La Junta y la Generalitat Valenciana firman un acuerdo sobre la financiación autonómica

Asimismo, ambas administraciones regionales entienden que la reforma del sistema de financiación autonómica no debe abordarse como un debate de territorios, sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado de Bienestar en España, "estableciendo en el centro de atención las necesidades de las personas, con independencia del territorio donde vivan".

También, ambos ejecutivos plantean que el nuevo modelo de financiación autonómica tiene que proporcionar una financiación suficiente para que las comunidades puedan prestar todos los servicios públicos de los que son responsables, con unos niveles de calidad adecuados y sin incurrir en déficit en el horizonte de 2020.

Estas cuestiones, entre otras, se plantean en una declaración conjunta sobre la reforma del sistema de financiación autonómica en 2017 firmada este miércoles en Mérida (Badajoz) por parte de la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, y del conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler.

Reglas de gasto

En el texto, leído entre ambos consejeros, además, ambos ejecutivos defienden que hay que construir un sistema que "equipare" en recursos a las distintas regiones, en tanto que "todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que residan, tienen derecho a acceder a un nivel equivalente de servicios públicos a prestar por las comunidades autónomas".

Al mismo tiempo, la Junta y la Generalitat valenciana subrayan que el sistema de financiación debe proporcionar a su juicio "estabilidad sanitaria, educativa y de los Servicios Sociales", que son tres de los cuatro "pilares" del Estado del Bienestar.

En este sentido, afirman que debe construirse una garantía a largo plazo mediante reglas de gasto reformadas y la creación de un fondo de reserva, tal y como sucede con las pensiones, de forma que "se protejan" los recursos necesarios para la prestación de tales servicios.

De igual manera, entienden que debe asegurarse la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas, y de éstas "entre sí", lo que significa -según reza la declaración firmada- que "las nuevas reglas de gasto deben ir acompañadas de los recursos correspondientes".

En este punto, Junta y Generalitat abogan por un "proceso de armonización fiscal", en tanto que "la ausencia de armonización fiscal puede provocar que los ciudadanos decidan dónde vivir, no según sus preferencias o condiciones personales, sino según la legislación tributaria de las comunidades autónomas, con la consiguiente desigual e injusta distribución de la carga tributaria".