Más de 27.000 extremeños, pendientes de si les devuelven dinero por su hipoteca

Anuncio de una hipoteca en una sucursal bancaria de la ciudad de Cáceres. :: /HOY
Anuncio de una hipoteca en una sucursal bancaria de la ciudad de Cáceres. :: / HOY

De confirmarse la nueva doctrina, el importe medio a reembolsar a los firmantes oscila entre los 700 y los mil euros

J. L. G.

Entre noviembre de 2014 y julio de 2018 (última fecha disponible) se firmaron 27.718 hipotecas en Extremadura, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Seguramente todas estas personas estén pendientes de saber qué pasa finalmente con la sentencia firme del Tribunal Supremo conocida el jueves por la que, en el caso de Extremadura, la Consejería de Hacienda y Administración Pública debe cobrarle a los bancos el importe del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Este dinero, que suele oscilar entre los 700 y los mil euros, fue cobrado a los compradores por escriturar el inmueble que estaban adquiriendo, dinero que según se ha conocido esta semana debería haber pagado el banco como acreedor, no el ciudadano.

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Este tributo es autonómico y afecta a documentos notariales, administrativos y mercantiles. En el caso de Extremadura las 27.718 hipotecas se firmaron en notarías por un importe total de 2.778.182 euros. Esto supone una media de 61.737 por firmante. Teniendo en cuenta que Extremadura cobra el 1,5% del valor de la hipoteca para satisfacer este impuesto (este índice es el más alto de España, mientras que Madrid y Navarra aplican el tipo más bajo, el 0,5%), esto significa que a cada firmante de hipoteca habría que devolverle, de media, 925 euros. En realidad, hasta diciembre de 2016 ese impuesto fue del 1,2%, por lo que la devolución media hasta esa fecha sería menor y rondaría los 740 euros.

Charlas informativas

Si el jueves todas estas cifras se aproximaban a una certeza, este viernes estas cifras se convirtieron solo en una posibilidad desde que el Tribunal Supremo, en una decisión sin precedentes, dejó en el aire el efecto de la sentencia al frenar los recursos pendientes y abrir la puerta a otra doctrina al respecto que parece que favorecería de nuevo a los bancos. Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España), calcula que en España son ocho millones de personas las que han pagado indebidamente el impuesto de Actos Jurídicos documentados.

Según explican desde esta asociación, el Tribunal Supremo lo que ha hecho ha sido corregir una ley que estaba mal hecha. «La ley dice que el impuesto lo debe pagar el banco pero el reglamento de Hacienda que la desarrolla aseguraba que corría a cargo del cliente. Ahora lo que hace el Supremo es anular ese punto del reglamento para que se cumpla la ley y sea el banco el que pague el impuesto», indican en su página de Internet Adicae Extremadura, que ofrecerá charlas informativas por las tardes en sus sedes de Badajoz y Cáceres este lunes (18 horas), en Plasencia el martes (18 horas), en Mérida el miércoles (17 horas) y en Villanueva de la Serena el jueves (18 horas).

Otro punto de debate que abre este escenario y que se abordará en estas reuniones es la retroactividad. Las instituciones afectadas se han apresurado a señalar que cualquier actuación realizada hace más de cuatro años ha prescrito, pero para Adicae este aspecto no está claro y afirma que todo dependerá de la interpretación que se haga de la sentencia.

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