Ambulancias en la UCI

La decisión de buscar otra empresa significa que el Gobierno extremeño no está satisfecho con la gestión de Tenorio, lo que debería impulsar un escrutinio de la misma y la adopción de medidas inmediatas para solucionar los problemas actuales

Ambulancias en la UCI

La gestión del transporte sanitario que lleva a cabo la empresa Ambulancias Tenorio desde 2017 no ha dejado de estar en el foco de la atención pública. En algún caso por su carácter de empresa no extremeña, una circunstancia de la que hizo bandera el PP para oponerse a ella, a pesar de que la procedencia no es un factor que se contemple en ningún caso –ni como mérito ni como demérito– en una economía abierta como la que tenemos. Pero aquella controversia, que se disipó definitivamente en junio del año pasado una vez que los tribunales determinaron que el concurso y su adjudicación a Tenorio se hizo conforme a Derecho, no supuso el fin de la polémica en torno a esta empresa y por razones de mayor enjundia que su origen, pues atañen a la calidad del servicio que debe darse a los ciudadanos. Y es que no escasean las noticias de una deficiente atención; de problemas técnicos con los vehículos que se traducen en traslados en condiciones de todo punto inadmisibles; de denuncias de carácter laboral por despidos improcedentes o por las malas condiciones en que los trabajadores tienen que hacer su labor. Cabe recordar, en este sentido, que en las primeras semanas de mayo hubo una amenaza de huelga de la plantilla que tuvo en vilo a miles de usuarios del SES. Si el Gobierno de Fernández Vara esperaba que las elecciones de mayo supusieran un paréntesis en las incidencias en torno a este servicio se equivocó, pues desde entonces acá los problemas han arreciado: el pasado día 4 este periódico revelaba que, a instancias del sindicato USO, la Inspección de Trabajo había encontrado 73 contratos fraudulentos, y en estos días, el CSIF denuncia además que Tenorio debe hacer frente a una deuda de 2,5 millones, que solo en parte es debida a esos contratos fraudulentos. Otra parte se debe a horas extraordinarias o cuotas de la Seguridad Social no abonadas. Demasiados problemas como para no situar en la UCI al servicio de transporte sanitario de nuestra región.

Nuevo concurso. Este periódico avanza hoy mismo que la Junta va a empezar a preparar un nuevo concurso a partir de octubre, lo cual significa que, aunque no renovará automáticamente el actual, que expira en 2021, tampoco está dispuesto a cancelarlo, como le pidieron ayer en la Asamblea los tres grupos de la oposición. Una decisión comprensible dada la complejidad que supone dar por roto un contrato tan importante. La decisión de buscar otra empresa para el servicio significa que el Gobierno autónomo no está satisfecho con la gestión de Tenorio. Pero esa insatisfacción debería servir de acicate para acometer un riguroso escrutinio de la misma sin perjuicio de avanzar en la elaboración de los pliegos de un nuevo concurso.

Y, si es necesario, tomar medidas inmediatas para solucionar los problemas actuales, porque está en juego el derecho fundamental a la atención sanitaria de los extremeños, que no puede esperar a que se los repare la empresa que salga del nuevo concurso, dentro de dos años. Busquemos un soluciones a medio plazo, pero también atajemos los problemas de hoy.