La Junta quiere tramitar los planes urbanísticos en solo cuatro meses

Eulalia Moreno de Acevedo, directora general de Urbanismo de la Junta de Extremadura. /
Eulalia Moreno de Acevedo, directora general de Urbanismo de la Junta de Extremadura.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural prepara una ley para acortar los plazos y simplificar el procedimiento

JUAN SORIANO

La Junta tramitará los planes urbanísticos y sus modificaciones en un máximo de cuatro meses. Es el compromiso que quiere alcanzar el Gobierno regional y que pretende recoger en una ley dentro de un paquete de medidas destinadas a agilizar la aprobación de los instrumentos de planeamiento con el objetivo de facilitar la ocupación ordenada del suelo.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha iniciado la tramitación de la Ley de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos, que no sólo crea una nueva figura en la Administración sino que además modifica otras cuatro leyes.

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Según recoge la exposición de motivos, los instrumentos de ordenación urbanística tienen una gran relevancia en el desarrollo de cualquier actividad privada. Por un lado, porque establecen el régimen de usos permitidos y, por otro, porque son el soporte de procedimientos posteriores. De esa forma, tienen un gran alcance en la implantación de actividades y la creación de empleo. Sin embargo, la Junta reconoce que esas posibilidades se ven dificultadas por la demora en los plazos de tramitación e incluso por su paralización, provocando inseguridad jurídica, incertidumbres y elevados costes en los procesos de implantación de usos y actividades de iniciativa pública y privada.

Para afrontar este problema, se plantea crear un marco normativo que permita unificar la gestión de estos procedimientos, de modo que se pueda conseguir la emisión de informes multisectoriales (carreteras, patrimonio, medio ambiente, etc.) de forma coordinada. En principio, afectará a la elaboración de un plan general municipal o un plan territorial comarcal, aunque ya está sobre la mesa que en el desarrollo posterior se pueda aplicar en otros procedimientos, como las calificaciones urbanísticas.

Eulalia Moreno de Acevedo, directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta, señala que en la actualidad se necesitan hasta 32 informes de distintos organismos para poder tramitar estos planes. Esta exigencia implica que la tramitación de estos instrumentos urbanísticos «va más lenta de lo deseado».

Como explica, en la actualidad las instituciones promotoras, como los ayuntamientos en el caso de los planes generales, son las encargadas de recabar esos informes a partir de la aprobación inicial del plan. Cuando culmina ese proceso, que tiene una duración indeterminada, se realiza la aprobación provisional y se envía la propuesta a la Junta, que debe pronunciarse antes de que se produzca la aprobación definitiva. Sin embargo, afirma que en numerosas ocasiones los trámites llegan incompletos o con informes contradictorios, lo que lleva a iniciar de nuevo el proceso o incluso a un callejón sin salida.

Para evitar este embrollo, se pretende unificar la tramitación en un órgano de coordinación en el que participen los distintos organismos con el objetivo de que puedan analizarse, desde las perspectivas de las distintas áreas, las observaciones que deban tenerse en cuenta para la aprobación de los planes. Esta comisión será la encargada de solicitar los informes sectoriales, para lo que iniciará su intervención tras la aprobación inicial de los documentos. Moreno de Acevedo recalca que de esta forma Extremadura sería la primera comunidad en la que la Administración regional participe en la tramitación prácticamente desde el comienzo del procedimiento.

Reducción de plazos

Junto a esto, el proyecto de ley contempla reducir los plazos de emisión de los citados informes sectoriales, de modo que en un máximo de cuatro meses se pueda contar con toda la documentación necesaria para que la institución promotora pueda continuar con el procedimiento.

Esto obliga a modificar otras normas autonómicas. En la Ley de Carreteras se establece que antes de la aprobación inicial de un plan urbanístico que afecte a una vía de la red autonómica será necesario pedir un informe vinculante que debe estar disponible en un plazo máximo de dos meses. La Junta plantea en su propuesta que haya que aportarlo tras la aprobación inicial y en un tope de tres meses. Lo mismo se indica para la Ley de Patrimonio Histórico sobre posibles afecciones a bienes protegidos. También se reforma la Ley Agraria para que los informes o certificaciones sobre planes que afecten a zonas regables, caminos, vías pecuarias o áreas forestales estén elaborados en un máximo de tres meses. En la actualidad no se fija ningún plazo.

De ese modo, todos estos documentos se solicitarían al mismo tiempo por la comisión de coordinación, que por tanto debería tenerlos en sus manos en un máximo de tres meses. Por último, se propone modificar la Ley de Protección Ambiental para que la declaración estratégica a la que deben someterse los planes urbanísticos, que en la actualidad puede demorarse hasta seis meses, pase a culminarse en cuatro. Como todo el proceso se iniciaría al mismo tiempo, estaría un mes después de que se hubiesen aportado los otros informes sectoriales.

Los informes que competen a otras administraciones, como las confederaciones hidrográficas, no se verán afectados por la regulación de la Junta, ya que sólo tendrá un ámbito autonómico. Pero la nueva ley supondrá una presión añadida para que también agilicen sus trámites.

Moreno de Acevedo señala que, además de regular las competencias autonómicas mediante la citada ley, también se quiere trasladar a los ayuntamientos un compromiso de agilidad en la tramitación. Con ese fin, en los convenios que se firmen para colaborar en la redacción de los planes generales se fijarán plazos máximos para llegar a la aprobación definitiva, de modo que se garantice la entrada en vigor de la nueva ordenación sin que dependa de cuestiones políticas. El objetivo es simplificar la gestión para dar más seguridad jurídica con el fin último de promover la actividad económica y crear empleo.