Más de 3.000 empleados del Gobierno en la región podrán teletrabajar

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, firmó el pasado lunes con los sindicatos CSIF, UGT, CC OO y CIG un acuerdo con los principios generales del teletrabajo, que aún tiene que desarrollarse en la normativa correspondiente.

Según recoge este documento, el teletrabajo tendrá carácter voluntario y reversible, y se podrá llevar a cabo siempre que se garantice la prestación de los servicios. También se establece que en el caso de situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan la restricción o limitación de la movilidad acordada por la autoridad competente se podrá autorizar el trabajo a distancia de forma forzosa.

El acuerdo afecta a la Administración del Estado, pero no abarca a todos sus trabajadores. En concreto, no será de aplicación a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal de establecimientos sanitarios o docentes, ni tampoco a los trabajadores de la Administración de Justicia. Estos colectivos se regirán por su normativa específica en materia de teletrabajo, condicionada en cada caso por las especiales circunstancias de la prestación de estos servicios.

El último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de julio del pasado año, recoge que en Extremadura hay algo más de 13.000 trabajadores del sector público estatal. De ellos, casi 8.000 forman parte del ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que algo más de 1.300 son de justicia.

De esa forma, solo podrían optar al teletrabajo 3.734 empleados, 2.400 en la provincia de Badajoz y algo más de 1.300 en Cáceres. Dentro de ese colectivo, 1.200 forman parte de los distintos ministerios y 1.800 de los organismos autónomos, como las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad Social, la Jefatura de Tráfico y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Sin embargo, no todos podrán acogerse a la posibilidad de trabajar a distancia. El acuerdo con los sindicatos establece que esta modalidad se aplicará a los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados de esta forma, previa solicitud y autorización, y siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada departamento u organismo. Asimismo, será necesario garantizar la atención directa presencial a la ciudadanía y estará por encima las necesidades del servicio. De esa forma, el personal dedicado a la atención al público deberá seguir asistiendo a su puesto.

Para poder aplicar el teletrabajo, cada departamento ministerial u organismo público deberá realizar un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados por esa vía. También se exige la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento y se implantará un procedimiento de seguimiento y evaluación para conocer el impacto de la medida.

El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos que el resto, incluyendo retribución, tiempo de trabajo, formación y carrera profesional. Los solicitantes deberán encontrarse en servicio activo y acreditar una antigüedad mínima de un año en el puesto.

La modalidad general de teletrabajo, en cómputo semanal, consistirá en dos días presenciales y tres a distancia. También se podrá articular una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual para atender circunstancias organizativas especiales.

La Administración proporcionará a las personas que trabajen a distancia un equipo informático con tarjeta de datos y las aplicaciones y herramientas necesarias para su actividad.