La Audiencia condena a siete años de cárcel al exalcalde de Navalvillar de Pela

Manuel Sánchez Custodio (con chaqueta y una carpeta en la rodilla) durante el juicio. :: HOY/
Manuel Sánchez Custodio (con chaqueta y una carpeta en la rodilla) durante el juicio. :: HOY

La sección III de Mérida aprecia prevaricación y malversación y le obliga a devolver 62.000 euros al Ayuntamiento, además de imponerle las costas

Celestino J. Vinagre
CELESTINO J. VINAGRE

Cinco años y tres meses de prisión por un delito de prevaricación administrativa en relación con otro de malversación de caudales públicos. Y un año y nueve meses de prisión por otro delito de malversación de caudales. En total, por tanto, siete años de cárcel. Es la pena impuesta por la Audiencia Provincial con sede en Mérida a Manuel Sánchez Custodio, exalcalde (PP) de Navalvillar de Pela entre 2007 y 2015. Le encuentra culpable de idear hasta cuatro fórmulas diferentes de cobro de una retribución periódica por parte del Consistorio a la vez que percibía la pensión como exfuncionario de Correos. Del mismo modo estima que cobró dietas y kilometraje por asistencia a eventos en los que no estuvo.

La Fiscalía había solicitado nueve años de cárcel para Custodio y la acusación particular se sumó a la petición de cárcel del fiscal. Otros siete ediles del PP, actuales y de anteriores legislaturas, también fueron a juicio, celebrado a principios de este mes, por apoyar, mediante votaciones en el Pleno, las diferentes fórmulas de cobro en favor del alcalde a costa de las arcas públicas. Todos han sido absueltos del delito de prevaricación por entender que no conocían a sabiendas lo que diseñó Custodio. A los concejales populares no se les solicitaba penas de cárcel, sino de inhabilitación para ejercer cargo público.

Del mismo modo, estaba encausado el que fuera secretario municipal Ambrosio Jesús Asensio. La Fiscalía calificó inicialmente como falsificación en documento público (petición de cuatro años de prisión) un certificado de Asensio en el que afirmaba que el exalcalde de Pela no cobró dinero sin justificar durante unos meses. El secretario admitió que había firmado ese escrito sin comprobar la realidad.

Le encuentra culpable de idear fórmulas para cobrar del Ayuntamiento a la vez que percibía la pensión de exfuncionario de Correos

El fiscal y el abogado de Asensio pactaron como imprudente esa falsificación, circunstancia ratificada por la Audiencia. Supone, en vez de cuatro años de prisión, una multa de 1.620 euros en total y nueve meses de inhabilitación para cargo o empleo público. Asensio está jubilado.

La sentencia de la Audiencia, con fecha del pasado martes, día 16, considera probado que Sánchez Custodio cobró indebidamente su pensión y un sueldo del Ayuntamiento. «La percepción simultánea de la pensión y la retribución como alcalde, ya fuera bajo el concepto inicial (liberación del Consistorio), como en las distintas modalidades descritas (asignación anual al grupo del PP para desempeño de Alcaldía, 700 euros por cada junta de gobierno o la percepción de hasta 750 euros mensuales sin necesidad de justificación), no era posible por ser incompatibles», dice el fallo judicial.

Los jueces indican que los políticos «tienen derecho a un sueldo digno y a que les sea retribuido su trabajo como tal. Ahora bien, por las vías legales. De modo que lo que debió el acusado (Custodio) fue renunciar durante el tiempo de desempeño de su cargo como alcalde a la percepción de su pensión y no buscar fórmulas para, de modo encubierto, compatibilizar ambos».

Sánchez Custodio tiene que devolver al Ayuntamiento de Navalvillar de Pela la cantidad de 61.852,55 euros por las asistencias a juntas de gobierno desde junio de 2011 a junio de 2015, así como 583,3 euros por las medias dietas y gastos de locomoción cobrados por asistencia a reuniones a las que no asistió. También debe asumir el pago de las costas judiciales originadas en este proceso. Igualmente se le inhabilita para cargo público por un espacio de nueve años y se le impone una multa de 826 euros.

Contra esta sentencia se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.