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Juan Soriano
Domingo, 5 de febrero 2017, 00:33
Hombre que ha concluido la primera etapa de Educación Secundaria. Es el perfil mayoritario del parado extremeño, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). De 141.300 desempleados, 38.200 tienen esas características. Si se introducen otras variables, como el tiempo de búsqueda de empleo, predominan las mujeres que llevan más de dos años queriendo trabajar sin éxito. Hay 30.800. Por grupos de edad, el colectivo mayoritario es el de mujeres de 45 a 54 años con 19.900.
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Detrás de los fríos datos de la EPA hay historias personales, dramas reales que no encajan en ninguna estadística. Pero también hay un fiel reflejo de la situación del mercado laboral extremeño, así como pistas de por dónde debe la región ir para recuperar en el futuro un nivel de actividad aceptable.
La EPA del último trimestre permite analizar las consecuencias de diez años de crisis económica. Al cierre de 2006 Extremadura ofrecía los mejores datos de la serie histórica con 60.600 parados, así como 407.800 ocupados. En el mismo periodo de 2016 contaba con 141.300 desempleados, 80.000 más, y con 358.000 ocupados, casi 50.000 menos.
Esta es una primera lectura de diez años de crisis.
Más paro y menos ocupación, aunque no en la misma medida. Entre la subida del primer parámetro y el descenso del segundo hay una diferencia de 30.000 personas. Se debe al incremento de la población activa, aquella que o bien está trabajando o bien participa en la búsqueda de un empleo.
Esa es una segunda lectura. Hay más paro porque hay más gente deseando trabajar. Los universitarios que vinieron al mundo en la primera mitad de los 80, cuando nacían 15.000 extremeños al año (en los 90 la cifra bajó a 12.000), se incorporaron al mercado laboral en plena crisis. Además, se produjo un efecto llamada entre quienes, por ejemplo, empezaron a buscar un trabajo porque su pareja lo había perdido. Pero esto no supone una excusa, sino que en realidad en esos años se evidenció la incapacidad del mercado laboral extremeño no ya para generar empleo, sino para mantener el que existía.
Esto se aprecia en los primeros años de la crisis económica. De los 60.600 parados con los que terminó el todavía boyante 2006 se pasó en doce meses a 71.500, más de un 16% de incremento de golpe. Sin embargo, también subió el número de ocupados, hasta alcanzar un tope histórico de 411.800, 4.000 más que el ejercicio anterior. Se debió a que en un solo ejercicio aumentó en 15.000 el número de activos y no había trabajo para todos.
Pero a partir de 2008 se produce una escalada constante del paro y una caída permanente de la ocupación. El techo en el primer caso y el suelo en el segundo se alcanza en 2012. Ese año se cierra con 175.300 parados y 340.700 ocupados, las peores cifras de siempre. A partir de ese momento se inicia la recuperación, aunque no al mismo ritmo que tuvo la destrucción de empleo.
Además, la tendencia positiva se ha quedado a medio camino por un mal 2016, en el que subió el número de desempleados (800 más que en 2015) y bajó el de ocupados (2.000 menos). La tasa de paro creció hasta el 28,31%, el dato más alto del país. Extremadura no lideraba la tabla nacional desde el primer trimestre de 2002. Andalucía, Ceuta y Melilla han mejorado en los últimos años los datos de la región.
El paso atrás dado en 2016 ha devuelto a la región a 2011, cuando la destrucción de empleo estaba en plena escalada. Los datos se repiten tanto en número de parados como de ocupados. Pero hay una diferencia notable. Extremadura cerró aquel año con una población de 1.092.000 habitantes. Hoy no llega a 1.071.000. Curiosamente, la misma cifra que en 2006. Eso sí, en ese ejercicio había 175.000 extremeños de menos de 16 años y 198.000 de 65 o más. En la actualidad son 162.000 y 210.000, respectivamente. Por lógica, en un par de décadas habrá menos población activa y por tanto más posibilidades de encontrar un empleo. Pero también habrá menos consumo, menos recaudación de impuestos para pagar servicios públicos y menos aportaciones a la Seguridad Social para abonar las pensiones. De ahí que la evolución demográfica se haya convertido en un reto para las Administraciones públicas.
Además, hay que tener en cuenta que la EPA ofrece datos de empleo, pero no profundiza en la calidad de ese empleo. Sólo recoge cuestiones como el número de trabajadores a tiempo parcial, que ha pasado de 47.000 en el cuarto trimestre de 2006 a 56.600 en el mismo periodo de 2016. Un 20% en diez años.
Peor en construcción
Una visión general a los datos de la EPA pone en evidencia los daños sufridos por el mercado laboral extremeño tras diez años de crisis, pero la situación no es homogénea en todos los sectores o colectivos. Todos se han visto perjudicados, pero algunos más que otros.
