Ambulancias en la UCI

La gestión del transporte sanitario que lleva a cabo la empresa Ambulancias Tenorio desde 2017 no ha dejado de estar en el foco de la atención pública. En algún caso por su carácter de empresa no extremeña, una circunstancia de la que hizo bandera el PP para oponerse a ella, a pesar de que la procedencia no es un factor que se contemple en ningún caso –ni como mérito ni como demérito– en una economía abierta como la que tenemos. Pero aquella controversia, que se disipó definitivamente en junio del año pasado una vez que los tribunales determinaron que el concurso y su adjudicación a Tenorio se hizo conforme a Derecho, no supuso el fin de la polémica en torno a esta empresa y por razones de mayor enjundia que su origen, pues atañen a la calidad del servicio que debe darse a los ciudadanos. Y es que no escasean las noticias de una deficiente atención; de problemas técnicos con los vehículos que se traducen en traslados en condiciones de todo punto inadmisibles; de denuncias de carácter laboral por despidos improcedentes o por las malas condiciones en que los trabajadores tienen que hacer su labor. Cabe recordar, en este sentido, que en las primeras semanas de mayo hubo una amenaza de huelga de la plantilla que tuvo en vilo a miles de usuarios del SES. Si el Gobierno de Fernández Vara esperaba que las elecciones de mayo supusieran un paréntesis en las incidencias en torno a este servicio se equivocó, pues desde entonces acá los problemas han arreciado: el pasado día 4 este periódico revelaba que, a instancias del sindicato USO, la Inspección de Trabajo había encontrado 73 contratos fraudulentos, y en estos días, el CSIF denuncia además que Tenorio debe hacer frente a una deuda de 2,5 millones, que solo en parte es debida a esos contratos fraudulentos. Otra parte se debe a horas extraordinarias o cuotas de la Seguridad Social no abonadas. Demasiados problemas como para no situar en la UCI al servicio de transporte sanitario de nuestra región.