Las cárceles extremeñas albergan a casi 250 presos más de los que deberían

Furgones de la Policía Nacional en las instalaciones del centro penitenciario de Cáceres. :: HOY/
Furgones de la Policía Nacional en las instalaciones del centro penitenciario de Cáceres. :: HOY

En los centros penitenciarios de Badajoz y Cáceres cumplen condena 1.088 reclusos, lo que supone un 35% de sobreocupación

Álvaro Rubio
ÁLVARO RUBIOCáceres

Los centros penitenciarios de Extremadura albergan a un total de 1.088 reclusos en sus instalaciones, según los últimos datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Están distribuidos en la cárcel de Badajoz, que dispone de 497 celdas, y en la de Cáceres, que cuenta con 301. A esas instalaciones se suman las 48 del Centro de Inserción Social que abrió sus puertas en la capital cacereña en el año 2009. Desde entonces acoge a internos que estén en situación de tercer grado, es decir, cumpliendo sus penas en régimen abierto (solo acuden a prisión a dormir), o que se encuentren en un proceso avanzado de reinserción.

En total, Extremadura dispone de 846 celdas y según el artículo 19 de la Ley General Penitenciaria -que regula el funcionamiento de las prisiones- todos los internos deberían alojarse en una y no compartir habitáculo. Sólo en circunstancias excepcionales como insuficiencia temporal de alojamiento, por la prescripción de un médico o porque los equipos de especialistas así lo decidan, se podrá recurrir a dependencias colectivas.

Precisamente a ese artículo se refieren los delegados en Extremadura de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip). Determinan que, según los datos que manejan, en las cárceles de la región duermen 242 reclusos más de los que deberían.

«Debe haber un interno por celda; nunca se ha cumplido y ya es algo normal», dicen los sindicatos de prisiones

Alertan de la escasez de personal de vigilancia para garantizar la seguridad de reclusos y funcionarios

«La ley dice que los internos tienen que disponer de celdas individuales, pero es habitual que las compartan. Es algo que se ha ido convirtiendo en normal y a lo que no se ha puesto solución», asegura Dionisio Iglesias, delegado del sindicato Acaip-USO en Cáceres. «Pedimos que no haya tanta masificación», añaden antes de referirse a otros centros de España en los que se ha reducido la población reclusa más que en Extremadura desde 2010. «Hay muchos traslados de centros de Andalucía y las cárceles extremeñas están más saturadas», matiza.

Si se comparan las cifras con hace una década, en 2008 el número de internos rozaba los 1.500. Eso supone una disminución del 27%. En 2010, la cifra se redujo a 1.400 y en 2013 se situaba en los 1.200.

Aunque se observa una clara tendencia de disminución, desde Acaip aseveran que «aún queda mucho por hacer». Por ese motivo, según adelantan a HOY, en los próximos días remitirán un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres para pedir soluciones con el objetivo de que las transmitan al Ministerio del Interior.

Principalmente abogan por corregir esta sobreocupación que en Cáceres llega al 40% y en Badajoz ronda el 30%.

En la cárcel cacereña duermen un total de 476 internos. A ellos se suman las 17 personas que están sujetas al control telemático. Es decir, llevan en todo momento una pulsera que indica el lugar en el que se encuentran y eso les posibilita cumplir condena en régimen abierto. En Badajoz el número asciende a 612 y 38 cumplen medidas de vigilancia telemática.

«Ha habido veces que en la cárcel de Badajoz ha llegado a haber mil presos. El problema es que los funcionarios son los mismos e incluso menos. En los últimos seis años hemos perdido 35 puestos de trabajo entre las áreas de oficina, mixta y vigilancia», destaca José Manuel Vicente, delegado de Acaip-USO en Badajoz. «Normalmente hay 28 funcionarios diarios para atender a nueve módulos, controles de accesos y cámaras. Eso significa que estamos dos personas por módulo y en cada uno puede haber hasta 130 internos», denuncia José Manuel.

Los demás sindicatos como CSIF, UGT y CCOO también piden más personal para garantizar la seguridad de los reclusos y de los funcionarios. Así lo han reivindicado sobre todo cuando se han producido hechos que han puesto en peligro a los internos y a los propios trabajadores.

En los últimos años tanto la cárcel de Badajoz como la de Cáceres ha registrado diferentes episodios. Desde reclusos que han prendido fuego a su celda hasta casos de funcionarios que han sufrido agresiones por parte de presos. Ese tipo de situaciones se ha incrementado considerablemente en el último año. Hasta el mes de agosto de 2018 se habían registrado 13 ataques a funcionarios mientras que en 2017 fueron once.

Mujeres

De los 1.088 reclusos que actualmente albergan los centros extremeños, un total de 53 son mujeres. 28 viven en la cárcel de Badajoz y 25 en la de Cáceres.

Sin embargo, ambas prisiones carecen de instalaciones orientadas para alojar a mujeres. «Las internas se encuentran recluidas en módulos que inicialmente eran masculinos. Por tanto, no existen instalaciones diferenciadas como patio, escuela, aulas o economato, de modo que esto supone una desigualdad para planificar tareas, desarrollar programas o facilitar la gestión de la convivencia de estas internas en el centro», denuncian desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex), que trabaja en las prisiones extremeñas desde el año 2000 con programas de apoyo a la reinserción.

Actualmente lo hacen con dos planes. El denominado 'Extramuros', que se lleva a cabo en Cáceres y Badajoz y consiste en ofrecer atención y formación individualizada, y el proyecto 'Ventana' basado en talleres de radio y prensa. «Buscamos que la persona reclusa y exreclusa se responsabilice en el desarrollo de sus capacidades, potencialidades, estrategias y uso de recursos, minimizando así, en la medida de lo posible, las dificultades que se pueda encontrar en su vida social, formativa, laboral y familiar, una vez haya salido de prisión», explica Flor Fondón, presidenta de Adhex.

Ella añade que las cárceles de la región tampoco están habilitadas para mujeres embarazadas, por lo que estas internas han de ser alejadas de su familia a prisiones que sí están adaptadas. «Habitualmente el traslado suele ser a centros de Andalucía y en ocasiones tienen que renunciar al derecho de estar con sus hijos menores de tres años», afirma Fondón.

Reconoce, al igual que los sindicatos de instituciones penitenciarias, que las cárceles extremeñas están masificadas. «Se habla de sobreocupación, un eufemismo de lo que allí pasa», matiza. «En algunos casos el hecho de compartir celda es casi terapéutico pero en otros se debe a la falta de recursos», concluye la presidenta de Adhex.