Por territorios, la destrucción de empleo empezó antes en Cáceres, donde en 2007 el número de parados creció un 40% respecto al ejercicio anterior por el 8,4% de Badajoz. También tuvo peores resultados en 2012 y 2013, año en el que ya empezaba la recuperación. Sin embargo, desde entonces ha logrado mantener la tendencia a la baja, incluso en 2016 con una reducción de 5.500 efectivos. El paso atrás que dio la región el pasado año se debió en exclusiva al mal comportamiento de la provincia pacense, donde creció el desempleo en 6.400 personas.
Por edades, los datos de la EPA muestran una evolución similar en todos los grupos de edad. Pero si los jóvenes eran los más vulnerables en 2006, hoy lo son aún más. La tasa de paro de los menores de 25 años se situaba entonces en el 22,97% y en la actualidad llega al 51,99%. En el colectivo de 25 a 54 años se ha pasado del 11,36% al 26,32% (el crecimiento relativo es mayor que en el caso anterior) y en el de 55 y más años del 12,81% al 26,61%.
Por sexos han salido peor parados los hombres que las mujeres, aunque sigue existiendo una gran brecha desfavorable para estas últimas. En 2006 la tasa de paro masculina era del 9,49% y en 2016 llegó hasta el 24,47%. La femenina ha pasado del 18,30% al 33,47% e incluso se redujo ligeramente el pasado año.
Por áreas de actividad, la caída de la ocupación ha sido mayor en el ámbito privado. En este grupo se ha pasado de 308.500 empleados en 2006 a 265.600 al cierre de 2016, lo que representa una caída del 13,9%. Aunque también es notable el descenso en el sector público, que en el mismo periodo ha bajado de 99.300 trabajadores a 92.400, un 7%.
Pero donde se aprecian mayores diferencias es en la comparación por sectores, especialmente en los datos de actividad. Como se ha indicado, en la actualidad hay casi 50.000 ocupados menos que en 2006. En construcción el descenso en este decenio ha sido de casi 36.000 efectivos, de 60.700 a 24.800 al cierre de 2016. También ha habido descensos, aunque no tan notables, en industria (10.400 menos, de 48.400 a 38.000) y en agricultura (8.700, de 47.700 a 39.000). Por el contrario, servicios cuenta hoy con 5.100 ocupados más que hace diez años (de 251.000 a 256.100).
La evolución tampoco ha sido la misma en estos casos. La construcción, con altibajos, ha sufrido una bajada constante hasta la actualidad. Sólo 2013 se cerró en este sector con peores datos que en 2016. No parece alcanzable llegar al nivel de empleo de hace un decenio, en plena burbuja inmobiliaria y fiebre por el ladrillo. Pero sería positivo llegar al menos a los números de 2011, cuando este sector empleaba a 32.800 personas.
Industria y agricultura han seguido una tendencia similar, y por su peso relativo en el panorama regional no parece que puedan generar muchos más puestos de trabajo a corto plazo. Pero donde se aprecia margen de mejora es en el sector servicios. Ya se ha dicho que a la conclusión de 2016 había 5.100 ocupados más que en la misma fecha de 2006. Pero aún están lejos de los 267.000 de 2010, cuando la crisis ya golpeaba con dureza.
Más inversión pública
Pero, ¿cómo conseguir que la región mejore sus datos de empleo? Todos los consultados por HOY coinciden en señalar que se necesita más inversión pública para que sirva de palanca a la actividad económica.
El mejor ejemplo lo ofrece la construcción, un sector que, ante el parón de la demanda privada, sigue confiando en el impulso de la iniciativa pública. Abelardo Martín, vicepresidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de Cáceres (Fecons) y responsable de la promotora Iniexsa, recalca que la falta de inversiones de las Administraciones están frenando la recuperación de la actividad. «No tenemos buenas perspectivas», afirma.
Martín destaca que la construcción es un sector básico para Extremadura, no sólo por la generación de empleo directo, sino también por su capacidad para fomentar la actividad en otras áreas. Más viviendas suponen más muebles, electrodomésticos, hipotecas, seguros...
Sin embargo, cree que «se ha abandonado» al sector, al que considera que se ha culpado injustamente por el desarrollo de la crisis económica. Por eso lamenta la falta de inversiones públicas, pero en general la escasez de apoyos o ayudas que existen en otros sectores, como el del automóvil. Subraya que ya no existen desgravaciones por compra de vivienda, que los tipos del IVA siguen siendo altos y que también han subido otros impuestos muy vinculados a la actividad de la construcción, como el de Actos Jurídicos Documentados.
