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Tramitación de solicitudes de la renta básica en Cáceres en el año 2013. :: HOY
Las ayudas sociales urgentes de la Junta vuelven a aplazarse un año más

Las ayudas sociales urgentes de la Junta vuelven a aplazarse un año más

Sanidad y Servicios Sociales prepara una nueva regulación para una línea que solo se ha convocado una vez desde su creación en 2015

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Lunes, 7 de octubre 2019, 07:52

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Las ayudas sociales para contingencias nacieron en el año 2015 para atender casos de extrema necesidad. Surgieron en un momento especialmente delicado por los efectos de la crisis económica y como herederas de las antiguas AISES extraordinarias, que habían sido suprimidas con la creación de la renta básica, una prestación que no atendía este tipo de urgencias. Son por tanto un instrumento para evitar casos de riesgo de exclusión social. Pero desde entonces no se han vuelto a convocar, y aún habrá que esperar al próximo año para que se ofrezcan de nuevo.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta ha iniciado los trámites para aprobar unas nuevas bases reguladoras de estas ayudas, con lo que concluirá un periplo que incluye cambios normativos y una convocatoria recurrida en los juzgados. Ahora se dará una solución definitiva, pero hasta 2020 no podrán solicitarse de nuevo, ya que la tramitación puede llevar varios meses. En conclusión, no se plantea lanzar la convocatoria correspondiente a 2019, dotada en las cuentas regionales con 1.018.000 euros.

En cuanto a la cuantía de la convocatoria 2020, Sanidad indica que dependerá del crédito que se consigne en los Presupuestos de la región para el próximo año, un proyecto en fase de elaboración.

Las bases plantean flexibilizar el requisito de renta exigido a los beneficiarios

Tras la aprobación de las bases y la primera convocatoria a finales de 2015 con 800.000 euros, en 2016 se produjo un primer cambio normativo con la aprobación de la Ley de medidas contra la exclusión social.

Eso obligó a un nuevo decreto de desarrollo, que se aprobó a finales de 2017. En abril de 2018 se aprobó la convocatoria correspondiente, la primera desde 2015. Pero tanto el Ayuntamiento de Cáceres como el de Badajoz recurrieron y la orden por la que se ofrecían las ayudas no llegó a publicarse a la espera de la resolución judicial.

En noviembre del pasado año el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a la Junta al indicar, entre otras cuestiones, que para gestionar estas subvenciones la Administración regional puede contar con los municipios como entidades colaboradoras. Este fallo es firme desde febrero de este año, tras lo que se produjo la aprobación de la Ley de renta extremeña garantizada, a través de la cual se modificó de nuevo la regulación sobre las ayudas para contingencias. En concreto, atribuyó a los ayuntamientos la instrucción y resolución del procedimiento.

Ahora se proponen unas nuevas bases para adaptarse a ese cambio, lo que supondrá un nuevo retraso en el lanzamiento de la convocatoria correspondiente. A este respecto, Sanidad añade que estas ayudas se valoran como un apoyo puntual para hacer frente a una necesidad extraordinaria, por lo que se trata de una medida complementaria de otras prestaciones de percepción periódica, como la renta básica. En la última convocatoria hubo 288 unidades familiares beneficiarias.

Gestión municipal

Las nuevas bases se adaptan a la última modificación normativa sobre las ayudas de contingencias. Con ese fin, las ayudas ya no se destinarán a las personas necesitadas, sino a los ayuntamientos, que serán los que reciban el dinero y se encargarán de asignarlo a los solicitantes.

Sanidad señala que de esta forma se equipara al sistema de reparto que se emplea con las ayudas para suministros mínimos vitales, destinadas a pagar facturas de luz, agua y gas. Con la reforma propuesta el procedimiento de concesión se tramitaría íntegramente por los ayuntamientos, colaborando la Junta en la financiación de estas ayudas mediante la concesión de subvenciones a las entidades locales.

Asimismo, se modifica el criterio de reparto. En las bases en vigor, de finales de 2017, se establece un tope en función de la población. Oscila entre un máximo de 4.000 euros para los municipios de menos de 1.000 habitantes y los 300.000 para los de más de 120.000 (requisito que solo cumple Badajoz). Ahora se plantea fijar un porcentaje máximo en función del importe de cada convocatoria, de modo que el 18,59% del total deberá repartirse entre municipios de menos de 1.000 habitantes, el 21% entre los que tienen de 1.000 a 2.500 y el 13% para los de 2.501 a 5.000. Más de la mitad del dinero iría por tanto a localidades de menos de 5.000 vecinos, que representan más del 90% de los municipios de la región. Por su parte, la única ciudad de más de 120.000 habitantes se llevaría el 8,97%. Con la cuantía de la convocatoria prevista para este año Badajoz habría recibido 91.300 euros.

Sanidad señala que de este modo se garantiza que haya crédito para todos los municipios. No obstante, si hay ayuntamientos que no piden la ayuda o no solicitan el máximo disponible, se podría redistribuir el dinero sobrante entre el resto.

Las nuevas bases también proponen modificar los requisitos de ingresos de los beneficiarios finales. En la regulación actual se establece que quedan fuera de las ayudas las unidades que tengan ingresos por encima del 80% del IPREM, fijado en 7.520 euros anuales. Ahora se eleva al 100%, lo que dará cabida a más solicitantes.

En cuanto al resto, no hay cambios sobre los gastos a los que podrá destinarse la ayuda ni sobre las cuantías a percibir, por lo que se mantiene un máximo de 2.500 euros por unidad familiar. Pero se permitirá a los ayuntamientos conceder más dinero con cargo a sus propios fondos.

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