El Ejecutivo regional comprará otras 23 viviendas de protección oficial

El Consejo de Gobierno autoriza 1,2 millones de euros en ayudas para asesoramiento técnico en el ámbito fitosanitario

AGENCIAS

mérida. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó ayer la tramitación del expediente de adquisición directa de 23 viviendas de protección oficial, propiedad de la empresa pública Urvipexsa en las localidades de Aliseda, Hervás, Palomas y Santa Marta de Magasca, por un importe total de 1.039.568,66 euros.

Se trata, en concreto, de 13 viviendas en Aliseda, seis en Hervás, una en Palomas y tres en Santa Marta de Magasca; y que se suman a las cinco que ya adquirió también la Administración regional en Aliseda hace unos meses dirigidas a familias en situación de especial vulnerabilidad, y en «aras a ir garantizando poco a poco el acceso a una vivienda digna por parte de las familias que atraviesen peores dificultades y por tanto más débiles» de la sociedad.

De este modo lo señaló en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de ayer la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, quien subrayó que la medida se enmarca dentro de la firmeza del Ejecutivo regional del PSOE para que hayan desaparecido en la comunidad autónoma los desahucios de «aquellas familias que no pueden hacer frente» al pago de la vivienda, y para garantizar el derecho constitucional de «acceso a una vivienda a todas las personas».

Con la adquisición de esas viviendas se atenderán las necesidades de los colectivos con dificultades para acceder al mercado inmobiliario, bien por su bajo nivel adquisitivo o por sus circunstancias específicas, conjugando esa necesidad con los principios de eficacia, optimización y racionalización de recursos y de gasto público.

Asimismo, Gil Rosiña recordó que gracias al servicio de intermediación bancaria que viene desarrollando la Junta a través del observatorio de la vivienda 378 familias «no se han quedado en la calle», en el marco -añadió- de la Ley de emergencia social de la vivienda y de la política clara del Ejecutivo regional de «evitar que en Extremadura las familias que no podían hacer frente al pago de su vivienda se quedaran sin su hogar».

Por otro lado, se autorizó la convocatoria de ayudas para la prestación de asesoramiento técnico en el ámbito fitosanitario, así como la implantación de métodos de gestión integrada de plagas y otras enfermedades de los vegetales.

La dotación de 1.261.000 euros supone un aumento del 26% respecto a la convocatoria 2016.

Asimismo, se autorizó la concesión de ayudas directas a varios ayuntamientos para el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio del sistema de la dependencia para el segundo semestre de 2017, por un importe en conjunto de 472.845 euros. Miajadas, Villafranca de los Barros, Montijo, Trujillo, Zafra y Olivenza son las localidades destinatarias.

Además, dio luz verde a la firma de convenios con la Mancomunidad de La Serena y los ayuntamientos de Puebla de la Calzada y Torremayor para la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención básica, por 387.441 euros en total.

Por último, se autorizó la convocatoria de subvenciones para este año, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y destinadas a programas de reinserción social de personas con problemas de conductas adictivas, por 86.642 euros.