La agricultura se ha considerado durante años como un sector poco dinámico en la región. Sin embargo, la crisis ha demostrado que es uno de los puntos fuertes de la economía extremeña. Domingo Fernández, presidente de Acopaex (entre otros cargos en distintas empresas), considera que aún hay margen de crecimiento en el campo.
Por ejemplo, indica que cada vez hay más frutales, una actividad que genera empleo durante todo el año, no sólo en la recolección. También estima que pueden crecer las plantaciones de tomate, aunque en este caso el grueso del trabajo se concentra en verano. Asimismo, existen perspectivas positivas en otros cultivos, como el brócoli.
Más plantaciones implicarán más agroindustria, como concentrado de tomate, pero reconoce que sigue siendo una asignatura pendiente la segunda transformación de productos para que el valor añadido se quede en la región. Fernández afirma que se está mejorando en ese ámbito, aunque lentamente.
Pero para que estas perspectivas se hagan realidad también se necesitan inversiones públicas. Domingo Fernández recalca que la implantación de nuevos regadíos en la región supondrían un impulso para cultivos que generan más empleo y riqueza, por lo que espera que se concreten los proyectos en marcha.
El sector servicios agrupa a más del 71% de los ocupados de la región, por lo que es clave para su desarrollo. Emilio Doncel, presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz (Coeba), destaca que su actividad depende de la buena marcha de otras áreas. Con construcción, industria y agricultura a pleno rendimiento sube el consumo y por tanto el comercio, la hostelería y todo tipo de servicios. Por ese motivo, considera imprescindible que haya inversiones en materias como infraestructuras de carreteras y ferrocarril, tanto para generar mano de obra como para atraer a más empresas a la región.
Asimismo, Doncel reclama una mejora de la formación, vinculada a su vez a la revisión del sistema de prestaciones sociales. A su juicio, no tiene sentido que una persona esté cobrando una ayuda pública sin que trate de mejorar su preparación para optar a un puesto de trabajo.
Junto a esto, el presidente de Coeba estima que se debe proteger al comercio tradicional, aunque reconoce que debe modernizarse. Y estima fundamental la promoción de la región. «Tenemos que vender más y mejor Extremadura».
Para Jorge Gruart, empresario industrial y directivo de la Coordinadora de Empresarios de Mérida, uno de los grandes problemas del sector es el exceso de burocracia para poner en marcha un negocio. A su juicio, hace falta más mentalidad emprendedora, tanto desde la administración como en la propia sociedad, así como una formación más especializada. Pero también recalca que aquellos jóvenes que están preparados no consiguen abrirse camino en la región por falta de oportunidades.
Asimismo, reclama apoyos financieros para las empresas, más allá de los tradicionales incentivos a la inversión; y facilidades para el traspaso de los negocios a nuevas generaciones. Y reconoce como un problema la falta de infraestructuras, lo que dificulta la exportación de productos. También propone aprovechar los vínculos con Iberoamérica, y recalca que hay inversores mexicanos que han puesto sus ojos en la región ante los problemas con Estados Unidos. Pero subraya que Extremadura no puede esperar la implantación de grandes fábricas que creen cientos de puestos de trabajo, sino que debe apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Sólo así se puede esperar que el sector industrial pueda crear empleo.
Julián Ramajo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura, considera que la región necesita un plan especial de empleo. Como apunta, los últimos informes evidencian que la comunidad está creciendo por debajo de la media nacional. Sin embargo, recalca que para crear empleo se necesita que la producción esté por encima del resto del país.
A su juicio, esto se debe a que la estructura productiva de la región está muy condicionada por los sectores servicios y agricultura, mientras que industria y construcción tienen un escaso peso en la actividad actual.
A esto se suma que vienen tiempos negativos, con subidas de tipos de interés y una previsible ralentización del crecimiento. Por eso considera imprescindible que los agentes políticos y sociales elaboren un ambicioso plan de empleo, con un diagnóstico sobre la situación y una serie de propuestas para los sectores con más posibilidades de creación de puestos de trabajo.
Para empezar, reclama más dinero para obra pública. «Hay un factor clave, las inversiones», indica Ramajo. No sólo por su capacidad de crear mano de obra, sino también porque «toda la construcción pública tiene un efecto arrastre enorme para otros sectores».
Como indica, la construcción debe ser el motor para la industria, ya que la escasa presencia de este sector en la región está principalmente vinculada a productos para obras (ladrillos, cemento, hormigón...). La agricultura no depende tanto de ciclos económicos, sino de cuestiones como la climatología y los precios, por lo que es difícil incidir en su desarrollo. Y los servicios suelen recoger el fruto de la actividad en otras áreas en forma de un mayor consumo. «La inversión pública es la única forma de que haya un efecto tirón», asegura.
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