Patronal y sindicatos pactan el convenio del campo tras año y medio de bloqueo
El acuerdo tiene vigencia hasta final de año, y no contempla ni el aumento de la jornada laboral anual ni de salarios
Tras año y medio de bloqueo, con la presencia de un mediador para definir cómo se aplicaba el salario mínimo interprofesional (SMI), se pacta un nuevo convenio del campo hasta final de año. Sindicatos y organizaciones profesionales agrarias (OPA) aparcaron ayer, en poco más de dos horas, los obstáculos que aducían desde enero de 2019 para cerrar un acuerdo de mínimos que evite más conflictividad ante la crisis sanitaria y económica propiciada por la COVID-19.
La pandemia y la evidencia de que el salario mínimo interprofesional estaba ya aplicado en los jornales dejaban con pocos argumentos a las dos partes negociadoras para no suscribir un acuerdo que, en todo caso, parecía encauzado antes de la declaración del estado de alarma. Tanto sindicatos como patronal agraria se emplazan a final de año para empezar a negociar uno nuevo para 2021. Por el convenio del campo extremeño se rigen unos 61.000 jornaleros y unos 7.000 empresarios agrícolas y es clave para campañas como la de recogida de la fruta o la vendimia.
El nuevo texto será de aplicación para 2019 (se aplicará con carácter retroactivo) y 2020. Por tanto regirá un nuevo texto que sustituya al que estaba prorrogado de 2018. A principios de año se alargó el acuerdo por seis meses para intentar conseguir que hubiera convenio antes del inicio de la campaña de la fruta.
Las partes se deben volver a sentar a negociar antes de que acabe el año para alcanzar otro acuerdo
Evitar más problemas
Lo firmarán el próximo día 17 los sindicatos CC OO y UGT y las organizaciones agrarias Apag Asaja Extremadura, UPA-UCE y Coag. Se queda fuera, como es habitual, Asaja Cáceres.
«Queríamos que no hubiera ningún tipo de discordia entre trabajadores y empleados en momentos tan difíciles y afrontar las campañas agrícola bien», expresó Juan Metidieri, presidente de Apag Asaja. «No estamos precisamente en un momento en el que se debe enquistar un conflicto y más cuando aspectos fundamentales como el de la aplicación del salario mínimo estaban claros desde hace tiempo», agregó Saturnino Lagar, secretario general de la Federación de Industria y Agro de CC OO.
La negociación, que se ha detenido durante varios meses por fuertes discrepancias y el que el estado de alarma paralizó más, ha terminado en acuerdo porque dos de los asuntos más conflictivos han desaparecido. Las dos partes en la mesa han aparcado sus pretensiones máximas.
De un lado, las organizaciones agrarias han eludido exigir un incremento de la jornada laboral anual como contraprestación ante la subida del salario mínimo.
Los empresarios del campo y los representantes de los trabajadores llevaban enfrascados desde inicios de 2019 en conversaciones que buscaban fijar cómo quedaba el nuevo salario mínimo tras la subida decretada por el Gobierno. El SMI subió a partir del 1 de enero pero de forma general no se trasladó a los sueldos de los trabajadores.
La patronal agraria y los sindicatos mantenían interpretaciones diferentes. En mayo un mediador dictó un laudo sobre cómo se debía aplicar en las tablas salariales recogidas en el convenio del campo, dando la razón a la postura de los sindicatos.
Renuncias
Las organizaciones agrarias reclamaron entonces un aumento de la jornada laboral anual. Que se pasara de 1.768 horas a 1.826. CC OO y UGT lo rechazaron y recordaron que la jornada anual solo afecta a 13.000 de los 61.000 trabajadores porque la mayoría son eventuales y sobre ellos no se aplica. Al final las organizaciones agrarias ha desistido de exigir un aumento de la jornada anual para firmar el convenio.
A la vez, los sindicatos tampoco han reclamado una subida salarial por convenio. Asumen que provocaría costes más elevados y pondrían en riesgo explotaciones agrarias tras el incremento práctico del salario para los jornaleros en un 30% tras la actualización del SMI.
Sindicatos y patronal se han puesto de acuerdo también en cómo desarrollar la obligatoriedad de un registro horario en el campo. Un documento modelo, avalado por la Inspección de Trabajo, que se publicará cuando se firme el convenio puede ser usado para cumplir con ese registro o sustituido por otro siempre que se negocie en una explotación en la que haya representación de los trabajadores. El nuevo texto incorpora igualmente una concreción en cuanto al valor de las horas extras de trabajo.
La Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex) mantiene impugnado el convenio del campo porque considera que debe tener participación en su debate. Ha reclamado en los últimos meses formar parte de la mesa negociadora. Los sindicatos no tienen problema en que entren pero las organizaciones agrarias dicen que son ellas las legitimadas para hacerlo.
