me cortó el grifo del crédito, me vi en a obligación de parar y devolver el dinero a los que habían reservado sus viviendas», añade Moleón, para quien hubo problemas más graves. «Lo peor fue que terminé algunas promociones con mi propio dinero y cuando quise venderlas, el precio se estaba reduciendo, los bancos no daban hipotecas y no pude vender, con lo que se las quedó el banco», expone para ejemplificar el proceso que vivieron varios empresarios de la construcción en los años más duros de la crisis económica.

En ese periodo, que los datos sitúan entre 2012 y 2015, la construcción de viviendas nuevas llegó a sus números más bajos, con menos de mil visados concedidos al año. En 2014 se tocó suelo con 671, algo impensable en 2007, año que se cerró con más de 18.000.

El estado de los inmuebles cuando se detuvieron las obras ha influido mucho en el deterioro que han sufrido a lo largo de los años. Además, en ocasiones se han convertido en espacios conflictivos, focos de suciedad y puntos que generan mala imagen al entorno urbano.

Los daños que presentan hacen que sus propietarios, bancos en una buena parte de los casos, no inviertan en su rehabilitación o finalización para que puedan ser puestas en el mercado. «No les interesa, pero tampoco son la solución al problema de la vivienda que hay en la región», expone Moleón, que es miembro de Apdecoba, la asociación de empresarios de la construcción de Badajoz.

Esta ciudad es la más afectada en la región y tiene varias promociones que se quedaron paradas. En la Ronda Norte hay bloques sin terminar desde hace casi una década, en la avenida Carolina Coronado se puede ver otro ejemplo y San Roque cuenta con inmuebles vacíos. En total, se contabilizan aproximadamente unas 300 viviendas en esta situación.

Algunos de estos edificios sí han sido focos de problemas en los barrios donde se encuentran. En ellos se ha detectado la presencia de 'okupas' que han forzado entradas y manipulado las redes de abastecimiento de agua y luz.

La segunda localidad de la región, en lo que a número de inmuebles con obras detenidas se refiere, es Mérida, según las asociaciones de la construcción. «Tenemos controladas unas 200 viviendas», según José Antonio Calvo, presidente de Apdecoba, que puntualiza que varios edificios se han ido rehabilitando y en algunos se está trabajando en la actualidad.

Cuatro o cinco promociones, que rozan el centenar de viviendas, hay sin concluir en la ciudad de Cáceres. «Queda muy poco atrasado y todavía hay obras que se plantearon por fases y que avanzan de manera muy lenta», aporta Abelardo Martín, presidente de Promotores y vicepresidente de Fecons, la patronal cacereña de la construcción. En este punto cita las nuevas edificaciones que se están haciendo en la ciudad para reforzar su argumento.

Es cierto que las grúas vuelven a verse en las localidades extremeñas y que hay un repunte del número de visados para obra nueva que se solicitan en la región. Para las asociaciones de empresarios de la construcción estos aspectos demuestran que hay demanda de vivienda. Por ello son bastante críticos con el modo de actuar de los bancos. «Tienen propiedades, pero no las sacan a la venta», lamenta Calvo, que se queja de las trabas que ponen las entidades financieras a la hora de conceder hipotecas a los compradores, lo que complica la venta de viviendas, y de prestar dinero a los promotores.

En torno al medio centenar de viviendas que nunca se llegaron a habitar hay en Navalmoral de la Mata. Colgados que quedaron cuando llegó la crisis un par de edificios de pisos y una urbanización de casas unifamiliares.

Por su parte, Pymecon cifra en menos de una treintena las viviendas inacabadas que hay en Plasencia. El caso más paradigmático en esta ciudad es la promoción que se sitúa en el PIR de la Data y que lleva parada varios años. «Aquí se acabó casi todo y lo que no se hizo en su momento, se retomó con el paso del tiempo», en palabras de José Luis Iglesias, gerente de esta federación.

En Don Benito también pueden verse inmuebles con obras detenidas desde hace varios años. Una urbanización de unifamiliares entre esta localidad y Villanueva de la Serena es la más grande, aunque no la única. Desde el Ayuntamiento dombenitense no facilitan el número exacto, pero aseguran que quieren realizar un censo que les permita tenerlas todas controladas.

Es la administración local la encargada de conceder las licencias de obras y de primera ocupación. Las primeras tienen un periodo de validez, que muchos de los edificios que no se terminaron en su momento ya han sobrepasado.

Ahora, para poder volver a trabajar en estos espacios se requieren nuevos permisos. Siempre que sus propietarios quieran actuar sobre ellos y ponerlos a la venta.

Ante esta coyuntura, desde las asociaciones de empresarios entienden que no se puede esperar a que los dueños, bancos en su mayoría, decidan invertir dinero en terminar las obras. «El acceso a la vivienda está difícil y para facilitar ese proceso habría que construir más y vender a precios que los jóvenes puedan pagar, pero para ello también hacen falta facilidades para que constructores y compradores puedan conseguir financiación», detalla Moleón.