Casi 3.000 cuidadores de personas dependientes trabajan sin acreditación

Sin embargo, los datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Política Social, correspondientes al pasado año, ponen de manifiesto que hay 2.417 trabajadores en ayuda a domicilio y 580 en centros residenciales –todos del ámbito privado de la dependencia, en el que hay más de 8.000 empleados– que no tienen acreditada su formación. Por tanto, si se aplicara la normativa en vigor, todos ellos perderían su puesto de trabajo.

Una situación por eso problemática para Extremadura y también para otras muchas comunidades autónomas. Y motivo por el que el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia (que reúne a las CC AA y el ministerio) consensuó una solución en su reunión del pasado 19 de octubre. Una solución que se concreta en una orden y que para que entre en vigor debe ser publicada en el DOE, algo que se prevé que ocurra antes de que finalice este año.

Esta orden modifica los criterios de acreditación para permitir que los cuidadores de personas dependientes contratados por empresas del sector puedan continuar trabajando.

Esta nueva orden establece por ello dos formas de lograr la habilitación a quienes no tienen la formación precisa. Por un lado permite que consigan una habilitación excepcional quienes puedan justificar 2.000 horas de trabajo en el sector en los últimos 12 años o 300 horas de cursos de formación. Y otorga una habilitación provisional a quienes tengan experiencia en el sector y suscriban su compromiso de adquirir la formación requerida en un plazo máximo de cuatro años, hasta 2022.

Unos requisitos que Extremadura aplicará al conjunto del sistema de dependencia y que recogerá asimismo en la regulación específica que está haciendo del servicio de ayuda a domicilio en la región y que va más allá de los trabajadores. No obstante, los casi 3.000 cuidadores de personas dependientes que hoy no están acreditados deben lograr la cualificación precisa en el plazo dado, bien a través de los procesos de acreditación del Sexpe o a través de la enseñanza reglada, en los ciclos formativos que se imparten en los institutos. Porque el objetivo, señalan tanto Sanidad como sindicatos, es lograr profesionalizar el sector de la dependencia.

«Antes bastaba con tener buena voluntad para trabajar en el cuidado de los dependientes, pero ahora se persigue que se tenga una formación precisa para continuar en él», explican desde Sanidad.

«Tenemos que avanzar en la profesionalización del sector y el alargar los plazos para que los trabajadores logren la cualificación retrasa el objetivo, pero entendemos que es necesario que se priorice el empleo y la estabilidad», valora Ana Garrido, de UGT.

En cualquier caso, sea antes o después, la exigencia de la cualificación precisa busca mejorar la atención a las personas dependientes. «Porque se ha detectado la necesidad de velar por la calidad del servicio en el marco de la Ley de la Dependencia, en beneficio de los usuarios, y de tutelar las condiciones laborales de los trabajadores. Se trata, sobre todo, de homogeneizar el sector con calidad y profesionalidad», explicó la Consejería de Sanidad el pasado verano cuando adelantó la regulación del servicio de ayuda a domicilio.

Por este motivo, entre otros muchos aspectos, el borrador en el que se trabaja determina la necesidad de que los empleados acrediten su cualificación, pero también detalla los requisitos que deben cumplir las empresas para poder prestar el servicio en la región, los derechos y obligaciones de los usuarios para garantizar respeto a los empleados, y las labores que se enmarcan en el propio servicio.

Las empresas deberán tener una sede física y garantizar un horario de atención al público para ser autorizadas por el Sepad. En la actualidad son en torno a 212, según también los datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Política Social, las empresas que prestan ayuda a domicilio y que están acreditadas para ello en la región. Y cuando la nueva regulación entre en vigor, también deberán tener contratado un servicio de riesgos laborales y tener un registro de usuarios e incidencias, entre otros requisitos. Para tener la acreditación precisada por el Sepad deberán elaborar un plan de atención individualizada a cada usuario, establecer un catálogo de prestaciones y que la coordinación del servicio esté en manos de un titulado universitario en la rama sociosanitaria.

En cuanto a los usuarios, el borrador establece qué labores son las que deben realizar los auxiliares y cómo las mismas están limitadas a los beneficiarios de la prestación y no a sus familiares.

Responsables del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), de los sindicatos UGT y CC OO y de la Creex han negociado la nueva regulación del servicio, para equipararlo con independencia de que sea prestado por ayuntamientos o empresas privadas, en el convencimiento de que una ayuda a domicilio de calidad puede mantener al usuario en su entorno familiar y social y retrasar así su ingreso en una residencia.